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Activistas Aclaman el Acceso de 13 Guatemaltecos a los Tribunales Canadienses

Por: Victoria L. Henderson - @vlhenderson - Ago 13, 2013, 10:10 am

EnglishSe está dando una cierta celebración en la comunidad activista de Canadá debido al reciente fallo emitido por un juez de la Corte Superior de Ontario que permitirá a 13 guatemaltecos entablar tres demandas en contra de HudBay Minerals Inc. ante los tribunales canadienses.

Existe una doble moral en los beneficios de la libertad de elección del derecho aplicable?

El caso es complicado (ver la posición de los abogados que representan a los demandantes canadienses aquí, y la posición de HudBay aquí). Pero uno de los aspectos más desconcertantes de este caso es el hecho de haber recibido incluso el apoyo de las mismas organizaciones de activistas que se oponen a ampliar los sistemas de la ley aplicable para los hondureños, para que ellos también pudieran tener la oportunidad de acceder a una justicia de primera clase a nivel mundial.

Ciudades Modelo en Honduras

Quienes están familiarizados con las ciudades modelo sabrán que ningún país ha ido más allá de facilitar la creación de nuevas comunidades empresariales con la libertad de elección del derecho aplicable que Honduras. En 2011, Honduras aprobó una reforma constitucional que permitió la creación de Regiones Especiales de Desarrollo RED.  Permaneciendo como “una parte inalienable de la República de Honduras,” las Regiones Especiales de Desarrollo fueron definidas como entidades legales “autónomas” con el poder de “dictar sus propias normas y contar con sus propios órganos judiciales.”

En efecto, las Regiones Especiales de Desarrollo fueron diseñadas para ofrecer a las comunidades modelo en Honduras — un país que presenta una de las tasas de homicidio más alta del mundo y cuyo un índice de impunidad de los crímenes violentos alcanza el 97 por ciento — la posibilidad de adoptar el sistema legal de otra jurisdicción con una fuerte historia fuerte de respeto por el imperio de la ley, esto con la esperanza de instaurar la estabilidad y la confianza necesarias para poner en marcha el desarrollo económico.

Las propuestas para el desarrollo de las Regiones Especiales de Desarrollo fueron diversas, desde los planes de Paul Romer de una ciudad con privilegios que diera  cabida a millones de personas y que pudiera contar con la Corte Suprema de Mauricio para conocer los recursos de apelación (proporcionando acceso contracorriente al Consejo Privado del Reino Unido), hasta la propuesta más modesta de Michael Strong para las ciudades libres basadas en la ley estatal de Texas que iría gradualmente aumentando su escala.

Pero la resistencia a las Regiones Especiales de Desarrollo no se hizo esperar, en especial de la comunidad de activistas transnacionales. “Rights Action” que cuenta con un estatus de impuestos de beneficencia tanto en Canadá como en los Estados Unidos y que trabaja con grupos de la sociedad civil en México y América Central, comenzó a ejecutarla inmediatamente. Annie Bird, codirectora de Rights Action, escribió un artículo de amplia circulación que rechazó el desarrollo de las Regiones Especiales de Desarrollo a gran escala, el colapso de las propuestas de las ciudades privilegiadas y de las libres, incorporando historias acerca de un rey del porno canadiense y los escuadrones de la muerte salvadoreños, y sugiriendo, al final de todo, la adopción de un sistema jurídico distinto en las Regiones Especiales de Desarrollo RED equivale al “neocolonialismo”.

No obstante, es interesante observar que, mientras Bird y sus colegas argumentaban en contra de que la libertad de elección del derecho aplicable sea  factible para las ciudades modelo en Honduras; Rights Action, prestaba su apoyo al caso de 13 guatemaltecos que buscan presentar tres demandas ante los tribunales canadienses en contra de la compañía HudBay Minerals radicada en Toronto.

Impunidad y Doble Moral

En 2011, año en el que se presentaron demandas contra HudBay, Rights Action anunció que era “financiado y trabaja directamente” con las familias y las comunidades involucradas en el caso. Al año siguiente, Rights Action organizó una unidad de recaudación de fondos para apoyar a lo que describió como un “juicio de responsabilidad corporativa que sienta precedente” pidiendo a los partidarios enviar contribuciones a la firma de abogados “Klippensteins, Barristers and Solicitors” de Toronto.

Fuente: Prensa canadiense/Nathan Denette

El bufete de abogados lanzó un sitio web dedicado al caso de HudBay que invitó a los visitantes a considerar una simple pero importante pregunta: ¿Por qué demandar en Canadá? La mayoría de respuesta a dicha pregunta se centra en las deficiencias del sistema judicial en Guatemala. La firma en referencia cita a las Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos — quienes han emitido comunicados denunciando el nivel de impunidad en Guatemala, donde 98 de cada 100 casos nunca han llegado a los tribunales.

Dado que estas mismas instituciones internacionales de supervisión han señalado a un nivel comparable de impunidad en Honduras (por ejemplo aquí, aquí, y aquí) y que los representantes de Rights Action han afirmado categóricamente que “no hay estado de derecho” en Honduras, no está claro por qué los activistas parecen haber adoptado una doble moral acerca a la libertad de elección del derecho aplicable, apoyando al arbitraje Canadiense en el caso Guatemalteco pero prefiriendo que los hondureños sigan atrapados en la disfunción jurídica interna.

La Democracia y Sus Descontentos

La situación en Honduras es terrible. Cada año, entre 80.000 y 100.000 personas abandonan el país en busca de trabajo informal (oficialmente, ilegales) en los Estados Unidos. Cientos mueren en el camino; y, entre quienes lo logran, cada año más de 50.000 enfrentan deportaciones.

Los activistas no se equivocan al decir que en Honduras no cumple con los requisitos mínimos de una democracia robusta, en particular, teniendo en cuenta la crisis constitucional de 2009 que se dio como resultado del derrocamiento del entonces Presidente Manuel Zelaya.

Sin embargo, los críticos de la corriente principal de los medios de comunicación y la comunidad de activistas transnacionales que rechazan las ciudades inicio venta al por mayor sobre la base de que son “anti-democrático” pasan por alto dos puntos claves.

Primero, las corporaciones multinacionales en Honduras, como en otras partes, ya se benefician de la cláusula de libertad de elección del derecho aplicable que permite a las partes en un contrato designar la jurisdicción a la cual se someterán, cuyas leyes regirán el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos. Las ciudades modelo ofrecen la posibilidad de extender beneficios similares al de la libertad de elección del derecho aplicable a los individuos que opten por ello (como residentes y empresarios) como un sistema legal que es distinto de la ley hondureña. En la medida en que una ciudad modelo adopta un sistema legal de una jurisdicción internacionalmente reconocida para respetar el estado de derecho, esto conduce a la democratización de una buena ley. (Cabe recalcar que nadie está obligado a mudarse allí, si siente que el sistema legal adoptado por una ciudad modelo es inferior a la ley hondureña).

En segundo lugar, datos longitudinales de Latinobarómetro (1995-2010) revelan que más del 70 por ciento de los encuestados consideran el desarrollo económico como más importante que (49,4 por ciento) o tan importante como (22,8 por ciento) la democracia. Por otra parte, cuando se les pregunta acerca de las características más importantes de la democracia hondureña, los encuestados dan igual importancia a “elecciones periódicas y transparentes”, “igualdad ante la ley,” y “libertad de expresión” como lo hacen en “una economía que garantice un ingreso decente.” En otras palabras, el desarrollo económico es central en la forma en que los hondureños conceptualizan la democracia.

Insistir en que Honduras deje de lado los planes para las ciudades modelo y cierre sus puertas a la inversión extranjera — como los activistas transnacionales han argumentado tanto en la prensa como en el testimonio parlamentario en Canadá — es hacer caso omiso del sondeo Latinobarómetro que muestra que el 93,8 por ciento de los hondureños encuestados consideran la inversión extranjera como beneficiosa para el desarrollo económico. Mientras que el 70 por ciento de los hondureños encuestados temen que podrían perder su trabajo en el próximo año, la mayoría dice que los acuerdos de libre comercio (65 por ciento) y la inversión privada (75 por ciento) tienen un impacto positivo o muy positivo en las oportunidades de trabajo.

Los activistas preocupados por asegurar que los hondureños tengan “una voz,” deberían por lo menos prestar atención a lo que dicen.

La Carga de la Prueba

A finales de 2012, la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictaminó que la legislación que facilita la creación de Regiones Especiales de Desarrollo (RED) era inconstitucional. Sin embargo, las objeciones planteadas por la Corte Suprema fueron reconciliadas por tres reformas constitucionales aprobadas por el Congreso hondureño en enero de 2013. Esto seguido, en junio de 2013, por la aprobación de una ley que rige la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDEs, que son la versión revisada de las Regiones Especiales de Desarrollo RED. La nueva legislación no sólo permite las tierras no desarrolladas que se dediquen a las ciudades modelo, sino que también permite a los municipios existentes optar por las Zonas de Empelo y Desarrollo Económico ZEDE a través de un proceso de referéndum, dirigido a atender las inquietudes acerca de que las ciudades modelo pondrían en una desventaja injusta a los municipios existentes. (Para una descripción general de legislación de las ZEDEs en inglés, haga clic aquí).

Fuente: Associated Press/Fernando Antonio

En este contexto, el debate sobre las ciudades modelo continúa.

Al apoyar la consecución del caso HudBay ante los tribunales canadienses, los activistas de organizaciones transnacionales, como Rights Action y el Congreso Norteamericano sobre América Latina (ver un post anterior de NACLA aquí) han señalado la importancia de la libertad de elección del derecho aplicable en principio.

Ahora, la carga de la prueba le corresponde a estas organizaciones a fin de que expliquen por qué, si la justicia exige que se aplique la ley canadiense para resolver los casos de 13 personas de una comunidad Maya Q’eqchi en Guatemala, a miles de hondureños se les debería negar la oportunidad de optar por el beneficio de elección del derecho aplicable en las ciudades modelo.

Traducido por Melania Osorio De La Torre.

Victoria L. Henderson Victoria L. Henderson

Ex periodista y editora de revistas, Henderson es candidata a doctorado en la Universidad de Queen y directora administrativa del Instituto para el Análisis Económico y Social en Ontario, Canadá. Es licenciada en Español y Estudios Latinoamericanos y en Geografía. Síguela en @vlhenderson, y lee su columna destacada en PanAm Post, "El Paso del Norte".