EnglishTan solo horas después del tiroteo del 22 de octubre en el Parlamento de Ottawa, que dejó un soldado canadiense muerto, la población de Canadá, aún aturdida por el desvergonzado ataque, se preparaba para una nueva ronda de discusiones acerca de la legislación antiterrorista.
Era de esperarse. Ese mismo día la mayoría del Partido Conservador pretendía presentar un proyecto de ley para expandir las facultades del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS), la agencia central de espionaje de Canadá.
“El terrorismo ya ha estado entre nosotros por un tiempo y peligrosamente cerca en numerosas ocasiones”, dijo el primer ministro canadiense Stephen Harper ante la Cámara de los Comunes el 23 de octubre, un día después del ataque. “Llamo la atención de nuestros miembros a incidentes como el Toronto 18, la conspiración Via Rail en 2013, y podría señalar numerosos casos, así como muchos de los que la mayoría nunca se enterará”.
Estos casos tan publicitados y el nuevo incidente en Ottawa han pasado a ser parte de la narrativa que ha impulsado al Gobierno Conservador a aprobar legislación antiterrorista. Fue siniestramente diseñada tomando como modelo medidas similares en Estados Unidos que han erosionado la privacidad y expandido las facultades de las fuerzas de seguridad y agencias de espionajes, para disgusto de muchos estadounidenses.
De hecho, el grado en que estos eventos pudieron haber sido frustrados por las fuerzas de seguridad no solo han sido exagerados por el Gobierno, sino que también han sido promocionados con el fin de engañar a los canadienses para que acepten una muy preocupante legislación antiterrorista que de otra manera no hubiesen aceptado.
Es preocupante para Canadá, un país con una tradición pacífica, pero también es una amenaza para muchos de sus aliados en el mundo occidental.
El grupo Toronto 18, sospechoso de intentar un ataque terrorista en 2006, fue desactivado por dos agentes de la Real Policía Montada Canadiense (RCMP) quienes se infiltraron en el grupo y muy probablemente les proporcionaron los materiales que necesitaban para llevar a cabo los actos por los que fueron acusados.
Shaher Elsohemy, un exinformante del CSIS, recibió del Gobierno un pago de CAN$4 millones por su rol en detener a los sospechosos, aunque durante el juicio fue acusado de “tenderles una trampa” para que cometieran actos ilegales. Mubin Shaikh, un prominente líder islámico de la zona de Toronto, también se infiltró en el grupo y recibió más de $300.000 del Gobierno por su participación. Ambos fueron denunciados como agentes de la RCMP claves para descubrir el plan, y muchos en la comunidad islámica han puesto en duda su involucramiento directo, preocupados por los esfuerzos del Gobierno en encontrar en los radicales islámicos un enemigo perfecto.
Es preocupante para Canadá, un país con una tradición pacífica, pero también es una amenaza para muchos de sus aliados en el mundo occidental.
La conspiración del Via Rail en 2013, según el Gobierno, organizada por un grupo “asociado a Al-Qaeda”, fue infiltrada de una forma similar por agentes de la RCMP y del Buró de Investigaciones Federales (FBI) de Estados Unidos. Sin embargo, aún no se ha difundido públicamente ningún detalle sobre ella y tampoco los sospechosos han sido sentenciados.
Contra estas tácticas arrecian las críticas en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de operativos orquestados por el FBI para justificar sus operaciones domésticas contra supuestos terroristas.
Para Canadá, los tiroteos de Ottawa y la embestida de Martin Couture-Rouleau, un hombre franco-canadiense convertido al Islam, al oficial Patrice Vincent el 20 de octubre, son los eventos más recientes que invoca el Gobierno para justificar la nueva legislación antiterrorista.
“Los eventos de esta semana son un macabro recordatorio de que Canadá no es inmune este tipo de ataques terroristas que hemos visto alrededor del mundo”, dijo Harper horas después del ataque en el Parliament Hill.
Otras naciones occidentales han aprobado recientemente leyes antiterrorismo extendiendo las facultades de las fuerzas de seguridad y agencias de espionaje domésticas sin tener que demostrar su efectividad.
En septiembre, Australia aprobó leyes antiterroristas que le otorgaron “facultades sin precedentes” a su agencia de espionaje para vigilar la actividad en internet en busca de amenazas domésticas.
La Ley Contrarrestando los combatientes terroristas, recientemente aprobada en Nueva Zelanda a comienzos de diciembre, fue fuertemente resistido por el Partido Verde, Primero NZ, y el Partido Māori por permitirle a la agencia nacional de inteligencia “poner bajo vigilancia durante 24 horas los hogares de la gente sin orden judicial” y por otorgarle al Gobierno la autoridad de anular los pasaportes de aquellos acusados de terrorismo.
Pese a la escasa evidencia de que los métodos mencionados anteriormente son realmente efectivos para frustrar los intentos de los terroristas, incluyendo la reciente toma de rehenes en un café de Sydney en Australia, los ciudadanos de los países occidentales continúan siendo engañados por los Gobiernos para que se aprueben este tipo de medidas.
Canadá sigue el mismo rumbo.
El proyecto de ley C-44, también conocido como Ley para proteger a Canadá de terroristas, propuesto solo días después de los tiroteos en Ottawa, le otorgaría a la CSIS una mayor autoridad para llevar adelante operaciones fuera del territorio y le brindaría inmunidad a fuentes y agentes de inteligencia de ser juzgados en Canadá. El proyecto además simplificaría el proceso para revocarle la ciudadanía a aquellos vinculados con actividades terroristas.
Pese a la escasa evidencia de que algunos de los métodos mencionados anteriormente sea realmente efectivo para frustrar los intentos de los terroristas… los pueblos de los países Occidentales continúan siendo engañados por los Gobiernos para que se aprueben este tipo de medidas.
Este tipo de leyes debería preocupar en el mundo occidental porque generan las condiciones ideales para que otros Gobiernos puedan aprobar leyes similares, inefectivas, tal como sucedió en Australia y Nueva Zelanda.
Algo similar ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El Gobierno del Partido Liberal, de tintes progresistas, sancionó la Ley antiterrorismo el 11 de diciembre de 2001, hace justo 13 años, otorgándole a la policía facultades que nunca habían poseído en suelo canadiense.
Partes de ese proyecto, incluyendo arrestos preventivos sin orden judicial y juicios sumarios, caducaron en 2007. Sin embargo, renacieron rápidamente tras los atentados en la Maratón de Boston en abril de 2013. Ahora la policía tiene el poder de arrestar a cualquier que “se cree que pueda tener información sobre delitos vinculados al terrorismo”.
Estas leyes preocupantes demuestran que incluso una nación fuerte e independiente como Canadá, que afortunadamente se mantuvo al margen de la guerra de Irak de 2003 en adelante, puede sucumbir ante las tendencias exportadas por su vecino estadounidense.
Y eso debería preocuparle a todos en el mundo occidental.