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Alerta Human Rights Watch: ¿Elenco estelar hace trabajo sucio para régimen venezolano?

Por: Victoria L. Henderson - @vlhenderson - May 25, 2014, 9:58 pm
Venezuelan soldiers detain a student protestor
Fuente: Human Rights Watch.

English Hay algo que anda mal cuando un grupo de estudiosos altamente acreditados refrendan un argumento que no superaría la más simple inspección si fuese presetado por un estudiante de pregrado – especialmente cuando ese argumento es sobre una controversia geopolítica que está sobre el tapete.

Alerta Human Rights Watch
Ciento treinta y un individuos, casi todos académicos de Estados Unidos, han firmado una carta abierta exigiendo a Human Rights Watch (HRW) cerrar la “puerta giratoria” que la conecta con el gobierno de EE.UU.; la carta hace la afirmación infundada de que HRW está sesgada en contra de estados abiertamente hostiles a los Estados Unidos, específicamente en contra de Venezuela.

El argumento de la “puerta giratoria”
Los firmantes dicen que HRW es complaciente en cuanto a los abusos contra los derechos humanos de EE.UU., incluyendo el tratamiento de presuntos terroristas en Guantánamo; sin embargo, en lugar de instar a HRW a adoptar normas de evaluación más estrictas para casos relacionados con Estados Unidos, la carta extrañamente pregunta por qué HRW no ofrece una “consideración similar” a Venezuela.

HRW es sesgada excepto cuando no lo es
Haciendo una falsa analogía, la carta cuestiona por qué HRW desafió la candidatura de Venezuela para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no cuestionó la candidatura de los Estados Unidos; irónicamente, la carta enlaza a un informe de HRW muy crítico con la política de EE.UU., lo cual pone en problemas la afirmación central de la carta.

Llamar la atención hacia Venezuela, pero no hacia los casos de tortura
La carta llama la atención sobre la tortura de presuntos terroristas en Estados Unidos, pero evita toda mención de las protestas en Venezuela, así como de un reciente informe de HRW que atribuye abusos sistemáticas de derechos humanos, incluyendo la tortura, a las fuerzas de seguridad venezolanas.

Redefinir los términos y sacar a la luz los intereses en juego
Los firmantes de la carta son personas comprometidas con la defensa del gobierno de Venezuela “incluso cuando existan críticas claras o problemas con el proceso”, lo que plantea interrogantes sobre si la carta tiene la intención de influir en el curso de la crisis venezolana.

Desde Caracas con amor… y “suciedad”
El activista al que se atribuye “orquestar” la carta abierta es simpatizante del régimen venezolano y promete sacar a la luz “más suciedad próximamente”, pero no explica por qué la carta fue publicada apresuradamente sin una investigación detallada de sus afirmaciones centrales.

Todo lo viejo vuelve a ser nuevo
La carta surge una semana después de que HRW publicó su informe sobre la tortura en Venezuela y parece responder a los objetivos del régimen venezolano en dos frentes: (1) mediante la introducción de la posibilidad de una defensa condicional de la violación de protocolos estándar de derechos humanos en el tratamiento de presuntos manifestantes (redefiniéndolos como terroristas); y (2) intentando desacreditar a HRW, y por lo tanto su informe que documenta la tortura en Venezuela, alegando —sin sustento— que la organización está relacionada con Washington a través de una “puerta giratoria”.

La semana pasada, los canales progresistas del ciberespacio hervían por la circulación de una carta pidiendo a Human Rights Watch (HRW) cerrar la “puerta giratoria” que la vincula con el gobierno de EE.UU. (GEEUU).

La carta, enviada al Director Ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, y posteriormente publicada a través de las redes sociales, fue firmada por 131 personas, en su mayoría académicos estadounidenses. Para redondear, se incluyen a un puñado de activistas, unos canadienses, dos premios Nobel y a Oliver Stone.

WikiLeaks retuiteó un enlace a la carta; Michael Moore hizo su parte en Facebook.

Los firmantes de la carta están en desacuerdo con la afirmación de HRW de ser “una de las principales organizaciones independientes dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos en el mundo”. Esta afirmación, dicen los críticos, se ve comprometida por el hecho de que varios miembros del staff clave de HRW tienen, o han tenido, estrechos vínculos personales y/o profesionales con el gobierno de EE.UU.

Específicamente, los críticos nombran a cinco personas: Un ex empleado de HRW que ahora trabaja en el Departamento de Estado; un miembro actual de la junta directiva de HRW que se auto-identifica como un amigo del expresidente de EE.UU. Bill Clinton; un miembro actual del comité asesor de HRW que es exembajador en Colombia; otro miembro del comité asesor de HRW con ​​vínculos pasados a la Fundación Nacional para la Democracia; y un ex miembro del comité asesor de HRW y ex analista de la CIA que ahora actúa como enlace de inteligencia entre el gobierno de los EE.UU. y la sociedad civil.

¿Es esto una prueba definitiva de la existencia de una puerta giratoria entre HRW y Washington? En resumen: No.

Las conexiones HRW-GEEUU en las que se basan los firmantes datan de hace más de una década e implican menos del 2% de las 285 personas que se desempeñan actualmente en la junta directiva y varios comités consultivos de HRW. Si se incluye a los pasados miembros de comités y de la junta directiva (por no hablar de pasados y actuales miembros del staff), la proporción de vínculos conspirativos así expuestos es aun menos palpable.

Lejos de representar una puerta giratoria, parece que las conexiones HRW-GEEUU son la excepción y no la regla.

La demanda central de los firmantes es que cualquier persona que haya trabajado en el “diseño o ejecución” de la política exterior de EE.UU. sea restringida de trabajar o asesorar a HRW. Tal vez esta sea una buena idea. Pero parece descabellado suponer que ser amigo de Bill Clinton equivalga a la elaboración y ejecución de la política exterior de EE.UU.

Los firmantes no hacen ningún esfuerzo para conectar cualquiera de los cinco individuos nombrados en la carta a políticas específicas que muestren que HRW esté avanzando una agenda establecida en Washington; ni hay nada en la carta que demuestre inconsistencia de jurisdicción por parte de HRW.

Así que, ¿de qué se trata esto en realidad? ¿Quién está detrás del asunto? ¿Y por qué esto importa en este momento?

Pues resulta que la carta se basa en un artículo de 2013 que reapareció en febrero de este año, un día después de que las protestas estallaran en Venezuela. Orquestada y firmada por algunos de los más firmes defensores del régimen venezolano, la carta surge una semana después de que Human Rights Watch publicara un informe detallado acusando al gobierno venezolano de abusos sistemáticos a los derechos humanos, incluyendo la tortura. El momento en el que se publica la carta y su contenido sugieren que puede tener como objetivo influir en el curso de la crisis venezolana.

El argumento de la “puerta giratoria”

Los firmantes sugieren que la llamada puerta giratoria entre Human Rights Watch y Washington asegura que el trabajo de HRW está sesgado a favorecer los intereses de política exterior de Estados Unidos.

El argumento comienza citando a Tom Malinowski, ex director de incidencia de HRW que ahora está con el Departamento de Estado de EE.UU. En el año 2009 —en su calidad de representante de HRW, y en respuesta a la controversia en torno a la política de detención de EE.UU. en Guantánamo— Malinowski ofreció una defensa condicional de las “entregas extraordinarias” (la práctica de transportar a delincuentes o presuntos terroristas a países extrangeros para ser sometidos a interrogación).

Los firmantes claramente creen que la política de entregas extraordinarias es problemática, aunque no la rechazan explícitamente.

El argumento parece ser que la defensa condicional de HRW de esta política implica darle al gobienro de EE.UU. mayor margen de maniobra en materia de derechos humanos, mientras que el trabajo de Human Rights Watch en otras jurisdicciones, particularmente en países abiertamente hostiles a EE.UU., se basa en un protocolo de derechos humanos mucho más rígido; Venezuela y Siria se ofrecen como ejemplos.

Esto puede que sea cierto. Pero nada en la carta respalda la acusación; ni tampoco los firmantes sugieren que se realice un estudio para probar la tesis de la puerta giratoria.

Esto parece extraño si se toman en cuenta las credenciales académicas de los firmantes, sobre todo porque algunos de ellos firmaron también una carta abierta en 2008 que criticaba un informe de Human Rights Watch sobre Venezuela, al que acusaban de “publicitar acusaciones amplias y radicales que no están respaldadas con evidencia”, un ejercicio que los firmantes calificaron de “escandaloso y completamente indefendible”.

El informe de HRW de 2008 fue muy crítico con la situación de los derechos humanos en Venezuela. Si bien el gobierno de Venezuela y los 118 expertos firmantes de la carta abierta de 2008 se movieron rápidamente para desacreditar el informe, las conclusiones de HRW, en particular en lo que respecta a la independencia judicial, han sido corroboradas desde entonces por otros organismos internacionales, siendo el más reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este contexto, lo que es más desconcertante acerca de la nueva campaña contra HRW no es que exija mayor escrutinio de las cuestiones de derechos humanos, sino que parece exigir menos.

Tomando como referencia el atípico caso de las entregas extraordinarias, los firmantes sostienen que hay algo que anda mal en cuanto al compromiso de HRW sobre cuestiones de derechos humanos que involucran a los EE.UU. Sin embargo, en lugar de exigir limitaciones evaluativas más estrictas para garantizar que HRW cumpla con un estándar más alto en la evaluación de casos de EE.UU., los firmantes se mueven en la dirección opuesta. Curiosamente, sugieren que las normas supuestamente más laxas adoptadas por HRW para juzgar los casos de Estados Unidos se extiendan a otras jurisdicciones.

En concreto, a los firmantes les preocupa de que Human Rights Watch “no haya ofrecido una consideración similar a Venezuela”.

HRW es sesgada excepto cuando no lo es

Source: Venezuela Ministry of Information and Communication
Fuente: Ministerio para la Comunicación e Información de Venezuela.

Las entregas extraordinarias no son un problema en Venezuela. Así que cuando los firmantes se preguntan por qué Human Rights Watch no le ha ofrecido una “consideración similar” a Venezuela, están, de hecho, pidiendo la consideración de un conjunto completamente diferente de problemas de derechos humanos.

Y ahí el argumento adquiere un nuevo significado.

En un intento de ilustrar el sesgo jurisdiccional de HRW, la carta cuestiona por qué la organización desafió la candidatura de Venezuela para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en 2012, pero nunca ha cuestionado la calidad de miembro del CDH de los Estados Unidos, un país que – subrayan – practica entregas extraordinarias.

Pero esta es una falsa analogía. Es de suponer que si Venezuela practicase entregas extraordinarias, HRW aplicaría las mismas “consideraciones” que aplica a EE.UU. en cuanto a ese tema (y esto no dice nada de si tales consideraciones son moralmente defendibles). Si no fuese así, HRW ciertamente estaría expuesto a acusaciones de incoherencia.

Irónicamente, al cuestionar la idoneidad de los Estados Unidos para un asiento del Consejo de Derechos Humanos, la carta abierta a Human Rights Watch enlaza a un informe de HRW que expresamente denuncia la detención indefinida de personas recluidas en Guantánamo como “ilegal” y violatoria del derecho internacional. Esto complica la narrativa central de la carta, a saber, que HRW no se pronuncia sobre las irregularidades del gobierno de EE.UU.

Una búsqueda en el sitio web de HRW muestra que la organización ha catalogado críticas significativas de la política de EE.UU. desde 1991. ¿Ha recibido EE.UU. tantas críticas de HRW como otras jurisdicciones en cuanto a los mismos o similares problemas? Eso es precisamente lo que un estudio detallado ayudaría a determinar.

Por su parte, Venezuela ha sido criticada por su historial de derechos humanos en varias áreas clave. Tal como lo detalla HRW en una carta de 2012 respecto a la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, entre estas áreas se inculyen: La parcialidad judicial, la censura de los medios, la persecución de los defensores de los derechos humanos, y —no menos importante— la negativa a cumplir con los mecanismos de supervisión de la ONU y otros organismos internacionales.

En cualquier caso, la capacidad de Venezuela para obtener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a pesar de enfrentar tales críticas refleja la relativa impotencia de las preocupaciones de HRW frente a un proceso de votación secreta que ha otorgado asientos en el organismo a otras naciones con libertades civiles altamente restringidas.

Llamar la atención hacia Venezuela, pero no hacia los casos de tortura

Source: Centro de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático
Juan Manuel Carrasco. Fuente: CDHDD

La carta abierta no hace mención de las protestas generalizadas que estallaron en toda Venezuela a principios de este año.

Desde el principio, las autoridades venezolanas han sostenido que las protestas son parte de una campaña de desestabilización apoyada por EE.UU. para derrocar al gobierno socialista de Venezuela. Este relato se ha visto favorecido por los informes de que la CIA sabía acerca de un efímero golpe de Estado en 2002 contra el expresidente de Venezuela Hugo Chávez, pero no hizo nada para detenerlo.

Cada vez más, sin embargo, la comunidad internacional se está resistiendo al uso que Venezuela hace de la narrativa golpista. En parte, esto se debe a que la evidencia de una conspiración golpista es turbia en el mejor de los casos; pero también refleja la creciente preocupación por el uso excesivo de la fuerza estatal.

La cifra oficial de muertos por la violencia relacionada con la protesta en Venezuela se sitúa en 44, incluidos manifestantes, personal de seguridad, partidarios del gobierno y transeúntes inocentes. Más de 800 personas han resultado heridas, y aproximadamente 3.000 manifestantes, en su mayoría estudiantes, han sido detenidos o arrestados.

En marzo, Human Rights Watch envió personal a Venezuela para investigar; en mayo, se publicó un muy completo informe de 103 páginas que detalla los hallazgos de la organización. Titualdo “Castigados por Protestar“, el informe documenta 45 casos de abusos contra los derechos humanos que involucran a más de 150 víctimas en toda Venezuela. Según el informe, las fuerzas de seguridad venezolanas “han abusado de los derechos de los manifestantes y otras personas en las proximidades de las manifestaciones”, y han permitido a bandas armadas progubernamentales atacar a civiles desarmados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con dichas bandas”.

En al menos 10 casos, dice HRW, el abuso “consistió claramente en la tortura”. Uno de estos casos es el de Juan Manuel Carrasco, un joven de 21 años de edad que dice haber sido sodomizado con un rifle por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Calificando las afirmaciones de Carrasco como infundadas, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se burló del joven durante una conferencia de prensa televisada, sosteniendo una foto de un rifle y preguntando retóricamente: “¿Ustedes creen que una persona que haya sido violada (…) pueda sentarse en la audiencia de presentación?”

Según Ortega Díaz, los informes médicos no corroboran la versión de Carrasco. Pero HRW dice que ha visto una copia del informe médico emitido por el Centro Policlínico de Valencia que confirma que Carrasco sufrió una “hemorragia rectal“.

Carrasco está representado por abogados del Foro Penal de Venezuela, una organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos que dice que está investigando más de 500 casos de tortura, 160 de los cuales ya han sido presentados a las autoridades. Expertos en derechos humanos en las universidades venezolanas han expresado preocupaciones similares por el tratamiento de los manifestantes. Y tanto Amnistía Internacional como las Naciones Unidas han llamado la atención sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza estatal y la posibilidad de que los manifestantes en Venezuela estén siendo torturados y negados del debido proceso.

En vista de esto, defender la integridad del régimen venezolano no es tarea fácil. Pero algunos de los firmantes de la carta a HRW insisten en mantenerse como sus firmes aliados.

Redefinir los términos y sacar a la luz los intereses en juego

Venezuelan protesters clash with police
Los manifestantes venezolanos están siendo redefinidos como terroristas. Fuente: Staff de PanAm Post.

De acuerdo con un académico que simpatiza con el régimen venezolano, hay un movimiento dentro de Venezuela para redefinir a los manifestantes como terroristas: “Recientemente, el comentarista de televisión chavista [oficialista] Miguel Pérez Pirela, exhortó a sus colegas a usar la palabra ‘terrorismo’ en lugar del término ‘guarimba’, que es una palabra local que se refiere a la violencia urbana de tipo foquista [guerrilla marxista]”, escribe Steve Ellner en Venezuela Analysis.

Mientras que los funcionarios venezolanos han hecho referencias ocasionales en el pasado a miembros de la oposición como terroristas, la llamada de Pérez Pirela parecería reflejar una estrategia más concertada, y no sin razón: Si los manifestantes pueden ser redefinidos como terroristas, entonces puede que se ofrezcan algunas “consideraciones” para justificar una violación de los protocolos estándar de derechos humanos por parte del gobierno, al menos si los EE.UU. es un ejemplo.

Y es aquí donde la carta abierta a Human Rights Watch tiene un significado más inmediato.

Greg Wilpert, firmante de la carta actual, así como de la carta que surgió en respuesta al informe de HRW sobre Venezuela en 2008, manifiesta su sensibilidad en cuanto a la cuestión de la oportunidad. Una de las principales críticas de Wilpert del informe de HRW en 2008 fue que “el momento de la publicación del informe fue terrible, apenas dos meses antes de una importante contienda electoral”. Según Wilpert “la sospecha de que HRW está tratando activamente de influir en estos eventos no puede ser descartada”.

Tampoco debe descartarse la posibilidad inversa: Que la actual carta abierta a HRW tenga la intención de influir en el curso de la crisis actual que se desarrolla en Venezuela.

Wilpert es co-fundador de Venezuela Analysis (VA), un proyecto conjunto de Venezuela Analysis, Inc., una organización sin fines de lucro radicada en Nueva York, y la Fundación para la Justicia Económica Global, registrada en Venezuela. El socio de Wilpert en la fundación de VA fue Martín Sánchez, que había fundado previamente un sitio web a favor del gobierno en Venezuela (aporrea.org) y más tarde se desempeñó como Cónsul General de Venezuela en Chicago y San Francisco.

Aunque el sitio web de VA no detalla específicamente lo que denomina sus “objetivos editoriales”, Wilpert dejó claros estos objetivos en una entrevista realizada en 2013. VA puede discrepar con algunos aspectos de la revolución socialista de Venezuela desde una perspectiva progresista, dice Wilpert; Sin embargo, “los escritores son siempre enfáticos en que los progresistas deben estar del lado del gobierno, incluso cuando existan críticas claras o problemas con el proceso”.

Por supuesto, esta posición es la prerrogativa del equipo editorial y de sus escritores más en general. No es ni ilegal ni especialmente subversivo mantener estos puntos de vista, que de hecho florecen en muchos campus universitarios. Dada la historia de la política exterior de EE.UU. en América Latina, es razonable actuar con cautela en el análisis de los roles directos e indirectos de Washington en los asuntos hemisféricos.

Pero la cautela hacia un gobierno no debe equivaler a actuar como portavoz de otro.

Desde Caracas con amor… y “suciedad”

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Entre los signatarios de la carta se incluyen escritores de Venezuela Analysis (VA), los cuales “son siempre enfáticos en que los progresistas deben estar del lado del gobierno, incluso cuando existan críticas claras o problemas con el proceso”.

Los firmantes de la carta abierta a Human Rights Watch alegan que existen “estrechas relaciones” entre Human Rights Watch y el gobierno de EE.UU. que dan la “impresión de un conflicto de intereses”, que dicen contamina el trabajo de HRW en Venezuela, como en otros lugares.

Si este es el caso, parecería igualmente relevante para los signatarios de la carta declarar cualquier conflicto de intereses a los que podrían estar sujetos como consecuencia de tener un compromiso expreso o implícito de defender las políticas de una potencia extranjera.

En el caso de Wilpert, esto está claro. Es co-fundador y colaborador de Venezuela Analysis, y ha declarado abiertamente que VA y sus escritores apoyan al gobierno venezolano.

Sin embargo, VA también reproduce con frecuencia el trabajo de un puñado de otros firmantes de la carta abierta a HRW. Este trabajo se extrae de medios que se sabe simpatizan con el régimen venezolano. Entre ellos están el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR) y el Congreso Norteamericano sobre América Latina (NACLA).

Uno de los firmantes cuyo trabajo multiplataforma aparece en VA es Keane Bhatt, que es acreditado por otro signatario (a través de Twitter) de “orquestar” la carta abierta. El contenido de la carta es claramente familiar para Bhatt, ya que se extrae de un artículo de Bhatt publicado previamente en la edición de invierno de 2013 de NACLA.

Bhatt ha prometido (a través de Twitter) sacar a la luz “más suciedad próximamente“. Como activista, ese es efectivamente su trabajo. Ciertamente, cualquier información sustancial que descubra en relación a la extralimitación o la corrupción del estado —en los Estados Unidos o en otros lugares— merece consideración.

Sin embargo, los académicos no deberían estar en el negocio de avalar argumentos en base a “suciedades”. Para validar la tesis de la puerta giratoria se requiere un estudio serio que examine los vínculos entre el personal de HRW y GEEUU, y que compruebe si existen sesgos importantes en el trabajo de HRW que se correlacionen con esos vínculos.

Sí, es cierto: Los estudios de ese tipo llevan tiempo.

Pero los académicos que firmaron la carta abierta a Human Rights Watch deberían preguntarse por qué la carta fue publicada apresuradamente en ausencia de una investigación detallada de sus afirmaciones centrales.

Además, deberían preguntarse por qué la carta se centra exclusivamente en Human Rights Watch, a pesar de que algunas de las cinco personas identificadas como que han pasado a través de la puerta giratoria HRW-GEEUU también han trabajado como asesores a otras organizaciones reconocidas de derechos humanos. ¿Por qué la puerta giratoria es problemática en una instancia pero no en otra?

Sería ingenuo pensar que las respuestas a estas preguntas no tienen relación con los acontecimientos en Venezuela.

Todo lo viejo vuelve a ser nuevo

El artículo original en que se basa la carta abierta a Human Rights Watch fue escrito por Bhatt y publicado por NACLA hace cinco meses.* El 5 de febrero de este año, un día después de que la actual ronda de protestas se desatara en Venezuela, el artículo resurgió como noticia en el sitio web de NACLA (sin cambios excepto la corrección de una errata menor).

Human Rights Watch envió su equipo de investigación a Venezuela en marzo. Y el 5 de mayo dio a conocer los resultados de sus seis semanas de investigación en múltiples localidades del país, llegando a la conclusión de que los abusos contra los derechos humanos que examinó “eran parte de una práctica sistemática por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

A medida que estos acontecimientos se desarrollaban, se hicieron llamamientos dentro de Venezuela a redefinir a los manifestantes de la oposición como terroristas y a incrementar la resistencia contra los intentos liderados por Estados Unidos de desacreditar al régimen venezolano. Sirviendo a estos dos objetivos, la carta abierta, de cuya organización se acredita a Bhatt, se hizo pública una semana después del informe de HRW.

Por un lado, la carta abierta introduce la posibilidad de una defensa condicional de la violación de protocolos estándar de derechos humanos en el tratamiento de presuntos terroristas haciendo referencia a la política de EE.UU. respecto a Guantánamo; por el otro, se busca desacreditar a una organización de alto perfil de EE.UU. que ha acusado abiertamente a Venezuela de abusos sistemáticos de los derechos humanos, sugiriendo que esta organización recibe órdenes de Washington.

El contenido del artículo de Bhatt de 2013 fue removilizado en un momento oportuno para el régimen venezolano, lo que refuerza la observación de Milton Friedman de que “cuando se produce [una] crisis, las acciones que se toman dependen de las ideas que andan flotando en el lugar de los hechos”. No se hace mención en la carta abierta de los actuales disturbios en Venezuela o del enfrentamiento entre Human Rights Watch y el gobierno venezolano sobre las cuestiones de la tortura, ejemplificadas por el caso Carrasco.

Como activista, Bhatt capitalizó exitosamente una tormenta perfecta, orquestando la carta abierta a HRW mediante la invistación a los demás a firmar una versión abreviada del trabajo que había publicado anteriormente con NACLA. Uno se pregunta, sin embargo, si los investigadores que prestaron sus nombres para la carta son conscientes de la magnitud de la misión que avalaron.

Un reciente intercambio en Twitter parece poner esa misión en una perspectiva más clara: “La carta de HRW es buena”, tuiteó el usuario @UtpalLahiri, “pero una respuesta más sustantiva a sus últimas abominaciones sobre Venezuela sería útil también”. Bhatt responde: “Es difícil conseguir que una amplia coalición de personalidades prominentes profundice en las malezas del informe sobre VZ [Venezuela]; puerta giratoria es más obv indefendible”.

Quizás la la tesis de la puerta giratoria sería indefendible si estuviese bien fundamentada, pero no lo está.

Pero tampoco la intención era sustentarla.

Tal como Bhatt escribe en Twitter: “Esto es 1er esfuerzo para cambiar función institucional central de HRW en lugar de chequear hechos o denunciar sobre informes/posiciones”. En otro tuit, dice, “las cartas abiertas son estratégicas y tienen la finalidad de acaparar titulares; no son muestras de pureza….”

Esto es activismo a todo dar. Pero es triste para el mundo académico que más de 100 eruditos acuerden abiertamente privilegiar el dogma sobre la investigación y los titulares sobre la sustancia. Y es aun más triste que el momento de este ejercicio lo haga parecer como un esfuerzo concertado para hacer un trabajito sucio a favor del régimen venezolano.

*Nota del editor: este artículo incluye una corrección respecto al tiempo transcurrido después de la publicación del artículo de NACLA. Originalmente, se dijo que había transcurrido más de un año.

Traducido por Alan Furth

Victoria L. Henderson Victoria L. Henderson

Ex periodista y editora de revistas, Henderson es candidata a doctorado en la Universidad de Queen y directora administrativa del Instituto para el Análisis Económico y Social en Ontario, Canadá. Es licenciada en Español y Estudios Latinoamericanos y en Geografía. Síguela en @vlhenderson, y lee su columna destacada en PanAm Post, "El Paso del Norte".