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¿Quién es capaz de ponerse del lado de un violador de niños? El sentido común dice que nadie, por lo menos nadie con salud mental y con un mínimo grado de empatía. Pero en Colombia, el país donde los peores asesinos de la historia de la nación tienen 10 escaños, una parte del Congreso ha decidido que los delitos sexuales contra menores de edad, «cometidos en el marco del conflicto armado», no deben ser juzgados por la justicia ordinaria, sino que los violadores deben tener los beneficios de una justicia transicional.
El desorden que trajo el paro que empezó el 21 de enero, los saqueos, muertes, robos y en general el caos que apenas hasta ahora comienza a menguar, logró que los colombianos olvidaran muy rápidamente lo que ocurrió el 18 de noviembre en el Congreso. Pero la gravedad del hecho hace necesario volver sobre el asunto y reflexionar respecto al poder que tienen las FARC y sobre el lamentable futuro que tendrá Colombia si no logramos cambios radicales y urgentes.
Por cuenta de lo pactado entre Juan Manuel Santos y las FARC en Cuba, los delitos sexuales contra menores, cometidos por guerrilleros de las FARC, no serán juzgados por la justicia ordinaria sino que irán a la JEP, la justicia transicional que, como todos sabemos, y como ha dicho abiertamente Rodrigo Londoño, líder de las FARC, es un tribunal «creado por los mismos insurgentes».
60 años es la pena máxima que un violador puede tener en Colombia, en la justicia ordinaria, por supuesto. En la justicia transicional, si el delincuente confiesa, la pena máxima son 8 años y es excarcelable.
¿Qué penas se puede esperar que le dé a los guerrilleros violadores un tribunal «hecho por los mismos guerrilleros»? No lo sabemos, porque no lo han dicho. La JEP habla incluso de penas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, de modo que no sabemos si, por ejemplo, pondrán a barrer calles a los violadores para pagar sus delitos; lo único que sabemos es que si confiesan, la pena máxima será de 8 años excarcelables.
Hace un par de semanas se hundió en el Congreso colombiano una reforma constitucional con la cual el gobierno de Iván Duque pretendía que, en próximos «acuerdos de paz» con grupos terroristas, los delitos sexuales contra menores de edad queden excluidos de cualquier beneficio proporcionado por una justicia transicional.
Y es que, a cuenta de qué, las violaciones a niños se deben tratar con una especial consideración. ¿Acaso una violación a un menor es un delito político? ¿Para instaurar el socialismo hay que violar niños?
Por obvias razones los niños tienen una condición de especial protección en la Constitución colombiana, y las penas deben ser ejemplarizantes ante un delito de lesa humanidad. Sin embargo, en Colombia, violando la constitución, a quienes cometen delitos sexuales contra menores, si son guerrilleros, se les dan increíbles beneficios.
Si Rafael Uribe Noguera, el violador y asesino de la niña Yuliana Samboní, hubiera dicho que era guerrillero, no estaría preso y condenado a más de 50 años de cárcel, estaría libre e incluso podría ser político y dar conferencias. Uribe Noguera sería investigado por la JEP y estaríamos esperando a ver si esa justicia transicional le daba la pena máxima -excarcelable- de ocho años.
Siempre he pensado que los guerrilleros de las FARC ni siquiera en sus sueños más anhelados imaginaron tener tanto poder político y tantos beneficios. ¡Sí, es que en Colombia los bandidos pagan para que las FARC los certifiquen como guerrilleros y así poder librarse de la justicia ordinaria!
Ahora bien, que las FARC se hayan ido en contra del mencionado proyecto de Acto Legislativo era apenas predecible. Pero, que consigan el apoyo de más partidos es inexplicable e indignante. ¡Abiertamente se ponen del lado de guerrilleros violadores de niños y le dan la espalda a niños violados!
El senador Gustavo Bolivar, de los «Decentes», el partido de Gustavo Petro, justificó el actuar de su bancada, y amigos, de la siguiente manera:
«La bancada de paz (40 senadores) no votó porque cada cambio unilateral en el Acuerdo de paz hace que muchos exFARC prefieran irse a la disidencia. No queremos más niños reclutados o violados que es lo que se consigue reactivando la guerra al poner conejo a lo pactado ¿Duro de entender? Sí»
Por lo menos, con honestidad, Bolivar reconoce que las FARC han violado menores y que es muy probable que sigan violando. El descaro está en decir que como no quiere que más niños sean reclutados y violados, entonces hay que darles semejantes beneficios a los victimarios. Impunidad a los violadores para que no sigan violando niños, ¿eso es lo que propone el senador?
La mayoría de los argumentos de quienes decidieron hundir la reforma van en la misma línea. Parece que a buena parte de los senadores colombianos les da miedo que los 10 congresistas de las FARC vuelvan al monte -a acompañar a los que ahora llaman «disidencias» de las FARC- y por eso votan con ellos y los defienden en el Congreso.
Las razones del insólito hundimiento de la reforma creo que son muchas, a unos les habrán pagado, a otros simplemente les conviene que se instaure la agenda de la izquierda más radical, y seguro hay a quienes les pasa lo que dice Bolivar…
El Gobierno intentará volver a presentar el proyecto en marzo del 2020, veremos si para esa fecha algunos congresistas deciden ponerse del lado de las víctimas y no de los victimarios. No lo veo probable. Estos congresistas no tienen ni ética ni vergüenza, es pura indigencia moral.
En todo caso, el argumento de Bolivar no tiene sentido, el proyecto que hundieron afectaría solo a los firmantes de futuros acuerdos. Los guerrilleros de las FARC ya tienen asegurado que sus delitos sexuales irán a la justicia transicional, tribunal que, insisto, según el mismo Timochenko, «fue creado por los propios insurgentes». Violar, cometer toda clase de delitos, y luego ponerse sus propios jueces, ¡cuánto daño le hizo Juan Manuel Santos a Colombia con el maldito acuerdo de paz!
Parece que respecto a los delitos sexuales contra menores todo está perdido en Colombia. Sin embargo, queda la justicia internacional. Colombia, desde el 2002, es signataria del Estatuto de Roma, instrumento que contempla la violencia sexual, incluyendo la cometida contra menores de edad, como un crimen de guerra. De modo que la esperanza que nos queda es que si la justicia colombiana no funciona, los violadores de las FARC tendrán que responder ante la justicia internacional. Hay que avanzar en esa línea.
Y a los colombianos de a pie, nos queda la condena social, nos queda castigar en las urnas y reclamar en las redes sociales a los verdes, al Polo, a los Decentes y a todos los congresistas que se salieron del recinto para que un proyecto contra violadores de niños se hundiera.
