El pasado miércoles 15 de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la solicitud que hizo Venezuela de evaluar la actuación del secretario general Luis Almagro sobre el país. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, informó que solicitó esta evaluación para encausar la legalidad de la secretaría general.
Por segunda vez consecutiva, el gobierno de Venezuela ha exigido en la sesión 46 de la Asamblea considerar esta petición, ya que «deben considerar el presupuesto que ha tenido el ente para atacar la administración del país y al presidente Nicolás Maduro».
La canciller aseguró que Almagro ha ofendido a Maduro, al calificarlo públicamente como “traidor, mentiroso, ladrón, dictadorzuelo”.
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“Hemos llegado al colmo de los colmos”, denunció al acusar que Almagro ha hecho uso de los recursos financieros de la OEA, a través de la contratación de un asesor de comunicación (Sergio Jellinek) que recibe 8.000 dólares mensuales para atacar a Venezuela. También insistió en que Almagro encabeza un “linchamiento” contra Venezuela al haber invocado la Carta Democrática, por considerar que el gobierno de Maduro ha vulnerado el orden constitucional.
Tras finalizar la votación de la propuesta venezolana, los Estados miembros de la OEA la aprobaron con 19 votos a favor. “Se ha dado una votación histórica, se ha sometido a votación que el tema del secretario general Almagro, y la legalidad de su actuación de la Asamblea General, pase a ser evaluado en el Consejo Permanente, a solicitud de Venezuela”, dijo la canciller venezolana.
Durante el 46 período ordinario de sesiones de la OEA, que se realiza en República Dominicana, la canciller insistió en rechazar la pretensión de Almagro de invocar la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela.
El próximo 23 de junio, el Consejo Permanente de la organización de los Estados Americanos tiene previsto reunirse en su sede principal en Washington para analizar el informe que presentó Luis Almagro a finales de mayo, referente a la situación de Venezuela. En ese encuentro, los cancilleres correspondientes tendrán la oportunidad de convocar a un período extraordinario de sesiones a fin de evaluar una eventual suspensión del país sudamericano.
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