El exjefe de Inteligencia Militar en el gobierno de Chávez y actual diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Hugo Carvajal, cumplió con sus amenazas de demandar a los medios y a los periodistas que lo acusaron y vincularon con el narcotráfico.
Esta acusación fue hecha por “difamación agravada continuada”. El poderoso hombre de confianza de Chávez, quien fue bautizado en su presidencia como “El Montesinos” y exoficial militar respondió ante sus amenazas de ir por las opiniones e informaciones de los siete periodistas venezolanos, después que lo detuvieron en Aruba en el 2014.
En ese año, el régimen de Maduro lo nombró cónsul de ese estado insular, sin embargo, no recibió la aprobación de esas autoridades locales.
Los comunicadores sociales demandados son: Ricardo Guanipa, Javier Ignacio Mayorca, Javier Ignacio Mayorca, Patricia Poleo, Ibsen Martínez, Sofía Nederr, Gustavo Azócar. En esta demanda también están incluidos los duelos de El Nacional, Miguel Henrique Otro, Juan Domingo Cordero y Raúl Gorrín de Globovisión. El exgobernador del estado Monadas, José Gregorio “El Gato” Briceño y un coronel retirado, Julio Rodríguez Salas, vinculado con el “golpe de Estado” del 11 de abril del 2002.
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El también llamado “El Pollo” Carvajal, figuraba en la “Lista Clinton”, la cual incluye a personas vinculadas con el tráfico de drogas. Asimismo, fue detenido por Whashington y solicitaban su extradición por tener sospechas de que ayudaba en negociaciones de estupefacientes de Colombia hacia Estados Unidos y por tener participación en apoyo logístico con las FARC.
Inmediatamente, el gobierno venezolano le exigió al reino holandés que lo liberaran y alegaron que tenía estatus diplomático. Después de varias horas de fuerte tensión y “negociación”, Holanda reconoció “haber transgredido tratados consulares” y lo liberó. Maduro lo recibió en el país suramericano como un héroe.
Por otro lado, misteriosamente, el portal digital El Estímulo, asegura que las acusaciones hacia el exoficial “son falsas y atentan contra su reputación y honor”.
Fuente: El País