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Mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori, junto a organizaciones de derechos humanos y sociales, claman justicia y exigen mediante protestas que denuncien al exmandatario, ya que desde hace un año, el Ministerio Público, en el marco de la investigación, tiene al menos 1.600 nuevas denuncias registradas.
Así lo informó María Ysabel Cedano, directora de la organización para la defensa de los derechos de la mujer (Demus), quien explicó que hace unos meses se reunió con Marcelita Gutiérrez, fiscal a cargo del citado caso, y le informó sobre estas nuevas denuncias. Según la investigación fiscal inicial, hay 2.074 víctimas.
Milton Campos, abogado de Demus, cuestionó la resolución de la Fiscalía de la Nación, del pasado 17 de mayo, de ampliar la investigación del citado caso hasta el próximo 4 de julio porque, según él, Gutiérrez ya culminó sus diligencias en abril.“¿Para qué necesita más tiempo? Hay personas que han ido a realizar sus denuncias en estas últimas semanas, pero como ella [la fiscal Marcelita Gutiérrez] ya cerró esa etapa, han sido derivadas a otro fiscal”, aseveró.
Esperanza Huayama Aguirre, presidente de la Asociación de Mujeres de Huancabamba, presentó un escrito ante la fiscalía dando cuenta de que ha sido víctima de amenazas por declarar a la prensa sobre los casos de esterilización de sus hermanas.
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Un grupo de mujeres llegó a la sede del Ministerio Público para pedir a la fiscal Marcelita Gutiérrez que abra la investigación contra Fujimori, argumentando que se trataba de un plan nacional de control de natalidad. La portavoz de la campaña explicó que “todo el material señala que se trató de una política de Estado, de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, en el marco de un programa nacional de salud sexual y reproductiva, que se hizo sin garantizar el consentimiento informado, y que fue dirigido a que las más pobres ya no puedan tener más hijos”.
Con esta campaña, se busca generar un movimiento social para poder alcanzar la justicia y las debidas reparaciones integrales a la víctimas de las esterilizaciones forzadas. Entre 1990 y el año 2000, se esterilizaron a 22.004 hombres y a 272.028 mujeres, la mayoría de muy bajos recursos y de zonas rurales, según indicó Demus.
Por otra parte, su hija y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, indicó que si «existió alguna mujer operada sin consentimiento, el Estado tendrá que reparar el daño».
Actualmente, el expresidente Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por el asesinato de 25 personas, por secuestro de dos personas, y por delitos cometidos por el grupo militar encubierto Colina.
Fuente: El Nuevo Herald
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