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La deferencia del lobby canadiense hacia América Latina: Venezuela 1, Honduras 0

Por: Victoria L. Henderson - @vlhenderson - Abr 8, 2014, 4:22 pm

EnglishEl gobierno canadiense debería denunciar la violencia extrema contra los activistas de derechos humanos y opositores políticos, la impunidad y la corrupción, la politización judicial, y la decadencia institucional en América Latina.

Así lo afirma el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional (CCIC), una coalición de aproximadamente 90 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la rama canadiense de Amnistía Internacional, Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión, la Asociación de Enfermeros de Canadá, Servicio Universitario Mundial de Canadá, varios sindicatos canadienses importantes, y grupos religiosos y laicos dedicados a la justicia social.

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Fuente: CCIC Facebook.

Al menos eso es lo que dijo el CCIC en 2013, cuando el Consejo criticó duramente al gobierno de Canadá por tratar a Honduras como un “socio amistoso”, en lugar de denunciar abiertamente “la situación de los derechos humanos y el flagrante desprecio del Gobierno de Honduras al imperio de la ley”.

En un artículo de opinión publicado por la revista Embassy en mayo del 2013, los funcionarios del CCIC denunciaron el deterioro de la democracia en Honduras. Los autores buscaban deslegitimar al gobierno de Honduras, poniendo en entredicho tanto el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Honduras, como dos iniciativas clave de política en Honduras: Una nueva ley de minería, y una enmienda constitucional allanando el camino para el desarrollo de ciudades empresariales y zonas LEAP.

Las razones dadas por el CCIC para rechazar las reformas de libre mercado en Honduras son numerosas, pero todas se basan en la afirmación de que la disputada remoción del poder de Manuel Zelaya ―para entonces presidente de Honduras― en el 2009, fue seguida por unas elecciones que fueron “profundamente defectuosas” y llevadas a cabo en un ambiente de inseguridad generalizada y persecución política.

Al formular su acusación contra el gobierno de Honduras, el CCIC afirma que la legitimidad democrática depende tanto de la integridad del proceso electoral y las condiciones en que se ejerce el poder, como de los resultados de una determinada contienda electoral ―lo que plantea la cuestión de por qué el Consejo está instando al Gobierno de Canadá a cesar sus críticas hacia el gobierno bolivariano en Venezuela.

En medio de la creciente condena internacional a la represión estatal ejercida por el régimen socialista de Venezuela, Embassy publicó recientemente una carta abierta del Grupo de Políticas para América del CCIC al Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird. La carta exige que Canadá demuestre un “enfoque equilibrado y respetuoso” a la crisis venezolana. Concretamente, el CCIC pide al gobierno de Canadá reconocer la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro del año pasado, diciendo que “la legitimidad del actual gobierno [venezolano] es clara”.

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La Guardia Nacional venezolana fuertemente preparada para confrontar a las protestas opositoras (febrero, Caracas). Fuente: PanAm Post.

Cuando se compara con el llamado del CCIC para que Canadá denunciara la “ilegitimidad” del gobierno de Honduras, basándose en elecciones “profundamente defectuosas” (2013) y “cuestionables” (2014), lo único que queda claro acerca de la posición del Consejo sobre Venezuela parece ser su sesgo ideológico.

Tal como Terry Glavin reflexionó recientemente en el Ottawa Citizen, “el que el bolivarianismo todavía goce de tanta popularidad entre los canadienses que se consideran ‘progresistas’, es un misterio…”

Todas las cuestiones fundamentales planteadas por el CCIC para deslegitimar al gobierno de Honduras (ver aquí y aquí) están también en juego en Venezuela. Estas incluyen: Las denuncias de violaciones constitucionales, tanto en el origen como en el ejercicio del mandato presidencial; rápida militarización y reclutamiento de grupos paramilitares patrocinados por el Estado; persecución generalizada de los periodistasopositores políticos; escalada de homicidios, junto con el aumento de la impunidad de los crímenes violentos; la politización del poder judicial; y la decadencia institucional generalizada.

A pesar de la similitud de estas condiciones de fondo ―de hecho, el número de muertos y heridos durante las ocho semanas de inestabilidad política en Venezuela es mayor que el que hubo durante todo el año previo a la última elección presidencial en Honduras― el CCIC está principalmente preocupado por que una resolución cuidadosamente redactada de la Cámara de los Comunes canadiense sobre Venezuela, “parece presentar al gobierno venezolano como el único responsable” de la violencia política.

El CCIC, que no ahondó en sutilezas para asignar responsabilidades respecto a la violencia política en Honduras, no se equivoca al exigir precisión respecto a la crisis venezolana. Sin embargo, la insistencia del Consejo sobre el “hecho” de que en Venezuela “los partidarios del gobierno y los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la oposición, han sufrido fatalidades, personas heridas y detenidas por igual“, es, en el mejor de los casos, exagerada.

Sobre la cuestión de las víctimas mortales en Venezuela, sigue existiendo una importante confusión sobre la clasificación de las víctimas y los agresores; simplemente no hay evidencia que apoye la afirmación del CCIC de que las facciones pro-gubernamentales han sufrido “por igual” en términos de lesiones y detenciones. Por otra parte, la insistencia del CCIC en que el llamado por parte de los líderes de la oposición de Venezuela a las pacíficas protestas de calle de alguna manera los hace personalmente responsables de una gran parte de la violencia, no es sino un fiel eco de la retórica del régimen.

Por su parte, el gobierno venezolano ha desestimado reiteradamente los problemas internos de inseguridad, inflación, corrupción, y la escasez de alimentos, medicinas y energía como catalizadores de las protestas. El régimen prefiere presentar los disturbios como evidencia de un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Apoyando esta versión de los hechos, el CCIC insta al gobierno canadiense a distanciarse de la posición de EE.UU. (incluyendo el apoyo a los movimientos pro-democracia) y a “condenar la intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela”.

Cabe destacar que la condena de la CCIC de la intervención extranjera en Venezuela se abstiene de mencionar del papel desmesurado de Cuba en la administración pública, la seguridad, la inteligencia y el aparato militar de Venezuela ―un tema que es ignorado sistemática y estratégicamente por los defensores internacionales del régimen venezolano, pero que sigue siendo una de las causas fundamentales de las protestas.

El CCIC insiste en que Canadá debería “alinearse con el resto de las Américas en el apoyo a la propuesta del presidente Maduro para el diálogo cara a cara, dirigida a la búsqueda de soluciones comunes a los problemas que sufre Venezuela”.

El llamado al diálogo es presentado por el CCIC como una posición no correspondida; sin embargo, esto oculta el hecho de que dos de los mayores campos de la oposición en Venezuela (ver aquí y aquí) ya han expresado su acuerdo en la necesidad de diálogo. El punto de conflicto es si el gobierno se comprometerá a cumplir con las condiciones previas de la oposición para las conversaciones, que incluyen el desarme de los grupos paramilitares y la liberación de los presos políticos y detenidos.

Maduro ha dejado claro que no aceptará las condiciones previas, lo que lleva a un analista observar que cualquier intento por parte de terceros para mediar en Venezuela tendrá “poca discreción más allá de lo que el gobierno de Maduro permita“.

La carta abierta del CCIC sobre Venezuela se refiere a la “voluntad conjunta de los países de América Latina y el Caribe” a respetar la legitimidad del gobierno de Maduro. Pero no hay un consenso hemisférico sobre la necesidad de cesar en la crítica de los abusos de derechos humanos del régimen venezolano.

Legisladores de Chile, México, Costa Rica y Panamá, han expresado preocupación por la seguridad de los manifestantes. Incluso Brasil, que ha sido objeto de ataques por la venta de gas lacrimógeno a Venezuela para dispersar manifestaciones en la calle, parece estar ralentizando su apoyo a la plataforma bolivariana. La Iglesia Católica de Venezuela ha denunciado tendencias “totalitarias” del régimen; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su “profunda preocupación” por la criminalización de la disidencia; y la Unión Europea, en defensa de las condiciones previas de la oposición para el diálogo, ha pedido explícitamente al gobierno de Maduro “desarmar y disolver” las milicias civiles afines al gobierno .

Uno se pregunta si las organizaciones que conforman al CCIC han sido debidamente informadas de la iniciativa del Consejo para reforzar la legitimidad del régimen venezolano.

¿Será que la rama canadiense de Amnistía Internacional (AI), miembro del CCIC, simplemente desconoce el reciente informe de Amnistía Internacional que exige una investigación sobre las denuncias de que las fuerzas de seguridad venezolanas “han recurrido al uso excesivo de la fuerza, incluyendo el uso de armas de fuego, e incluso la tortura” al tratar con los manifestantes?

¿Qué pasa con los otros grupos miembros del CCIC?

¿Por qué será que Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión ignoran las denuncias de censura y agresión realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela? ¿Se habrá enterado la Asociación de Enfermeras del Canadá de que los profesionales médicos en Venezuela han declarado un estado de emergencia debido a la escasez de suministros básicos, o que el gobierno ha prohibido que los médicos comunitarios se unan a las protestas? ¿Podrá ser que el Servicio Mundial Universitario de Canadá considere innecesario pronunciarse sobre el hecho de que los estudiantes opositores en Venezuela han sido desnudados y golpeadoso en el campus por fuerzas pro-gubernamentales?

Exigir que el régimen venezolano aborde estos y otros abusos no es afín a la conspiración golpista. Por el contrario, es coherente con un legítimo compromiso para la democracia sustantiva en el hemisferio. Y también es coherente con las exigencias previamente planteadas por el CCIC a Honduras.

La resolución de la crisis en Venezuela debe empezar por ponerle fin a la hipocresía “progresista”.

Traducido por Alan Furth.

Victoria L. Henderson Victoria L. Henderson

Ex periodista y editora de revistas, Henderson es candidata a doctorado en la Universidad de Queen y directora administrativa del Instituto para el Análisis Económico y Social en Ontario, Canadá. Es licenciada en Español y Estudios Latinoamericanos y en Geografía. Síguela en @vlhenderson, y lee su columna destacada en PanAm Post, "El Paso del Norte".