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EnglishHay un viejo dicho que reza que “los opuestos se atraen”.
Bruce Yandle convirtió esta idea en una teoría económica que explica por qué grupos con intereses sectoriales que aparentemente son opuestos, a menudo encuentran una causa común en sus cruzadas pro-regulación.
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Yandle usa la analogía de “contrabandistas y bautistas” para describir cómo la demanda de regulación por parte de un grupo, según fundamentos de interés público, provee garantía política de lo mismo a otro grupo que busca sacar provecho de una regulación, al mismo tiempo que mina los intereses del primer grupo mencionado.
Los contrabandistas, como relata la analogía, harán lobby político a favor de la petición de los bautistas de prohibir el alcohol, pues la regulación hace caer la competencia que enfrentan los contrabandistas. Y facilitando la aprobación de ese tipo de regulación, los políticos aseguran no estar promoviendo los intereses de los contrabandistas, con la excusa del bien común.
Entre los casos en los que tanto contrabandistas como bautistas trabajan, Yandle señala la “tecnología y especificaciones sobre los estándares y requisitos especiales, para viejos y nuevos medios.”
Tomemos, por ejemplo, el reciente anuncio de que el gobierno de Ontario busca introducir una nueva política de abastecimiento ético para las empresas que participen en licitaciones provinciales en materia textil.
La decisión, con implicaciones para trabajadores textiles en toda América y el mundo, pone a Ontario al mismo nivel que otras 20 municipalidades canadienses – además de otras zonas en Estados Unidos que introdujeron políticas similares.
Los sindicatos, grupos religiosos y activistas contra los talleres de trabajo esclavo incitaron a los oficiales canadienses a adoptar este tipo de protocolo en el año 2005. Pero el gobierno no respondió por mucho tiempo a estas demandas, hasta que el colapso de un taller en Bangladesh a comienzos de este año trajo nuevamente el tema al centro de la atención mediática.
Un mercado para regular
El colapso en abril de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh provocó la muerte de más de 1.100 trabajadores y otros miles de heridos. Es difícil imaginar que una persona no pueda ser afectada frente a esta tragedia: las familias lloraban la pérdida de sus seres queridos, los sobrevivientes se lamentaban por sus compañeros, una ciudad y una entera nación quedaron en shock, mientras alrededor del mundo se despertaba un escándalo en torno al hecho de que una fábrica proveedora de marcas tan conocidas como Benetton, El Corte Inglés, JC Penney y Walmart fuera una trampa mortal “pobremente reglamentada“.
Luego del desastre del Rana Plaza, los pedidos de mayor regulación parecían ser la catarsis. Tanto es así – parecen incluso haber sorprendido al propio reportero del Toronto Star que anunció la nueva propuesta de abastecimiento ético de Ontario – que “incluso” algunos de los mayores proveedores de prendas de la provincia se han unido a la cruzada.
De todas formas, antes de celebrar la bienvenida que las industrias dieron a las regulaciones, vale la pena recordar la observación de George Stigler, según la cual, “por regla general, la regulación es adquirida por (…) la industria, y está diseñada y orientada principalmente para su beneficio”.
A menudo, las compañías bien posicionadas dan su apoyo a nuevos estándares industriales porque sus economías de escala les permiten absorber los costos de esa regulación más fácilmente que a los pequeños competidores y nuevas empresas.
Entonces, no debería ser una sorpresa que el Uniform Group, el proveedor privado más importante del gobierno de Ontario en materia de prendas, se haya declarado en favor de la nueva política ética de la provincia – precisamente al mismo tiempo que el propietario Joe Vaccari admite que sus competidores están recurriendo a talleres en el exterior. Entre los bienes que Vaccari vende a la provincia, están las túnicas hechas en Canadá, que cuestan CAN$200 cada una, tres veces el salario mensual de un trabajador en un taller de Bangladesh.
Vaccari y otros proveedores importantes declararon que las nuevas políticas son necesarias para “exponer” los salarios abusivos de los trabajadores en talleres en el exterior. Sin embargo, de acuerdo a algunos académicos, “la mayoría de los talleres provee a sus trabajadores de un salario mayor al promedio”. En Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, un empleado que trabaja 50 horas por semana en la industria textil gana más que el ingreso promedio a nivel nacional – y en algunos países, hasta siete veces más.
Mientras los partidarios de estas regulaciones, condenan repetidamente el uso de chicos en talleres en el exterior, incluso los activistas anti-explotación laboral admiten que cualquier prohibición del trabajo infantil amenaza con condenar a las familias y sus niños a situaciones más precarias.
De hecho, eso es precisamente lo que ocurrió en Bangladesh en los años ’90, cuando el Senador de Estados Unidos Tom Harkin (D-IA) propuso un protocolo ético que prohibió las importaciones de países que empleaban trabajo infantil. Esta jugada recibió fuertes críticas desde UNICEF, que declaró que la política privilegiaba el proteccionismo comercial sobre la reducción de la pobreza. Los talleres devolvieron a los chicos a las calles, donde eran forzados a prostituirse.
Las políticas de desinformación
Hay una percepción habitual, largamente transmitida a través de documentales y canciones, de que los talleres están ubicados en zonas “no reglamentadas”.
De todas formas, es un error asumir que la tragedia de Rana Plaza es resultado de la falta de controles. El propietario del lugar declaró haber adquirido la propiedad a través de una apropiación de tierras ilegal y haber construido la fábrica sin los permisos requeridos. En otras palabras, aparentemente lo dejaron solo para poder cometer estos actos porque tenía buenos contactos políticos.
Otro error, es asumir que Bangladesh no es observado internacionalmente. El Wall Street Journal reporta que “al menos dos de cada cinco talleres en Rana Plaza ha aprobado las auditorias internacionales de trabajo y sanidad.”
En realidad, el ambiente regulatorio en los países con talleres suele ser altamente restrictivo. Bangladesh, por ejemplo, se ubica 130 entre 189 países en el índice Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad de realizar negocios.
Y la dificultad de empezar un negocio constituye el incentivo más grande para operar ilegalmente. En el caso de Rana Plaza, las fuentes dicen que el sistema de permisos se evita porque es “demasiado lento”.
Brasil, en donde un taller ilegal fue recientemente vinculado al gigante de la moda Zara, se ubica en el puesto 123. Haití, en el 187; Honduras, 162; El Salvador, 148; República Dominicana, 144; Nicaragua, 123; y Costa Rica, 102.
Si el mercado de la regulación es un mecanismo para decidir la distribución de favores políticos, como Stigler y Yandle sugieren, entonces deberíamos esperar ver una relación entre regulación y corrupción. Y de hecho, así es: Bangladesh se ubica en el puesto 136 entre 177 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Haití se ubica 163; Honduras, 140; Nicaragua, 127; República Dominicana, 123; y así continúa.
En este contexto, llegan las noticias de los activistas contra los talleres de trabajo esclavo, quienes — como el reportero del Toronto Star citado previamente – se sorprenden de que incluso los proveedores reconozcan ahora la necesidad de “mejores regulaciones” gubernamentales de la industria, aunque no están de acuerdo en la forma que dichas regulaciones toman.
Aún así, esto es exactamente lo que la teoría de Yandle predice: los contrabandistas ganan más cuando pueden desligarse del interés público – convertirse en free raiders – clamando por una cruzada moral mientras se descargan de los costos de la supervisión de la regulación anticompetitiva de la que ellos se benefician. Incluso, se podría decir que en la búsqueda de más regulación, los activistas anti explotación laboral y sus compinches capitalistas están cortados por la misma tijera.
La verdadera tragedia del lobby contra los talleres del trabajo esclavo, es que nadie pide menos regulación – es decir, menos búsqueda de favores políticos – y más atención a las maneras en las cuales los intereses sectoriales manipulan las cruzadas morales por el bien común.
Traducido por Sofía Ramirez Fionda.
