Salamanca y Minatitlán: futuro violento en México

Salamanca y Minatitlán no serán tragedias inusitadas, sino el signo incremental y distintivo de López Obrador.

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Marcha contra López Obrador. (Foto: EFE)

El gobierno del presidente López Obrador está sembrando la semilla para que hechos sangrientos, o peores, como los de Salamanca y Minatitlán, se repitan. Recordemos que en Salamanca, el pasado 9 de marzo, se asesinó a 15 personas (aunque he escuchado versiones creíbles que hablan de un número mucho mayor) en un club nocturno mediante una ejecución con armas de alto poder. En Minatitlán, el recién pasado 19 de abril, hubo 14 muertos, incluyendo un niño de un año, en una violencia irracional, gratuita (ambas ciudades, por cierto, asiento de las principales instalaciones petroleras del país y ambas también gobernadas por el mismo partido del presidente López Obrador).

No hay mejor combustible para acrecentar la violencia que la impunidad. A varias semanas de estos hechos, la inacción del gobierno López Obrador para fincar responsabilidades sobre ellos es pasmosa. Aunque hace un par de días se anunció la detención de dos supuestos autores materiales de la segunda masacre, todo hace suponer que tales detenciones no tienen mucho fundamento y podrían tratarse de meras escenificaciones teatrales. De Salamanca, nada: ni detenciones, ni una versión de qué sucedió en realidad, ni atribución de posibles sospechosos, ni nada. Lo mismo sucederá con Minatitlán, acrecentando con el ejemplo y acicate de la impunidad los ya de por sí históricos niveles de violencia en el México.

2019 podría ser el año más violento en la historia del país: se pronostica que la cifra de muertos por homicidios dolosos podría llegar a los 40 000 muertos este año. Frente a esa expectativa, sorprende el pasmo de López Obrador y su gobierno: su única acción ha sido poner en operación una Guardia Nacional militarizada (similar al modelo venezolano), que en realidad es una repetición de la misma estrategia militar puesta en práctica por los gobiernos Calderón y Peña Nieto.

Para esta Guardia militarizada no existe siquiera una ley reglamentaria ni ley orgánica, por lo que su puesta en operación en varios municipios conflictivos no es más que una farsa y, peor, un reciclamiento de los peores elementos policiacos del pasado, por lo que ya iniciaron los problemas de derechos humanos que tanto se le pronosticaron.

Por otra parte, López Obrador está dejando pasar la oportunidad de hacer una contribución real en contra de la violencia: despenalizar el uso las drogas. Antes de iniciar su gobierno, prometió despenalizar el uso de la marihuana; han pasado así seis de su gobierno (una décima parte del mismo) y no se ha vuelto a tratar el tema, aunque si bien aparece en su Plan Nacional de Desarrollo, sin ningún aterrizaje práctico.

Tal despenalización permitiría destinar recursos hoy empleados en una lucha inútil, persiguiendo un «crimen» sin delito, hacia delitos de real impacto y peligrosidad: secuestro, robo de combustible y extorsión. También descongestionaría al sistema penitenciario y al sistema de impartición de justicia, y evitaría que gente inocente pase a engrosar las ávidas filas del crimen organizados a través de su estancia en las cárceles.

Gracias a la impericia, inacción y frivolidad de López Obrador y su gobierno, México se enfila a niveles récord de violencia y delincuencia. De seguir como hasta ahora, Salamanca y Minatitlán no serán tragedias inusitadas, sino el signo incremental y distintivo de su gobierno. Niveles y escenarios que tendrán un responsable directo, inescapable: el propio López Obrador.

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