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Ante la crisis energética que vive el país y que tiene a los colombianos al borde de un racionamiento, la semana pasada el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos informó que, como medida de emergencia, le compraríamos energía a Ecuador. Después de dicho anuncio, las protestas y críticas a la ya consumada venta de Isagén no se hicieron esperar.
Y es que parece que algunos creyeron que privatizar Isagén significaba que los nuevos dueños se llevarían la energía que produce la empresa para sus casas. O tal vez pensaron que los accionistas de Brookfield Asset Management (nuevos propietarios de la generadora eléctrica) ahora exportaban la energía colombiana a Canadá.
Las redes sociales se llenaron de gente afirmando que era ridículo haber vendido la generadora eléctrica para luego tener que comprar energía a Ecuador. Amparados en la ignorancia, muchos le echaron la culpa de la crisis energética que vivimos a la venta de Isagén. Y otra vez, como siempre en nuestro país, el “monstruo de la privatización” volvió a ser el culpable.
Incluso el portal web de la revista Dinero, un medio especializado en economía, publica el artículo “Apagón al final del túnel y una venta mal hecha” en el que, Camilo Díaz, su autor, afirma lo siguiente:
Es obvio que al Gobierno le estallan los problemas en las manos porque le queda muy difícil justificarle a los colombianos la venta de Isagén, que provee el 20% de las necesidades eléctricas del país, para luego decirles que habrá racionamientos, apagadas de alumbrados, cambio de horario, importaciones de energía o cualquier otra medida.
El autor de este texto, al igual que muchos colombianos, relaciona dos acontecimientos que no tienen nada que ver. La privatización de Isagén y la escasez de energía son hechos independientes. Por lo tanto, no tiene sentido decir que al Gobierno le queda difícil justificar la venta de dicha empresa en medio del desabastecimiento energético que atravesamos.
El columnista de Dinero, sobre todo por ser esta una revista de economía, debería tener claro que, incluso si no se hubiera realizado la venta de la generadora eléctrica, la situación energética del país sería la misma. En tanto que los nuevos dueños de Isagén no han dejado de suministrarnos energía, ni la han guardado en sus casas, no existe razón por la cual haya que culpar a la privatización de la crisis por la que atravesamos.
Aquellos que afirman que privatizar Isagén es la causa de que los colombianos estemos importando energía desde Ecuador, ignoran además que la principal razón de tal medida es un daño ocurrido justo en una empresa estatal. El incendio que tuvo lugar en la central hidroeléctrica de Guatapé, operada por la EPM (Empresas Públicas de Medellín), dejó al país sin 560 MW, lo que representa el 4% del total de la energía que se genera en Colombia.
Sumado a este daño en la central de Guatapé, que según la EPM solo se podrá corregir en su totalidad hasta septiembre de 2016, por cuenta del Fenómeno de El Niño, el nivel de los principales embalses del país está solo en el 30%, lo que dificulta aún más la producción de energía.
Y como si esto fuera poco, la semana pasada se presentó una avería en una de las plantas de Termoflores en Barranquilla. Lo acontecido en esta planta térmica, la segunda más importante del país, en cuanto a capacidad de producción, dejará a los colombianos sin 230 MW durante aproximadamente cuatro semanas.
Por lo tanto, es cierto que atravesamos una grave crisis energética. Sin embargo, la venta de Isagén nada tiene que ver con esta. Las causas se encuentran en los daños de dos de las principales plantas generadoras de energía; en los estragos que ocasiona el fenómeno de El Niño que por esta época ataca a nuestro país; y por supuesto, en la regulación estatal del sector eléctrico, que impide la libre competencia, y, con ello, una mejor prestación de servicios.
Y es que a Juan Manuel Santos se le pueden atribuir tantas equivocaciones, que resulta paradójico que se le condene justo por librar a una empresa colombiana de ser administrada por su Gobierno. El Estado no debería encargarse de la gerencia de ninguna compañía.
Cuando los políticos juegan a ser empresarios, lo que sucede es que las utilidades de las empresas terminan a disposición de su voluntad y sus intereses. Mientras que las pérdidas, en muchas ocasiones causadas por sus malos manejos, son socializadas, y somos los contribuyentes los que terminamos tapando los huecos presupuestales.
Este lunes, en medio de la presentación del nuevo “plan de ahorro de energía”, el Presidente ha anunciado que acepta la renuncia del ministro de Minas y Energía, Tomás González, quien está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación, por la firma de contratos celebrados entre el Estado y Connecta SAS, empresa que pertenece a la familia del saliente ministro.
Además, en medio del escándalo por los supuestos contratos ilegales del exministro, el Presidente admitió este lunes que a las instituciones públicas relacionadas con el sector energético, les faltó agilidad para actuar y prever el riesgo de un racionamiento.
De modo que, si bien el Gobierno debe asumir su responsabilidad tanto en los malos manejos del Ministerio de Minas y Energía como en su lento y desprevenido actuar frente a la crisis energética que vivimos los colombianos, relacionar la venta de Isagén con la escasez de energía es un sinsentido. Sobre todo si se tiene en cuenta que en medio de todos los errores cometidos por el actual Gobierno, permitir que una de las empresas del sector energético escape de las malas decisiones y la corrupción del Estado, contrario a ser una mala decisión, es un gran acierto.
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