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El crimen y el castigo de la empresa privada en Venezuela

Por: Willians Ruiz - Oct 25, 2015, 5:54 pm
La actividad de las empresas privadas en Venezuela ha sido criminalizada por el Gobierno. (El Impulso)
La actividad de las empresas privadas en Venezuela ha sido criminalizada por el Gobierno. (El Impulso)

En Venezuela impera un sistema político socialista; tal sistema político asume que el Estado puede y debe organizar la sociedad a través de mandatos coercitivos y decisiones ejercidas por un órgano central, teniendo además el control y manejo de los bienes de producción.

En el ejercicio del poder, el socialismo encuentra en la empresa privada un enemigo formidable. En primera instancia porque lleva a cabo una labor que puede generar mayor bienestar que el propio Estado y, porque lo hace persiguiendo claramente fines económicos. A través de la empresa privada se lleva a cabo la transformación de recursos y materias primas en bienes para el disfrute y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, generando crecimiento y rentas que llegan a los trabajadores, como producto del intercambio salarial; se crea y promueve también la investigación y desarrollo que empujan la innovación y el mejoramiento de la calidad de vida.

Hacer empresa en Venezuela es una labor titánica y hasta criminal, lo último porque parece ser delito preocuparse por llevar un bien o servicio al mercado, contratar personal, crear desarrollo y promover la satisfacción de las necesidades de la población, buscando a cambio una rentabilidad por los recursos invertidos en el proceso empresarial.

La empresa privada siempre busca generar beneficios. Esto hace que en su ruta se descarten procesos y ejercicios fracasados, se abandonen proyectos inviables y no rentables, para emprender ideas que traigan consigo beneficios y mejoras, no solo para los propietarios sino  también para el mercado entero. Ejerciendo la empresarialidad se adentra en un conjuntos de procesos desconocidos que se transforman en conocidos en la medida que aprenden de los errores y se adecuan a la utilización de herramientas y métodos (medios) que le permitan alcanzar el éxito (fin). Creando bienestar sin perseguirlo como fin primordial, satisfaciendo las necesidades de los individuos y en este ejercicio ofreciendo mejoras y desarrollo.

Una labor cada vez más comprometida por las acciones del Estado, quien no ve a la empresa como aliado natural, sino por el contrario, como una amenaza, una competencia en el dominio del poder. Es así como ha sido sometida con regularidad y cada vez con mayor frecuencia a expropiaciones, confiscaciones, infraestructura, inventarios, materia prima, productos terminados, entre otros, bajo la premisa de que su acción o comportamiento afecta y perjudica el bienestar de la población.

Al empresario venezolano le ha tocado lidiar con controles de todo tipo: de cambio, que incide en la adquisición de materia prima y producción; de costos, que limita la adecuación de la estructura de costos de la empresa a la realidad de la economía; de Precios, que impide la fijación de precios libres y somete a un precio justo fijado arbitrariamente por el Estado; laboral, que contempla la inamovilidad, limitando el despido y ajuste del factor trabajo, obligado también a soportar incrementos salariales continuos y desproporcionados que solo buscan compensar los males que el propio Estado crea, como la inflación.

La empresa privada es sometida a todo un entramado burocrático que complica cada vez más el ejercicio de la función empresarial, limitando la producción, comercialización y venta final. Cada vez hay más control de cada pequeña acción que pueda generar cualquier empresa. A pesar de los controles y los esquemas burocráticos aún quedan empresarios que sobreviven a los embates de la política socialista.

Se ha construido todo un sistema de burocracia y corrupción que ha perjudicado arduamente el ejercicio de la empresa privada y como consecuencia a la satisfacción de las necesidades de los venezolanos. Muchas empresas han tomado la decisión de cerrar sus puertas e irse del país; esto ha sido posible para grandes empresas, pero la pequeña y mediana empresa sufre embates mayores que causan el cierre y el fin de la actividad empresarial.

Hacer empresa en Venezuela es una labor titánica y hasta criminal, porque parece ser delito interesarse por llevar un bien o  prestar un servicio, contratar personal, crear desarrollo y promover la satisfacción de las necesidades de la población buscando a cambio una rentabilidad por los recursos invertidos en el proceso empresarial.

En gran medida los parques industriales se han transformado en terrenos baldíos, sin industrias, empresas, ni producción. Como resultado la población padece una escasez generalizada, la oferta nacional es incapaz de abastecer la demanda de bienes y servicios, pero, esto no es casualidad; es el resultado de una política orientada hacia la destrucción y criminalización del sector empresarial del país. Ser empresario es un delito y producir, pese a las adversidades y ataques constantes, es un crimen.

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La coyuntura de los precios del petróleo ha hecho que merme la estrategia de importación subsidiada que se utilizaba para tapar el agujero de la industria nacional. La ausencia de dólares para importar y la debilidad del aparato industrial domestico para abastecer el país han hecho que la crisis se complique aún más; la agudización de los controles no deja espacio al respiro, por el contrario asfixia aún más. La conjunción del control cambiario y el control de precios ha causado cada vez más y mayor malestar en comparación con el bien que pueden generar.

No se puede ser productivo, emprendedor, innovador, no pueden las empresas perseguir sanamente fines económicos, deben ser entonces siervos al servicio del socialismo que cada vez destruye más empresas y puestos de trabajo. En Venezuela cada vez hay menos empresas que producen, pero, fruto de la política imperante los revendedores –bachaqueros– cada día son más, este es un proceso económico en donde hay pocos bienes produciéndose y una cadena muy grande de reventas que incorpora, cada una, una pesca de renta que incrementa el precio que finalmente paga el consumidor. Se ha vuelto un negocio formidable ser revendedor, en detrimento y perjuicio de la labor esencial del empresario, que invierte, transforma, innova y crea el producto.

Preocuparse por el funcionamiento de la economía del país, por levantar una empresa, llevar un producto al mercado o simplemente mantenerse en pie pese a los embates parece ser una acción delictiva y criminal.

El castigo es la extinción del emprendimiento, empresa, industria, esfuerzo y capital invertido, la obligación al abandono de una actividad claramente digna.

Entre los castigos se encuentra incluso la cárcel para aquellos que infrinjan la ley y apuesten a ser productivos en medios del caos en el que reina el socialismo; las multas no son necesarias cuando este sistema quiere dar un castigo aleccionador, el castigo puede ir desde la perdida completa de la infraestructura, inventario, mercancía y capital, hasta la propia cárcel, por ejercer esta actividad conspiradora, golpista, desestabilizadora y apátrida.

Ojala existan más empresarios en el país y menos socialistas, de los primeros la sociedad necesita, de los segundos padece.