Los asesinos de Juanse, el bebé de 7 meses que fue abortado

Lo que hizo la Corte Constitucional fue abrir la puerta para que se lleve a cabo un genocidio. En Colombia una mujer puede decir que se siente triste y entonces tiene "derecho" a matar a su hijo.

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Del 2016 al 2020 Profamilia realizó cerca de 56 mil abortos y recibió de recursos del sistema de salud colombiano en total alrededor de $ 100 mil millones de pesos. (Flickr)

Yo no debería estar escribiendo esta historia. Juanse tenía que haber nacido y disfrutado del amor de su padre, un hombre que luchó hasta el último minuto para que no mataran a su bebé de siete meses de gestación.

La lucha de un padre desesperado 

Al saber que su expareja intentaba abortar, inmediatamente Juan Pablo Medina interpuso una denuncia en la Fiscalía de Colombia y una acción de tutela, pidiendo medidas provisionales de protección para su hijo porque claramente la vida del bebé estaba en inminente peligro. También inició una campaña mediática dando a conocer su caso para intentar con eso frenar las intenciones de la madre o conseguir que legalmente se le prestara una ayuda efectiva.

Lo que Juan Pablo le pedía a su expareja era que dejara nacer a su bebé de siete meses de gestación y se lo diera, él se haría cargo del niño para siempre. El joven exigía que no mataran a su bebé. Sin embargo, nada sirvió y lamentablemente hoy tenemos que contar esta historia desgarradora para intentar convencer a otras madres de que asesinar a un hijo nunca será una «solución», y para exigir a la Justicia colombiana, así como al Congreso y al Gobierno, que paren el asesinato de bebés que están realizando instituciones como Profamilia.

El 30 de enero el juez que tiene a su cargo la tutela interpuesta por el padre de Juanse le comunica a Profamilia, lugar donde se llevó a cabo el asesinato del niño, que no se estaba cumpliendo el requisito establecido por la Corte Constitucional referido a la certificación médica de la causal del aborto. Por eso el Juez solicita una valoración emitida al respecto por la EPS de la madre.

El Juez de la tutela, entonces, no estaba prohibiendo el aborto, sino que pidió que antes de que se llevara a cabo se debía cumplir con el requisito de certificar los supuestos problemas de salud mental de la madre.

En este caso los abortistas de profamilia alegan «salud mental» como causal válida de aborto. Según ha dicho Juan Pablo, la EPS de la joven se había negado a certificar la causal de “salud mental” para abortar. Y lo que envía Profamilia al juez es un dictamen hecho por un ginecólogo que asegura que la madre está «afectada psicológicamente».

El portal Razón + Fe ha publicado el diagnostico que hizo la institución abortista sobre los supuestos problemas de salud mental de la madre: «La joven comenta que desde que se enteró de la gestación ha experimentado una serie de cambios a nivel emocional, se torna deprimida, en crisis de llanto, comenta que con frecuencia ha tenido pensamientos negativos asociados a ideación suicida (como lanzarse hacia los vehículos, lanzarse de un tercer piso, cortarse las venas o el estómago), ha presentado alteración del sueño y el apetito, se torna dispersa, con falta de concentración y aislamiento, manifiesta que se han generado cambios en la forma de relacionarse con las personas y que desearía volver a ser la joven alegre que le gustaba salir, bailar, recochar y que se sentía feliz”.

Los abortistas de Profamilia tenían tantas ganas de ganar esta batalla y asesinar a un sietemesino que, a pesar de que solo se les exigía algo tan fácil de obtener como un certificado expedido por un especialista, decidieron realizar el aborto haciendo caso omiso de lo pedido por el juez en el fallo de tutela.

En la impugnación a la tutela, Profamilia contesta al juez que ellos ya realizaron una valoración psicológica confirmando la causal de “salud mental”. Y que la institución “está obligada a garantizar la prestación de servicios de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) (…) dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la consulta”. Además, agrega la institución abortista que pedir certificados médicos adicionales constituye “una traba y una barrera administrativa” para el “derecho” al aborto.

Finalmente, en la impugnación realizada por Profamilia, manifiestan que «garantizaron el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo». Así fue como Juan Pablo se enteró de que su hijo había sido asesinado. Leyendo esta frase en la impugnación de una tutela.

Después de conocer que sus esfuerzos no fueron suficientes para salvar la vida del bebé, el padre ha pedido a la Justicia que Profamilia aclare el día en el que se realizó el asesinato, así como el «destino del cuerpo del bebé» a quien Juan Pablo quiere, por lo menos, darle cristiana sepultura.

Los asesinos

Corte Constitucional

En Colombia, como debe ser, el aborto es un delito, está contemplado en el Código Penal como delito para la madre y para quien la asista. Sin embargo, la Corte Constitucional en la lamentable sentencia C-355 del 2006 ha decidido permitir acabar con la vida del bebé en tres casos: cuando peligra la vida o la salud de la madre; cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida; y cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

De modo que lo que hizo la Corte Constitucional fue ponerle excepciones al delito. Pero lo cierto es que dado que estamos hablando de una ley, lo correcto sería que sea el Congreso el que modifique esa ley y no la Corte Constitucional, porque en principio una alta Corte no debería cambiar leyes, esa es competencia del legislativo. Como afirman algunos abogados, la Corte está suplantando al Congreso.

Hasta el momento, a pesar de que la terrible sentencia de la que hablamos es del 2006, el Congreso no ha querido ocuparse del tema. Parece que es demasiado polémico y no se quieren meter en el asunto. De modo que en este momento, por cuenta de la Corte Constitucional -asunto que no debería ser-, el aborto es permitido en los tres casos que mencionamos y como no hay regulación al respecto, porque el Congreso no ha actuado en ese sentido, en esos casos se puede abortar hasta el 9 mes si se quiere.

Lo que hizo la Corte Constitucional fue abrir la puerta para que se lleve a cabo un genocidio. En Colombia una mujer puede decir que se siente triste y ya no tiene ganas de «recochar» -como aseguró la madre de Juanse- y entonces tiene «derecho» a matar a su hijo.

Profamilia

Hay que decir que no existe razón para que una institución que se dedica a realizar abortos se llame «Profamilia», hacen exactamente lo contrario. Así de cínicos y sucios son.

Han hecho del asesinato del más indefenso un negocio y disfrazan su empresa de la muerte hablando de supuestos «derechos» de las mujeres. Según ha publicado La FM, en cuatro años, del 2016 al 2020, Profamilia realizó cerca de 56.000 «interrupciones del embarazo» y recibió de recursos del sistema de salud colombiano en total cerca de $ 100.000 millones de pesos (29,5 millones de dólares).

Pero además de que es un negocio, con el caso de Juanse quedó completamente claro que no tienen ni una pizca de decencia y están dispuestos a todo. En Colombia es un secreto a grandes voces que para abortar solo hay que decir que se está deprimido e inmediatamente Profamilia hace su diligente «labor», pero ahora ha quedado claro para todo el país y documentado, hacen abortos tan fácil como sacar muelas.

Activistas y personalidades de la farándula

“… lo hice así, impulsada por mi rebeldía y mi ambición de ser yo misma, dispuesta a pagar el precio emocional que la vida me cobrara por mi libertad”, escribió la actriz Margarita Rosa de Francisco en una columna en la que confesaba haber abortado, pero no con pena, más bien parece orgullosa de lo que hizo, en realidad presenta el aborto como síntoma de que una mujer es libre y tiene coraje.

¿Cuantas jovencitas ese día al leerla, y tenerla como referente de algo, se creyeron el cuento de que ser libre tiene que ver con abortar? ¿Cuántas pensaron que una mujer «empoderada» mata a su hijo si quiere? Y cuántas, ahora, después de abortar porque les dijeron que no tenía consecuencias y nada pasaría, llevan una vida atormentada por la culpa de haber matado a su bebé.

Después de esa lamentable columna, la bullosa feminista Florence Thomas escribió animando a mujeres famosas y reconocidas a que sigan el ejemplo de Margarita Rosa: “ojalá que comencemos a oír decenas de relatos que ayuden a desestigmatizar la interrupción voluntaria del embarazo”, afirma Thomas con un descaro que supera el de De Francisco.

Estas mujeres quieren hacer ver el aborto como una situación normal e incluso como motivo de orgullo, porque se trata de «libertad». Niegan completamente las consecuencias negativas y obvias que trae para una mujer el asesinato de su bebé en el vientre.

Educar a las mujeres para que decidan correctamente a la hora de tener sexo no es una opción para estas activistas de la muerte, lo que ellas quieren es hacer activismo en pro de asesinatos. Lo que hizo Margarita Rosa fue confesar un delito, matar a tu bebé porque «quieres ser libre» es un delito.

Y lo que hacen estás mujeres en incitar a cometer asesinatos.

Es el momento de reaccionar

Esta situación se nos salió de las manos. Juan Pablo Medina hizo todo lo que estuvo a su alcance y no logró detener el asesinato de su hijo de 7 meses de gestación.

El Congreso que no ha querido legislar al respecto, la Corte Constitucional que ha abierto la puerta a un genocidio, y Profamilia que se ha convertido en el autor material de tantas muertes, deben responderle al papá del bebé y a la sociedad colombiana, que no está enferma, en su mayoría es sana y entiende lo evidente: no podemos legalizar el asesinato de bebés en los vientres de sus madres.

Los colombianos no podemos callarnos más ante semejante atrocidad, ¡hablamos de 56 mil niños abortados solo en Profamilia en cuatro años!

No hay tal cosa como «interrupción voluntaria» son asesinatos, no deberían llamarse Profamilia sino Proasesinato, no existe el derecho de la madre a matar a su hijo, el «derecho a decidir» lo tiene que ejercer en el momento en el que tienen sexo, no cuando ya hay ser humano en el vientre.

Cierro este artículo haciendo mías las palabras del padre de Juanse en su más reciente comunicado:

«¡Quiero invitarlos a que no permitamos que haya más Juanses en Colombia! Ningún niño debe ser abortado y la pérdida de mi hijo no puede ser en vano. Este tipo de acciones llevadas a cabo por Profamilia son una muestra del abuso de las decisiones de la Corte Constitucional sobre ampliar más y más el aborto»

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