
En Colombia las ideas liberales poco a poco se abren paso, un Estado pequeño e impuestos bajos son cuestiones que ya se han normalizado en buena parte de la población. Sin embargo, en cuanto al mercado laboral el ambiente todavía es muy hostil y contrario al liberalismo.
Este tema representa una gran piedra en el camino hacia el desarrollo. La ministra de trabajo tiene una ardua labor por delante, debe hacer un trabajo pedagógico pero además necesita el carácter para no ceder ante las presiones del poderoso sector sindical del país.
El gran rechazo que existe hacia la liberalización del mercado laboral tiene que ver en muy importante medida con aspectos psicológicos. El miedo a la incertidumbre es un asunto que todos debemos enfrentar, en general nos gusta tener las cosas aseguradas.
En el ambiente laboral, la mayoría de la gente por supuesto prefiere tener un contrato que le asegure que no lo echarán de un día para otro. El empleado se siente confiado, y ve disminuida su ansiedad, si sabe que su empleador tendrá que pagar un gran castigo monetario si lo despide.
Las leyes en Colombia están hechas de modo que en no pocos casos al empresario le sale más barato mantener a un empleado inútil que despedirlo, y es que según el tipo de contrato firmado y el tiempo que lleve el empleado, echarlo se convierte en un lujo casi imposible de costear.
Pareciera fácil comprender que lo más honesto y lo beneficioso para la productividad de un país es que las leyes no obliguen al empresario a mantener empleados. ¿Por qué razón imponer a un jefe que mantenga a un subordinado que ya no aporta nada a la empresa?
Y aunque la mayoría entiende este ejemplo y considera injusto que a un empresario le quede económicamente imposible despedir a un empleado inútil, cuando se trata de aceptar que se libere el mercado y que todos corramos el riesgo de que nos echen de un día para otro, parece que a muchos ya no les gusta tanto la idea.
Algunos simplemente no quieren esforzarse. Cuando la gente sabe que su trabajo no está asegurado debe dar lo mejor cada día para mantenerlo, eso es lo correcto, así debería ser. Pero hay quienes prefieren fingir que son buenos trabajadores y después de ser contratados rendir mediocremente, sabiendo que el Estado castigará al empleador si lleva a cabo un despido.
Otros, aunque se esfuerzan y son buenos trabajadores, de todas formas no quieren correr el riesgo de ser despedidos fácilmente y por eso aplauden la intervención del Estado en el mercado laboral.
Restricciones laborales
El problema de las leyes que le impiden a los empresarios despedir fácilmente tiene varios ángulos.
En una mirada “micro”, estas leyes impiden a los empresarios capturar el mejor capital humano posible pero, además, como explicamos antes, generan incentivos para que los trabajadores no se esfuercen por hacer bien su labor.
El empleador debería poder despedir fácil y contratar fácil, si una persona no es lo suficientemente útil para el puesto en el que está, debería poder sacarla sin mayor problema y poner a quien sí funcione. Permitiendo que las empresas sean más productivas.
Pero con la rigidez actual lo que ocurre es que si un jefe se equivoca en la selección de personal, o si un empleado deja de ser productivo, despedir y contratar nuevos trabajadores es un caos, por lo que es probable que a la empresa le toque mantener personal que no aporta lo suficiente, hasta que se termine el contrato.
A nivel macro, que las empresas no puedan pactar libremente con los empleados las condiciones de despido, impide la movilidad de los recursos hacia los sectores productivos. Hay que recalcar, sobre este punto, que en momentos de crisis es cuando se hace más necesario un mercado laboral no intervenido, para que los empresarios puedan mover sus recursos hacia aquellas actividades que la gente esté demandando, de modo que se acorte el tiempo del paro.
Entre más fácil sea despedir, más fácil será contratar, los empleadores no tendrán miedo de ensayar porque pueden corregir sus errores fácilmente. Y entre más libre sea el mercado más rápido se podrán acomodar los individuos en los trabajos adecuados según sus capacidades. Un mercado laboral no intervenido es fundamental para eliminar el desempleo no estructural.
Salario mínimo
Lastimosamente, el problema de que no se pueda despedir fácil y barato no es la única gran piedra con la que se enfrenta la ministra, está también el asunto del salario mínimo. Alicia Arango se equivocó cuando al inicio aseguró que el salario mínimo en Colombia había que subirlo, el expresidente Álvaro Uribe también erró en eso. Sin embargo, recientemente la ministra parece haber reflexionado y ya reconoce que es perjudicial subirlo.
El asunto por supuesto es delicado, hiere susceptibilidades y hay que ser muy cuidadoso en explicar. Recientemente fui amenazada de muerte por decir que el salario mínimo debe desaparecer y que el Ministro de Hacienda tiene razón al decir que en Colombia es muy alto. Y es que lo que la mayoría entiende cuando se hacen estas afirmaciones, es que se vive muy bien con 781.242 pesos. Y por supuesto que no es así, nadie sería capaz de hacer tal afirmación.
El punto, y lo que la ministra de trabajo debe hacer entender a los colombianos, es que el salario mínimo no es más que la barrera que impide a los más pobres entrar al mercado laboral formal. En Colombia, en este momento, una persona que no aporte a una empresa más que 781.242 pesos está condenada a trabajar en los semáforos, por una cuestión muy sencilla, un empleador no le pagará a un trabajador más de lo que aporta con su trabajo.
De modo que el salario mínimo perjudica a los más necesitados, a los que no tienen estudios ni experiencia, a jóvenes, ancianos, mujeres, migrantes y todos a aquellos que los defensores de la rigidez en el mercado laboral dicen querer ayudar. Lo más injusto es que los defensores del salario mínimo le impiden a los más pobres decidir si quieren o no trabajar en una empresa grande por menos del salario mínimo.
En últimas, ¿no es lo más ético dejar que cada persona decida por cuánto y en qué condiciones es contratada?
Parece que muchos no comprenden que se puede imponer un salario mínimo por ley pero no se puede obligar a un empresario a contratar nuevo personal o a mantener a un empleado, por lo que la difícil situación de los más pobres no se arregla con leyes, se trata de productividad y creación de valor, la gente será menos pobre en la medida en que se le permita a los empresarios crear riqueza.
Suiza y el mercado laboral colombiano
He mencionado dos de los asuntos fundamentales que el Ministerio del Trabajo tendrá que afrontar, pero hay muchos otros, que por supuesto también tienen que ver con la excesiva regulación del mercado laboral colombiano, el tema de los costos no salariales, el sindicalismo que se ha vuelto una forma de extorsión a los empresarios, las muchas normas para crear una empresa, la tramitología que protege a empresarios enchufados e impide la creación de nuevos emprendimientos, los altos impuestos, todos son asuntos que el Ministerio, que parece que ya entiende que hay que liberalizar el mercado, deberá afrontar.
Pero ¡hay esperanzas Ministra! Concluyo esta nota recordando, para darle ánimos a usted y a todos los defensores del capitalismo, que en Suiza, donde no hay salario mínimo, cada tanto a los socialistas se les ocurre hacer una votación para imponer de nuevo un salario mínimo legal, y los suizos, que ya entendieron la importancia de un mercado laboral libre, votan “No”, la última votación logro 76% en contra de imponer un salario por ley.
De la mano con el Ministro de Hacienda, que entiende bien de liberalismo económico, el Ministerio del Trabajo puede hacer que Colombia se parezca bastante a Suiza.