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Las entidades estatales que deberían ser eliminadas en Colombia

Por: Vanesa Vallejo - @VanesaVallejo3 - Mar 3, 2016, 9:51 am
Martha Ordóñez lidera la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, una de las tantas entidades estatales colombianas que deberían dejar de funcionar en aras de la austeridad prometida por Juan Manuel Santos. (Equidad Mujer)
Martha Ordóñez lidera la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, una de las tantas entidades estatales colombianas que deberían dejar de funcionar en aras de la austeridad prometida por Juan Manuel Santos. (Equidad Mujer)

Presionado por el gran hueco fiscal, que para este año asciende a COL $30.5 billones(USD $9.242 millones), y por la caída de los precios internacionales del petróleo, que reducirá en gran medida la renta petrolera del Estado, el presidente Juan Manuel Santos anunció la semana pasada un “plan de austeridad” para disminuir el gasto público en COL $6 billones (USD $1.870 millones).

Sin embargo, las críticas a la insuficiencia de esta medida no se han hecho esperar. Y es que el Presidente se las da de austero cuando es un derrochador sin escrúpulos. Según la Contraloría, por ejemplo, el Gobierno gastó COL $2.3 billones (USD $718 mil millones) sólo en publicidad entre 2012 y 2014.

En general, parece haber un consenso en que, dada la situación económica, el Gobierno debe reducir el gasto. Deberíamos empezar por eliminar un amplio número de entidades gubernamentales que, so pretexto de realizar labores indispensables, dilapidan el patrimonio de los colombianos.

Estas son las seis entidades estatales que deberían desaparecer de inmediato.

Alta Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer

Hablar de equidad entre hombres y mujeres suena muy bonito, pero la realidad es que las “conquistas sociales” que logran entidades como esta normalmente producen efectos adversos.

Un claro ejemplo de lo que digo, es la “ley de cuotas”. En Colombia, 30% de los cargos de máximo nivel decisorio del Estado debe ser ocupado por mujeres. ¿De qué equidad hablan quienes defienden tal ley? ¿No se dan cuenta que están obligando al Gobierno a dar beneficios a las mujeres sólo por su género?

Crear una institución para otorgarle beneficios a un grupo no es buscar la equidad, es hacer demagogia para conseguir simpatizantes a costa de los contribuyentes. Y esto se da gracias a las ansias de votos de los políticos y el descaro de algunos grupos de presión.

Emisoras y Canales estatales

Al igual que en cualquier entidad estatal, los canales y emisoras que maneja el Gobierno no necesitan obtener ganancias para asegurar su existencia. Mientras que un canal privado debe ofrecer programas que la gente desee, porque de no hacerlo quebraría, los canales y las emisoras estatales son financiados por los contribuyentes, incluso si nadie consume sus programas.

En 2016, el presupuesto de la RCTV (Sistema Nacional de Medios Públicos) es de COL $230.000 millones.
Como los que manejan estos medios y sus presupuestos son políticos, no tienen incentivos para satisfacer al consumidor. Normalmente, los usan para difundir su propaganda. De ahí que, durante la alcaldía de Gustavo Petro (2011-2015) en Bogotá, viéramos documentales en Canal Capital que alababan a guerrilleros como Carlos Pizarro. Y todo esto fue pagado con el dinero de los bogotanos, incluyendo a todos aquellos que no tenían interés alguno por financiar programas que no desean ver.

Las emisoras y canales estatales usualmente son usados como plataforma política del gobernante de turno, no como un medio para satisfacer las necesidades del consumidor. El Gobierno debería dejar de obligarnos a mantener estas entidades y permitir que cada quien, con su dinero, pague la televisión que desea.
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Alta Consejería para el Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa

En el 2010, días después de ser elegido presidente, Juan Manuel Santos anunció la creación de esta nueva consejería, cuyo objetivo es mejorar las políticas, estrategias y estructura del Estado y aumentar la transparencia de la administración pública.

No es extraño que sistemas tan burocratizados como el colombiano engendren nuevas oficinas, entidades, y dependencias. Pero lo que sí resulta paradójico es la proliferación de entes cuya finalidad es “hacer más eficiente la gestión”. Es como si fuera posible curar el cáncer burocrático con una nueva oficina.

Si lo que queremos es un Estado más eficiente, deberíamos empezar por reducir su tamaño y concentrarnos en hacer bien las labores principales. Agrandar más el aparato burocrático afirmando que se necesitan más dependencias para hacer eficientes las que ya existen parece un chiste de mal gusto.

Artesanías de Colombia S.A

Esta es una entidad de carácter mixto que está financiada en su mayor parte por el Estado. Su presupuesto es de COL $37.981.854.000 (USD $11,875,432), de los cuales 78,4% proviene de los contribuyentes.

No veo razón por la cual los colombianos tengamos que subsidiar las artesanías. Aquellos artesanos que vendan un buen producto, que sea valorado por los consumidores, se ganarán el derecho a permanecer en el mercado. Si hay algún artesano que produzca algo que tiene poca demanda, la solución no es que el Estado nos quite dinero a todos los colombianos para subsidiar sus pérdidas. La solución es que el señor ofrezca otro bien que sí sea valorado por la sociedad.

Artesanías de Colombia S.A debería ser privada, y como cualquier otra empresa, buscar la forma de ser rentable al ofrecer productos que la gente quiera consumir.

Notarías

El debate sobre la utilidad de las notarías no es nuevo en Colombia. Claramente, las funciones importantes que estas realizan podrían ser realizadas por otras entidades sin problema alguno. Por ejemplo, los trámites referentes a escrituras se podrían llevar a cabo en Catastro. Y diligencias como sacar un registro civil se harían en una Registraduría. Por otro lado, funciones como la autenticación de firmas son costumbres que no son necesarias y deben desaparecer.

Eliminar las notarías es necesario, no solo para liberar recursos que se gastan inútilmente, sino porque además los notariados son focos de clientelismo y corrupción. Sólo en los últimos cinco años fueron destituidos 69 funcionarios. Como afirma el senador Armando Benedetti: “las notarías son una especie de costumbre que no se necesita: se ha demostrado que son feudos del poder político y del clientelismo”.

Club militar

El objetivo de este club es “facilitar a los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad o en uso de buen retiro, los medios para el incremento de la cultura militar y fortalecer los vínculos de compañerismo entre sus componentes”. Así que, a diferencia del resto de los colombianos, los oficiales de las fuerzas armadas gozan del privilegio de tener un club social financiado con el dinero de todos los contribuyentes.

Y no es que haya algo de malo en que los militares tengan un club social, el problema es que seamos todos los ciudadanos, a través de los impuestos, quienes tengamos que financiarlo. Bien podrían ellos, con sus importantes salarios, constituir un club privado.

Los colombianos pareciéramos sufrimos de disonancia cognitiva. A diario nos quejamos de la corrupción y la ineficiencia del Estado, pero al mismo tiempo pedimos más entidades estatales. Es como si no cayéramos en cuenta de que lo que nos dicen que es gratis, no lo es; lo pagamos todos con nuestro dinero y es administrado por un montón de políticos derrochadores a quienes los tiene sin cuidado nuestro bienestar.

@venturaG79

Vanesa Vallejo Vanesa Vallejo

Vanesa Vallejo es economista de la Universidad del Valle. Paleolibertaria, columnista, influenciadora en redes sociales y periodista de opinión en RCN Radio. Síguela @VanesaVallejo3.