La pavorosa corrupción en Latinoamérica

En su momento todos aplaudieron el modelo de Lula. Todos cayeron alucinados con las cifras de nuevas empresas y la ampliación de la clase media en la que se disolvían los antiguos pobres

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Lula se solazaba en un lujoso apartamento en el puerto turístico de Guaruja, en el estado de Sao Paulo. El detalle era que el piso no era de él. Casualmente pertenecía a una compañía constructora, OAS. (Fotomontaje PanAm Post)

Uno no puede dejar pasar lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Por una parte, la evidencia de que los socialistas, que en algún momento se consorciaron para tomar el poder y destruir las repúblicas, ahora están siendo procesados por corrupción. Por la otra, que las instituciones reaccionaron y fueron capaces de encarar el desafío de ir contra la trama de poder para hacer justicia. Tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, pago de sobornos, delincuencia organizada y corrupción pasiva, son parte del inventario de delitos en los que han incurrido muchos de los que prometieron ser los redentores del continente, pero como ya lo advertía Lord Acton, el poder corrompe, y ellos que lo ejercieron con tanta displicencia, se corrompieron absolutamente.

No podemos llamarnos a engaños. La corrupción institucionalizada tiene dos contrapartes. Por una parte, los gobiernos extensos, y por la otra, una clase empresarial cuyo incentivo principal es el no tener que competir porque ha encontrado la forma de hacer transacciones convenientes con una burocracia que se lucra de los malos negocios de la corrupción. En el fondo son las dos caras de un mismo problema, porque un Gobierno con pretensiones de abordarlo todo, tiene la necesidad de parir un régimen económico cuyos actores fundamentales se especialicen en transarse con sus dirigentes. El caso de Odebrecht es ahora emblemático. Una empresa que se asoció con todo aquel que quisiera favorecer sus contratos a cambio de un soborno. Al parecer la infección fue continental, y como ya sabemos, muy pocos se mantuvieron al margen. No hace falta gobernar un país para ser víctima fatal de la maldición del poder.

En su momento todos aplaudieron el modelo de Lula da Silva. Todos cayeron alucinados con las cifras de nuevas empresas y la ampliación de la clase media en la que se disolvían los antiguos pobres. No fueron pocos los políticos que se vieron interpretados en esa forma de dirigir el país, ese progresismo que a la vez administraba la redención social y propiciaba el crecimiento económico. Todos aplaudieron las giras del dirigente del Partido de los Trabajadores Brasileños, siempre acompañado de decenas de empresarios. Lo que no dejaban ver los reflectores ni oír los aplausos era mucho más tétrico. El presidente de Brasil se había convertido en un comisionista al que no le importaba, por ejemplo, que los buenos negocios para su grupo de favoritos terminaran siendo pésimos negocios para los ciudadanos, a los que se les transfería el sobrecosto que ocasionaban los pagos indebidos y la tragedia de obras de mala calidad o dejadas a mitad de camino. Ahora sabemos por qué los Juegos Olímpicos del 2016 costaron USD $13.000 millones a un país convulsionado por la recesión y asombrado del colosal dispendio. Lo mismo ocurrió con el mundial de futbol que realizaron dos años antes. Odebrecht, una vez más, admitió que la mitad de los doce estadios de fútbol que fueron construidos en Brasil para el Mundial de 2014 tuvieron sobrecostos intencionados provocados por las propias constructoras para desviar dinero.

Tal y como lo sostiene el Pacto Global de las Naciones Unidas contra la corrupción “en la actualidad hay clara evidencia de que en muchos países la corrupción aumenta en un 10 por ciento los costos de los negocios y que aumenta un 25 por ciento el costo de la adquisición pública. Esto perjudica el rendimiento de la empresa y desvía los recursos públicos del desarrollo legítimo sostenible”. Empero, la tendencia sigue desaforada, porque al parecer hay muchos intereses alineados.

¿Desviar dinero hacia dónde? A una clase política presta a la asociación para delinquir. Solamente como ilustración tal vez valga la pena señalar que ejecutivos de Odebrecht revelaron haber pagado sobornos al exalcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien habría recibido cerca de USD $5,2 millones en gratificaciones indebidas, a cambio de autorizar y promover contratos de construcción en su ciudad. Mientras tanto, Lula se solazaba en un lujoso apartamento en el puerto turístico de Guaruja, en el estado de Sao Paulo. El detalle era que el piso no era de él. Casualmente pertenecía a una compañía constructora, OAS, que había sido beneficiada con contratos multimillonarios firmados con el Gobierno. Favor con favor se paga.

Este relato podría ser lamentablemente infinito. Pero lo que realmente importa son las causas de esta epidemia de malos manejos que acaban con la reputación de la política y llenan de indignación a los ciudadanos de todos nuestros países. No serán las únicas, pero en cualquiera de los relatos queda claro que los gobiernos extensos son más proclives a corromperse, y que las regulaciones que intervienen con exceso los mercados son el mejor acicate para la extorsión y los sobornos. Entre otras cosas, porque este tipo de gobiernos son depredadores de los controles, repudian la autonomía de los poderes y son contrarios a la vigencia del Estado de derecho. La moraleja del caso Odebrecht es que el socialismo tiene muy mal maridaje con las instituciones republicanas, porque si no las destruye, trata de pervertirlas.

Y si no contamos con gobiernos tan poderosos, ¿qué vamos a tener como resultado? Seguramente tendremos una sociedad más decente y más libre. Porque los buenos gobiernos deben concentrarse en proteger los derechos individuales y crear un orden social donde los ciudadanos puedan vivir, generar proyectos productivos y gozar de la debida protección contra el crimen.

Ya sabemos que la grandilocuencia de los gobiernos extensos encubre sus grandes carencias y que la política asociada a esa prosopopeya solo trajina la acumulación de beneficios y prebendas en desmedro del ciudadano que paga esos desmanes en inflación, impuestos y malos servicios públicos.

Recordemos siempre que “no hay almuerzo gratis”. Alguien está pagando de más y alguien está beneficiándose de cobros indebidos. Y si usted no lo cree, pregúntele a Lula.

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