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EnglishDurante una reciente visita a Montreal decidí probar el servicio Airbnb, que ahora ya se ha convertido en un ritual en todos mis viajes internacionales.
Los utilicé en más de una decena de países en Europa, muchas ciudades de Norte América, e incluso en Australia y Nueva Zelanda.
Airbnb reúne a individuos que tienen un espacio libre en sus departamentos con turistas que necesitan un lugar para quedarse –casi como cuando un amigo o un conocido te ofrece su habitación por una pequeña tarifa. Es un mercado pequeño y voluntario que le permite a las personas utilizar la infraestructura de pagos de Airbnb, según sus términos y condiciones para el manejo de controversias.
Utilizarlo me permitió experimentar la ciudad a través de los ojos de un residente, sin la necesidad de acudir a aburridos cuartos de hotel con costos exorbitantes.
Hay perfiles personalizados y rankings mantenidos por los usuarios del servicio que brindan una buena cantidad de información tanto para los que buscan alquilar como para los anfitriones. Es exitoso y revolucionario; prospera sin ninguna intervención directa del Gobierno, y eso molesta a muchas personas.
Más específicamente, me refiero a la industria hotelera y a los burócratas de los Gobiernos locales que nunca han considerado que no valga la pena cobrar impuesto a alguna actividad.
En la provincia canadiense de Québec, el Ministerio de Turismo desalentó a los turistas a buscar el hospedaje “sin licencia” ofrecido por propietarios e inquilinos de departamentos. Ha ordenado que cualquier persona que ofrezca alojamiento a los turistas sin un permiso podría enfrentar multas de hasta CAN$2.250 (US$2.050), citando una ley dirigida a los hospedajes para turistas.
En un boletín reciente a sus miembros, la Corporación de la Industria del Turismo lanzó su “batalla contra el hospedaje ilegal”. Promocionaron su éxito al anunciar el logro de que el expartido gobernante Partí Québecois formara una comisión especial sobre el tema, cuyo informe sobre su investigación se espera para los próximos meses.
Los dueños de departamentos han acudido a los medios para expresar su sorpresa cuando encontraron que sus inquilinos utilizaban el servicio para subalquilar habitaciones a viajeros de corto plazo, e hicieron un llamamiento al Gobierno para poner un punto final a esto.
“Todas las operaciones de Airbnb, como los hoteles y B&B, deberían ser responsables para recaudar y remitir los impuestos hoteleros a los gobiernos”, dice la editorial principal del Montreal Gazette en un artículo publicado la última semana.
“Solo porque las innovaciones que revolucionan el comercio establecido son populares, a la moda, y convenientes para los consumidores, no quiere decir que deban dejar de lado sus responsabilidades fiscales”.
El problema con esta evaluación es que los anfitriones de Airbnb no son dueños de hoteles. No existen únicamente para obtener un beneficio. Los anfitriones acuerdan compartir su propio departamento solo con gente específica que ha pasado a través de un proceso de registro. A cambio de abrir sus casas, los viajeros le pagan a sus anfitriones a través de Airbnb. Los impuestos a la propiedad sobre las viviendas de departamentos siguen siendo recaudados por la ciudad y la provincia, y todos se benefician.
La hostilidad contra el servicio de alojamiento de Airbnb pone en riesgo al turismo y deja un mal precedente para la comunidad de emprendedores tecnológicos locales que esperan seguir innovando. Si el Gobierno prohíbe Airbnb y servicios similares que existen ahora, forzará a anfitriones y a viajeros a recurrir al mercado negro, algo que nadie quiere.
Más que discutir sobre cómo cada nueva idea le debe una tajada al Gobierno, los críticos de Airbnb y servicios similares deberían analizar los beneficios a largo plazo comparados con el costo de permitir al sitio operar.
Junto a Uber, un servicio para compartir autos que enfrenta la misma presión de los reguladores alrededor del mundo, Airbnb ha creado una infraestructura completamente privada que empodera a los inquilinos y anfitriones a intercambiar, bajo sus propias condiciones, estadías cortas a cambio de un pago.
Si eso es de por sí ilegal, entonces se afirma que todos los intercambios voluntarios entre dos personas deben estar sujetos a impuestos gubernamentales. Esto a pesar de que los dueños de las propiedades ya pagan impuestos sobre sus bienes y la mayoría de ellos les transfiere dicho costo a los inquilinos.
Sí, la gente gana dinero con esto. Pero también vive ahí y tienen la posibilidad de interactuar con viajeros de todas partes del mundo que nada más quieren explorar las ciudades como un local. Los anfitriones aceptan compartir los espacios personales más sagrados con gente a la que pueden confiar gracias al servicio que los pone en contacto.
La campaña contra Airbnb quiere trasladar nuestra capacidad de celebrar contratos privados al Gobierno. Si eso es lo que ocurre en Québec, se chocará de frente con la encomiable economía entre iguales o peer-to-peer, al mismo tiempo que los comercios tendrán un incentivo limitado para crecer, y ningún incentivo para innovar.
Por el contrario, Québec debe sentirse halagada. Los turistas están utilizando nuevas maneras de explorar la provincia y sus residentes les están ofreciendo excelentes oportunidades para vivir, comprar y gastar dinero como hacen los locales. ¿No debería permitirse que esto continuara?
