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La salud: el cartel del que no se habla en Colombia

Por: Vanesa Vallejo - @VanesaVallejo3 - Feb 14, 2016, 10:06 am

La ley 100 de 1994 cambió el sistema de salud en Colombia. Su idea básica fue permitir que los recursos fueran manejados por el sector privado, mientras que el papel del Estado se limitaba a regular y vigilar a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

La privatización en este sector, cuya reglamentación está fundamentada en esta ley, suele ser vista por algunos como un asesino sistemático, como un monstruo. Se dice que los colombianos estamos muriendo porque la salud se ha vuelto un negocio. Y se asegura que la solución es que el Estado se haga cargo de los recursos y preste directamente el servicio.

Cito a Reinaldo Spitaletta Hoyos, quien en un artículo para El Espectador ilustra el tipo de pensamiento que se opone a la privatización:

“Desde la aprobación de la Ley 100 de 1994, que privatizó la salud y tornó en archimillonarios a los negociantes de la misma, el paciente (¿o será el cliente?) dejó de ser protagonista del llamado ‘acto médico’ para dejarles ese papel a las facturas y las chequeras”.

Sí, es cierto que los dueños de las EPS se han vuelto “archimillonarios”, como comenta Spitaletta, y que lo han hecho brindando un pésimo servicio. También es verdad que en Colombia la gente debe esperar meses para obtener una cita con un especialista, que los pacientes mueren esperando atención médica, que los medicamentos llegan después de largos periodos, y que, en ocasiones, nunca llegan. Sin embargo, no es correcto afirmar que la causa de este desastre sea la privatización y la aplicación de políticas liberales.

Si nosotros en realidad fuéramos clientes y la salud fuera un negocio en un contexto de libre mercado, tendríamos un sistema de salud tan bueno como el de Holanda, donde se estableció un modelo “de financiación pública y prestación de servicios privada”, como explica Domingo Soriano.

En Colombia, los problemas en el sector no se deben a su privatización, sino al hecho de que el Estado lo haya convertido en un oligopolio. La causa real del fracaso que vivimos es que el modelo deja por fuera el elemento básico para que se preste un buen servicio: la competencia.

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El problema fundamental de la salud en Colombia no es la privatización, sino la falta de competencia que crea oligopolios con protección estatal. (Radio Macondo)

Si la privatización fuera la causa de nuestras desgracias en materia de salud, el resto de países con un modelo privado debería experimentar los mismos problemas. Pero esto no ocurre así. En Holanda, por ejemplo, todas estas entidades son de carácter privado y su sistema es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores, tanto en resultados sanitarios, como en valoración y satisfacción de los usuarios.

El modelo de salud holandés se construye sobre la idea de que la mejor manera de asignar los recursos es por medio del mercado. Según esta noción, la competencia, tanto entre entidades aseguradoras como entre proveedores, es fundamental para el buen servicio. En otras palabras, los ciudadanos holandeses pueden elegir entre cualquiera de las entidades que compiten libremente en el mercado.

El Estado holandés facilita las condiciones para que cualquier empresa pueda entrar a competir. Esto es por completo lo opuesto a lo que ocurre en Colombia. Nuestro Estado impide la competencia, pues nos encontramos con un mercado excesivamente regulado, en el que solo empresas con mucho poder pueden participar.

Lo que ha ocurrido en Colombia es lo que algunos liberales clásicos llamamos “capitalismo de amigotes”. Es decir: se le ha entregado la salud a unas cuantas empresas y se las protege a toda costa.

En el 2011, en medio de un gran escándalo que a la fecha parece olvidado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló la existencia de un cartel de la salud conformado por 14 EPS. Según este organismo de control, estas empresas coludieron para no competir entre ellas, no prestar algunos servicios y subir el valor de la cuota que cobran al Estado por usuario afiliado.

Incluso antes de que la Superintendencia confirmara la existencia del cartel, los privilegios de los que gozaban algunas de estas empresas ya eran evidentes. No obstante, pese a los cuestionamientos hechos por diversos sectores sociales y a las advertencias de la Supersalud, por orden del gobierno las EPS pasaron de 72 a solo 20 para el 2012.

Según Mauricio Santamaría, ministro de Salud y Protección social de la época, se dejaron solo aquellas entidades que tuvieran “suficiente músculo financiero” y un número mínimo de afiliados. Por otro lado, el Presidente Juan Manuel Santos afirmó que el objetivo de dicha reducción era facilitar la vigilancia y el control del sistema de salud.

En consecuencia, el mensaje del Gobierno nacional fue claro: se impediría la entrada de nuevas empresas y se protegería a las más grandes, eliminando a más de 50 EPS, so pretexto de facilitar la vigilancia estatal.
En la actualidad, según el Ministerio de Salud, en Colombia hay 20 EPS, no obstante, casi el 80% de los usuarios están concentrados en apenas seis de estas empresas.

Sin embargo, a pesar de estas medidas que van a todas luces en contra del libre mercado, los colombianos parecemos no ver el problema generado por el cartel de la salud auspiciado por el Gobierno. Y seguimos recitando como autómatas que el problema es la privatización.

Cuando el Estado pone barreras para que nuevos inversionistas entren a competir en un negocio, auspicia la formación de oligopolios y carteles. De esta manera, las EPS no se preocuparán por el servicio que brindan, pues, aunque sea pésimo, el Gobierno impedirá la entrada de otras que tengan un mejor desempeño.

Es similar a lo que sucedió con el cartel de los pañales que hace poco indignó a la opinión pública, o con el cartel del azúcar, o el del arroz. Colombia padece de “cartelitis” y a quien siempre se ha culpado, equivocadamente, es a la privatización. Pero además se suele afirmar que, para acabar con estos carteles, es necesaria más intervención estatal, lo cual es un sinsentido. Lo que necesitamos es liberalizar la salud — al igual que el resto de la economía — y evitar la intromisión del Estado.

Lo privado sí es más eficiente que lo público. Sin embargo, no se hace ningún bien privatizando y creando carteles y oligopolios. Es preciso que las empresas compitan por los usuarios: que gane más dinero aquel empresario que brinde un mejor servicio a un mejor precio. En contraste, aquellas EPS ineficientes deberían someterse al castigo de los usuarios, que migrarían a otras entidades que llenen sus expectativas.

Sin embargo, si el Gobierno no permite que entren nuevos competidores, lo que en realidad logra es obligar a la gente a que consuma el mal servicio que prestan las empresas a las que protege. Con lo cual elimina todos los incentivos para que las EPS se esfuercen por mejorar. En últimas, ¿cuál motivación tendría un empresario para ofrecer un mejor servicio si de cualquier manera tiene garantizado un porcentaje de los clientes?

Son estos carteles, permitidos por el Gobierno, la real causa del mal servicio que prestan las EPS en nuestro país. Esto es lo que nunca se dice, porque de lo único que se habla, sin fundamento alguno, es que la privatización es mala.

En conclusión, la gente en Colombia no se muere porque la salud sea privada, ni mucho menos porque se haya liberalizado el mercado. Se muere porque el Estado auspicia un oligopolio, exime de la competencia a las empresas que protege y nos obliga a los ciudadanos a consumir sus malos servicios.

Vanesa Vallejo Vanesa Vallejo

Vanesa Vallejo es economista de la Universidad del Valle. Paleolibertaria, columnista, influenciadora en redes sociales y periodista de opinión en RCN Radio. Síguela @VanesaVallejo3.