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Pocos asuntos públicos son tan importantes hoy en día como el de las pensiones. Dado el significativo incremento que durante las últimas décadas ha tenido la esperanza de vida en la mayoría de países del mundo, es cada vez mayor la preocupación sobre la manera en la que los ciudadanos van a financiar sus gastos durante la vejez; un período de la vida poco productivo en la mayoría de los casos.
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Por desgracia, se ha difundido la idea de que es posible garantizarles una vejez tranquila a todos los ciudadanos a través del “Estado de Bienestar”. Es decir, se ha pretendido crear la ilusión de que es viable reemplazar la responsabilidad individual, de ahorrar para la vejez, por una especie de «solidaridad colectiva» que será capaz de satisfacer todas las necesidades que tendremos durante los últimos años de nuestra vida.
Otto Von Bismarck, el histórico canciller alemán, creó en 1885 el que sería el paradigma de sistema público de pensiones y que, hasta nuestros días, sigue siendo el modelo con el que políticos de diferentes países pretenden alcanzar la «cuadratura del círculo», o dicho de otra forma, con el que buscan garantizarles a los pensionados un ingreso suficiente para atender sus necesidades durante 20 o 30 años, sin que hubieran ahorrado suficientes recursos para cumplir tal propósito.
La lógica detrás de los sistemas públicos de pensiones o sistemas de «reparto», es similar a la que utilizan los esquemas «Ponzi», en el argot popular conocidos como «pirámides», la cual consiste en financiar las utilidades de los primeros participantes que ingresan a la estructura utilizando los aportes de los nuevos miembros, y no a través de las rentabilidades que se producen a partir de los recursos ahorrados, pues resultan insuficientes para satisfacer las irreales expectativas creadas.
Es decir, en los sistemas públicos de reparto, las pensiones de los mayores son subsidiadas por los trabajadores activos. Por supuesto, dicho esquema resulta viable siempre y cuando los pensionados sean una minoría respecto al número de trabajadores que aportan al sistema, situación que, debido al incremento en la esperanza de vida y a la caída en la natalidad, en pocos años se revertirá.
En Colombia, a pesar de que en teoría los trabajadores pueden escoger entre el sistema de pensiones privado o de ahorro individual, y el público, la realidad es que todos los ciudadanos estamos condenados a financiar a través de impuestos el anacrónico y piramidal sistema de reparto (conocido en Colombia como de Prima Media), que actualmente es administrado por Colpensiones, una entidad que fue creada para reemplazar al quebrado Instituto de Seguros Sociales.
Y muchos dirán que es bueno y necesario hacerlo porque así los más ricos ayudan a los más pobres. Sin embargo, la realidad es otra. Diversos estudios ponen de manifiesto, no solo la inviabilidad, sino la injusta estructura de financiación de este sistema. Así, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calculó que el 70 % de las pensiones públicas están subsidiadas, es decir, que son pagadas con los impuestos de los contribuyentes. Pero además, que el 92 % de estos subsidios benefician a los colombianos pertenecientes al quintil 4 y 5, es decir a los de mayores ingresos.
De manera que en Colombia, como en muchos otros países de América Latina, el Estado, a través del sistema pensional, en lugar de cumplir un papel «redistributivo», como en apariencia es su propósito, se encarga de extraer rentas de los ciudadanos de ingresos medios para subsidiar a los más ricos. Prueba de lo anterior, es que a pesar de que todos los contribuyentes financian las pensiones públicas, solo un 20 % de los colombianos mayores a 60 años alcanzan a pensionarse.
Incluso, estudios de las mismas instituciones estatales, como el Departamento de Planeación Nacional, reconocen que el presupuesto del Estado colombiano, contrario a la creencia generalizada, no sirve como un instrumento «redistributivo». De acuerdo a cifras de esta entidad, el 63 % de los subsidios terminan en manos del 20 % más rico de los colombianos, en buena medida gracias al absurdo sistema pensional.
Pero más grave aún es la dinámica alcista que ha tenido el gasto público dirigido a subsidiar las pensiones de los colombianos de mayores ingresos. En el presupuesto estatal de 2016 se asignaron cerca de 25 billones de pesos (unos 8 mil millones de dólares) para cubrir el déficit de financiamiento del sistema, rubro que apenas es superado por los gastos asociados a la educación y el servicio de la deuda externa.
La insostenibilidad del sistema, como la de cualquier esquema «Ponzi», está garantizada; en la medida en que más personas comiencen a pensionarse, será necesario que el aporte del Estado, es decir, de los contribuyentes, crezca de manera progresiva. Son ampliamente conocidas las dificultades fiscales que afronta el Estado colombiano, que han generado la necesidad de implementar varias reformas tributarias durante los últimos años, pero si se le suma la «bomba de tiempo» que representa el sistema pensional, es claro que una reforma resulta inexorable.
En los próximos años, los ciudadanos que hoy confían en recibir una pensión decente, recibirán la mala noticia de que las condiciones bajo las que creían se iban a jubilar, cambiarán radicalmente; la única forma de alargar la vida, que no de hacer sostenible el sistema, será aumentando las edades mínimas de pensión y desmejorando los factores con los que se calculan las mesadas.
Mantener la falsa ilusión de que todos los ciudadanos pueden eludir su responsabilidad de ahorrar para su vejez, confiando en la «mano bondadosa» del Estado para tal efecto, es absolutamente falaz e irresponsable. Si lo que pretendemos es que en los últimos años de nuestra vida, cuando más necesitamos estar tranquilos, no tengamos que pasar dificultades económicas, el único camino es el del ahorro y la inversión individual, destinando un porcentaje de nuestros ingresos, en la medida de las posibilidades de cada persona, a la formación de un patrimonio que nos genere tranquilidad en la vejez. Confiar nuestro futuro a la gestión de los políticos, como es evidente, no es una buena idea.
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