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Esta semana salieron a la luz pública los llamados “Panama Papers”, una serie de documentos que demuestran cómo políticos y celebridades de todo el mundo utilizan los llamados paraísos fiscales para crear sociedades “offshore”.
Este hecho ha suscitado principalmente dos debates: el primero surge del enojo que siente la mayoría de la gente al ver que otros, en especial los “ricos”, están evadiendo impuestos. Y el segundo está relacionado con la indignación que producen las grandes cifras de dinero que poseen algunos políticos y que parecen no estar sustentadas en actividades legales.
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A raíz del primer debate, que al parecer es el que más preocupa, se ha replanteado la pregunta de cómo acabar con la evasión de impuestos. También ha animado a los políticos a ejercer presión internacional para que aumenten los controles sobre los célebres paraísos fiscales.
Los gobiernos hablan de endurecer las penas a quienes no cumplan con el pago tributario estipulado. Sumado a esto, los “Panama Papers” han logrado que se señale y condene a empresarios y a todos los adinerados que, teniendo tanta riqueza, intentan no cumplir con sus obligaciones tributarias.
Según la idea general, como los paraísos fiscales hacen que el presupuesto de los gobiernos disminuya, estos son malos para las sociedades. Tal planteamiento, por supuesto impulsado por los políticos, se basa en la creencia de que es el Estado el que da trabajo y aumenta el bienestar de un país. Es como si la gente creyera que los empresarios son malos y nos roban el dinero, y que el Estado es bueno porque le quita a los “ricos” para darles a los pobres.
Muchos parecen no caer en cuenta de que son los empresarios los que crean trabajo, y además nos proveen los bienes y servicios que consumimos todos los días. Un país sin empresarios está condenado a la pobreza. Todos los gobiernos que han limitado la función empresarial han fracasado. No son los políticos, sino los individuos los que, con sus ganas de prosperar y su trabajo duro, enriquecen a las sociedades.
En este sentido, los paraísos fiscales traen beneficios que la mayoría de la gente ignora. En primer lugar, si estos no existieran, el nivel de inversión en el mundo entero sería menor debido a que los gobiernos se habrían quedado, de entrada, con una buena parte del capital que hoy está invertido.
Muchos creen que dicha suma no es importante, y que es tan solo una pequeña parte de las grandes fortunas de los “ricos”. Hay que recordar que quienes evaden impuestos pagan importantes cantidades de dinero a contadores y abogados que se encargan de toda la ingeniería financiera necesaria para esto. Pero además, están dispuestos a poner en riesgo su prestigio e incluso su libertad, porque en muchos países la evasión es un delito que da cárcel. Entonces, imaginemos cuán oneroso resulta el robo estatal que, incluso a pesar de tales riesgos, estas personas encuentran preferible evadir impuestos.
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El otro asunto fundamental, que parece olvidado es la gran importancia de la competencia fiscal. Todos reconocemos los beneficios de tener un mercado competitivo: abaratar precios y mejorar calidad. Pero cuando hablamos de impuestos parece que se nos olvida. Los paraísos fiscales son increíblemente útiles para limitar las ansias confiscatorias de los Estados. Si estos no existieran, los impuestos serían mucho más altos de lo que son en la actualidad.
Muchos subestiman el poder destructor que tiene el Estado cuando se trata de poner impuestos. Se cree que estos son una pequeña cuota de todo lo que ganan los “ricos” y que la tributación, por más alta que sea, no los afectará. Pero están muy equivocados: los impuestos altos quiebran empresas y sectores enteros. Sobre todo castigan brutalmente al pequeño empresario.
Pero aún queda por responder la pregunta crucial: ¿cómo es que tantos políticos, de diferentes países, tienen prósperas cuentas que no pueden ser justificadas por sus ingresos?
[adrotate group=”7″]Lo que los “Panama Papers” ponen de manifiesto es el expolio sistemático al que somos sometidos los individuos por parte de los políticos. Estos señores roban a los ciudadanos y luego, para no ser descubiertos y además evitar ser hurtados por otros políticos, acuden a sociedades “offshore” y paraísos fiscales. Lo que deberíamos estar debatiendo a raíz de este escándalo es cómo los gobernantes consiguen robarnos. La verdadera pregunta debería ser: ¿de qué forma limitamos el poder de los políticos y evitamos que sigan hurtando el dinero que honradamente conseguimos?
El problema no es que la gente honesta, que se ha ganado su dinero trabajando y beneficiando a la sociedad, busque escapar del robo de los políticos. Que los dineros estén en un paraíso fiscal, en una cuenta “offshore” o en una empresa en Panamá no debe ser algo cuestionable.
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¿Por qué es más aceptable que la gente tenga la plata debajo del colchón o en un banco nacional? ¿Por qué está mal que busquemos proteger nuestro dinero del robo estatal? Muchos ciudadanos utilizan estas figuras de manera legítima, para salvaguardar su patrimonio. Ponerlos al mismo nivel de los políticos corruptos equivale a criminalizar a gente decente.
Hay una gran falta de lógica en todo este asunto. Nos damos cuenta que un montón de políticos de todo el mundo tienen ingresos que no se justifican según sus cargos públicos, y en vez de preocuparnos por el robo al que estamos siendo sometidos, lo que hacemos es pedir penas más fuertes a quienes evadan el pago de impuestos. Es decir, pedimos que nos roben más y que por favor no nos dejen evitar tal hurto.
El escándalo de los “Panama Papers” no nos debe llevar al estéril debate sobre cómo obligar a la gente a pagar impuestos. Por el contrario, debería poner sobre la mesa la discusión de la legitimidad de la evasión fiscal. Los paraísos fiscales nos han beneficiado de muchas formas. Son fundamentales para incentivar la inversión, y su competencia hace que todos paguemos menos impuestos, de modo que permiten que los individuos, que son los que enriquecen a las sociedades, puedan desarrollar su función empresarial con mayor facilidad.
No nos equivoquemos: no hay por qué señalar a quienes protegen lo que con su trabajo honesto han ganado. A quienes debemos condenar es a los que utilizan su poder para robar a los ciudadanos. Esos sí son delincuentes.
