Narcoterrorismo en México

Trump manifestó su voluntad de clasificar a los carteles de México como "narcoterrorismo". La decisión no es, como muchos piensan, necesariamente negativa

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México
Muchos eventos en México tienen, en efecto, características terroristas. (Foto: Flickr)

El anuncio de la intención del presidente Donald Trump de clasificar a los carteles de la droga mexicanos como “narcoterroristas” ha despertado una fuerte discusión en México. Enhorabuena. Durante años hemos sufrido el embate de estos grupos y solo hemos atinado,  como sociedad y tal como hace el gobierno López Obrador, a esconder la cabeza cual avestruces.

Al respecto, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), una organización no gubernamental con sede en Australia, señala que para que se considere como terrorista, un incidente debe presentar las siguientes características: debe ser intencional; debe implicar cierto nivel de violencia o amenaza de violencia; los autores deben ser actores subnacionales; su objetivo debe ser alcanzar un propósito político, económico, religioso o social; y que el acto violento evidencie una intención de coaccionar, intimidar o transmitir algún mensaje a un público más amplio. Muchísimos eventos del narcotráfico, tan solo en el último año, cumplen perfectamente estas características. Por citar algunos: las masacres multitudinarias en Salamanca y Minatitlán, el llamado Culiacanazo, la matanza sistemática de la familia LeBarón y muchas otras familias a lo largo del paíslos ataques mortales a periodistas, medios de comunicación y políticos en campaña en el pasado proceso electoral.

Dicho instituto publica anualmente un Índice Mundial de Terrorismo. En el de este año, coloca a México en el lugar 48 de un total de 138 países analizados. Adviértase al respecto que la declaración de existencia de terrorismo en México, vinculada al narcotráfico, la hace una ONG, no el gobierno de Washington. Señala que México registró un aumento de 58 % de actos terroristas en el 2018″, particularmente en el asesinato de políticos, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el periodo de la campaña electoral del 2018. En 2019, que califica de cero a 10 el impacto del terrorismo en cada país (donde cero es la inexistencia de actos terroristas y 10 la situación opuesta), México tiene una calificación de 4.08. Los eventos de las últimas semanas seguramente subirán aún más ese índice.

Al menos una parte de la violencia a la que los carteles mexicanos someten a la sociedad cumple los criterios para ser definida como terrorismo. Es bueno que lo aceptemos: los problemas solo pueden resolverse si se reconocen y recién entonces, pueden establecerse diagnósticos y estrategias precisas. Solo lo que se acepta y se conoce puede ser resuelto.

¿Supondría esto que el gobierno norteamericano podría intervenir militarmente en México, en persecución de los carteles del narcotráfico y sus capos? Estados Unidos tiene dos legislaciones vigentes para combatir al terrorismo, dentro y fuera de su territorio. Bajo una de ellas (vigente desde la presidencia Clinton), podría sustentarse el intervenir militarmente, de forma hipotética, en México. La otra, de la administración de George Bush, es básicamente para facilitar la persecución de los recursos financieros de los grupos terroristas. Por dichas implicaciones, el gobierno mexicano ha rechazado la clasificación de “narcoterroristas” para los carteles.

Pero suponer que los marines llegarán a Ciudad de México, a Culiacán o a Tangamandapio a detener a los capos, violando la soberanía nacional, es de una credulidad infinita o un mero recurso patriotero, propio del viejo PRI o, actualizado, de las narcodictaduras sudamericanas del socialismo del siglo XXI. Tal posibilidad es remota, casi imposible.

En realidad, mayor sustancia tiene la llamada “Ley Patriótica” promulgada por Bush, que permitiría perseguir, congelar y requisar los bienes y activos financieros de carteles y de sus aliados políticos. En tal sentido, el gobierno de López Obrador, al oponerse a la clasificación y así, permitirle a los carteles disfrutar pacíficamente de las riquezas conseguidas a sangre y plomo, ofrece en consecuencia un apoyo tácito a los carteles. Reparemos al respecto que la legislación mexicana no contempla al terrorismo como delito, y que la casi totalidad de los hechos de sangre atribuidos a los carteles, ni siquiera son investigados por las autoridades mexicanas y por tanto, no son castigados. En tal sentido, cualquier acción que contribuya a exhibir y detener esta situación debe apoyarse como una acción a favor de la sociedad mexicana.

Por supuesto que el anuncio del presidente Trump tiene una gran proporción de oportunismo electoral: a su base política le gusta que golpee a México y así, confirmar su mala opinión sobre nuestro país. Pero si el presidente López Obrador no quiere detener ni perseguir a los carteles, al menos que haya los instrumentos jurídicos para que otro gobierno los persiga, aunque sea por puro interés. De otra manera, seguiremos en el peor de los mundos posibles, con un gobierno, el de López Obrador, que hoy más bien parece socio de los carteles y de otros grupos de delincuencia organizada, que un efectivo vigilante del Estado de Derecho y proveedor eficaz de seguridad pública.

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