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EnglishEn 2007, el Primer Ministro canadiense Stephen Harper anunció una nueva estrategia para el compromiso hemisférico. «Canadá se compromete a desempeñar un papel más grande en las Américas», dijo a un grupo de dirigentes políticos y empresariales en Chile, «y a hacerlo a largo plazo.»
El Primer Ministro de Canadá calificó como «totalmente absurda» la idea de que Canadá es «como los Estados Unidos.» El líder conservador utiliza su discurso en Chile para dar la imagen de Canadá como un aliado del norte independiente y simpático. No sólo la estructura política de Canadá difiere de la de los Estados Unidos, explicó Harper, sino también los valores culturales y sociales diseñados por fuerzas únicas, y hemos creado nuestras propias políticas para satisfacer nuestras necesidades.»
Excepto, al parecer, cuando se trata de la política de drogas.
En el continente americano, la voluntad política para poner fin a la guerra contra las drogas nunca ha sido más fuerte. Un creciente número de países latinoamericanos han tratado o aprobado leyes que favorecen la despenalización (para cambiar el debate sobre las drogas en el ámbito de la política de salud) y/o regulación legal (para eliminar las divisas del mercado negro que impulsa el tráfico global).
Pero los políticos de Canadá, al igual que en Estados Unidos, mantienen el compromiso de una política de prohibición; lo que significa gastar millones de dólares en aumentar la seguridad en América Latina y cambiar la imagen de las Fuerzas Canadienses a la de un «socio» de la estrategia antinarcóticos de los Estados Unidos ignorando la necesidad de un debate serio sobre la política de drogas internamente.
A principios de este mes, al preguntarle al Ministro de Asuntos Extranjeros del Canadá sobre la reciente decisión de Uruguay de legalizar la marihuana, parecía perplejo: «veo en Canadá la cantidad de esfuerzo que hemos hecho por la salud pública, para desalentar el hábito de fumar, incluso prohibirlo no solo en la propiedad pública sino en la privada también, por lo que resulta extraño que se dé este movimiento que promueve [la legalización de drogas]».
«Extraño», podría decirse que es una cuestión de perspectiva.
Según la Organización Mundial de la Salud, el alcohol contribuye a la muerte de más de 2 millones de personas al año. Pero, como señala presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, «nadie en el mundo ha ni siquiera sugerido erradicar las plantaciones de caña de azúcar, papas y la producción de cebada, pese a ser materias primas en la producción de de Ron, cerveza y vodka.» El comentario es una alusión a la erradicación forzosa de cultivos primarios para la fabricación de drogas en América Latina, un pilar controvertido e ineficaz de la guerra de Estados Unidos en contra las drogas.
Más extraño aún, quizás, es la reacción política a estudios que ponen en duda la lógica de la guerra contra las drogas. En 2009, el científico británico David Nutt publicó un informe que sugiere que cuando se consideran los daños tanto personales como sociales, el alcohol resulta ser más peligroso que muchas drogas ilegales, incluyendo la marihuana, el éxtasis y la LSD. Nutt fue despedido de su trabajo en el Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas del Reino Unido con el argumento de que «no puede ser un asesor del gobierno y un activista en contra de la política del mismo a la vez.» Con el significativo apoyo de colegas profesionales, Nutt, desde entonces define a las leyes sobre drogas como una forma de “censura científica.”
Desconectar la política de la producción y comercio de drogas es profundo y paradójico. En América Latina, donde los líderes políticos se han manifestado a favor de la reforma de las políticas, una reciente encuesta de Latinobarómetro muestra una significativa resistencia popular a la legalización de las drogas. Mientras tanto, en los Estados Unidos y Canadá, un amplio apoyo público a la legalización de la marihuana (ver encuestas aquí y aquí) se encuentra en marcado en contraste con las políticas oficiales de la prohibición.
Lo que complica más el problema es la creciente brecha política entre el gobierno federal y el estatal de los Estados Unidos. Mientras la acción hacia la legalización de la marihuana en los estados de Washington y Colorado puede ser un paso en la dirección correcta, los líderes latinoamericanos han expresado su preocupación ya que ésta sólo sirve para agravar los problemas existentes dando luz verde a los consumidores del norte mientras se continúa castigando a los países proveedores del sur, donde el número de muertos en la guerra contra las drogas es mayor.
«No tiene ningún sentido para [México] con 55 mil bolsas de cadáveres, parar el ingreso de drogas a los Estados Unidos, donde, una vez que entran al país, son de hecho o de derecho consumidas legalmente», afirma el académico y ex-Secretario de Relaciones Exteriores mexicano Jorge Castañeda.
A principios de este año, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un informe sobre el problema de las drogas en los países del continente americano, que incluyen cuatro escenarios para el tratamiento de las políticas de drogas: (1) una mejor seguridad hemisférica y la consolidación de las instituciones; (2) coordinación intergubernamental de alternativa legal y políticas regulatorias de regímenes, empezando por la marihuana; (3) mejorar la educación sobre las drogas y la salud pública, y (4) abandono de la lucha contra el tráfico internacional de drogas por una nación o un grupo de naciones que reúnan esfuerzos para reducir los costos sociales, económicos y ambientales de la guerra contra las drogas en las poblaciones domésticas.
La primera y la tercera hipótesis son variaciones de las políticas actuales, con las que casi todo el mundo —incluido el Primer Ministro canadiense— concuerda en que no están funcionando. Por lo tanto, realmente, sólo hay dos nuevos escenarios en juego. Y ambos requieren probar la determinación de la prohibición en el Norte.
Canadá, como sus homólogos de América Latina, en el pasado ha sido intimidado por los Estados Unidos sobre la reforma de la política de drogas. Los intentos del Partido Liberal de Canadá para impulsar la despenalización de la marihuana en los inicios de los años 2000, atrajeron rápidamente la ira de los funcionarios estadounidenses, quienes cuestionaron el estatus de Canadá como un vecino amistoso, advirtiendo que Estados Unidos tomaría «medidas aún más drásticas en nuestra frontera si ustedes liberalizan y contribuyen a lo que consideramos un problema de turismo de drogas.»
Recientemente, el Partido Liberal aumentó la apuesta, anunciando el apoyo a la legalización de la marihuana. Pero, incluso si los liberales ganaran la próxima elección federal de Canadá y la Casa Blanca ablandara su postura sobre la marihuana (lo que parece dudoso), restringir el debate de la legalización de la marihuana ignora el hecho de que el mayor problema en el resto del hemisferio es la prohibición de la cocaína, no de la marihuana.
No hay respuestas fáciles. Si Canadá es serio en el compromiso hemisférico, debe seriamente obligarse con más de un país en el hemisferio sobre políticas de drogas.
Traducido por Melania Osorio De La Torre.
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