México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentran en un serio predicamento tras el anuncio del jueves pasado, hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que Washington impondrá aranceles graduales a todos los bienes procedentes de México si el gobierno mexicano no logra detener el creciente número de inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos desde su territorio.
El anuncio de Trump hizo saltar todas las alarmas de la economía mexicana con un brusco aumento en la depreciación del peso mexicano y la caída de la Bolsa de Valores. Todo esto sucede en sincronía con los esperados malos resultados de los primeros seis meses de la gestión de López Obrador: retraimiento de las inversiones y de los índices de consumo, caída en la actividad productiva, en los niveles de empleo y en el ritmo de gasto público, el virtual inicio de una recesión (cuya duración no es posible prever por ahora) y la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC.
Ante la amenaza de Trump, vino una reacción más bien atropellada e improvisada de López Obrador y su gobierno, indigna de una administración con poderes plenos, sin controles ni contrapesos reales, elefantiásica, que se supone profesional (y que tuvo mucho tiempo para prever una situación como la actual) pero que, en cambio, no hizo nada. De concretarse la amenaza de Trump, sería el tiro de gracia a una economía tambaleante, gestionada mediocremente por el nuevo gobierno mexicano, y también sería un golpe decisivo contra el gobierno López Obrador, del que difícilmente se recuperaría en los próximos años. Mediocridad, inoperancia, imprevisión, irresponsabilidad: esos son los verdaderos apellidos del gobierno mexicano.
En los hechos, Trump amenaza con levantar un muro comercial contra México usando un pretexto simplemente oportunista: en realidad, ni el gobierno estadounidense ni el mexicano pueden reprimir y detener los flujos migratorios desde Centroamérica, producto de fenómenos múltiples y fuera de su alcance. Al pretender hacerlo, el gobierno Trump solo instrumentaliza un oportunismo electoral para favorecer su posible reelección y trata de quedar bien con su base simpatizante. Pero no se puede resistir a la realidad.
Trump no sabe cómo funciona la economía. Por eso parece ignorar que el comercio es el mejor instrumento contra la pobreza. Por lo tanto, es el único remedio, a largo plazo, contra la migración por motivos económicos, como en buena medida es la de Centroamérica. Al obstaculizar dicho comercio, Trump solo hecha más combustible al problema migratorio, avivándolo y haciéndolo inmanejable.
Pero si Trump no sabe de economía, el gobierno mexicano no puede darse el lujo de una ignorancia equivalente y en el mismo sentido. Así, la mayoría de las posiciones mexicanas recomiendan represalias comerciales y aranceles similares si fallan las negociaciones entre ambos gobiernos, previstas para este miércoles y se concreta así el aviso de Trump. Pero nuestra respuesta a las amenazas y los agravios comerciales no puede ser otra forma de proteccionismo.
En tal sentido, sorprende que ningún político o funcionario mexicano abandere una actitud proactiva, de progreso económico, de apertura económica: en lugar de cerrarse, la postura mexicana debería ser de mayor apertura, incluso hacia nuestros competidores naturales. México ha sido beneficiario neto del libre comercio durante los últimos veinticinco años y por ende, hace sentido abrir más la economía en lugar de encerrarse. Sin embargo, los nuestros son políticos y burócratas atrasados, populistas, que se quedaron anclados en el siglo XX.
Políticos imponiendo aranceles significa políticos imponiéndolos con base a sus conveniencias político-electorales, es decir, sobre la base de su oportunismo personal al final del día. Por medio de dichos aranceles se protege a sectores ineficientes, a grupos de interés, a aliados poderosos de los políticos y burócratas, a grupos caros para el consumidor, rémoras del contribuyentes, que lesionan y bajan el nivel de vida de las familias.
Los aranceles quitan libertad a consumidor, porque este último solo puede consumir al precio que el gobierno y sus políticos le imponen. Los aranceles también quitan dinero a la gente y lo trasladan a las manos de los políticos. Así, en lugar de imponer aranceles, se debe reconocer la capacidad de las personas de intercambiar libremente bienes y servicios. Son las personas las que comercian, mientras que los gobiernos son quienes frenan los intercambios y coartan las libertades.
Colocar a los consumidores en el centro de cualquier preocupación comercial, debiera ser la respuesta frente a Trump. Hoy los consumidores no están en el radar de los gobiernos. Por ende, la respuesta mexicana no debiera ser proteger al productor o a sectores ineficientes, ni dar mayor poder a los políticos, sino mirar por el consumidor, dándole oportunidad de un efectivo y real libre comercio, y abrir así la economía.