Gerardo Pollicita, fiscal de Argentina, pudo validar más contratos más que el Gobierno de Cristina Kirchner le otorgó a Lázaro Báez en su último período, y según fuentes de El Clarín, todo se trata de una “matriz de corrupción” que aumentaría la imputación de la expresidente.
Estas licitaciones favorecieron al dueño de la constructora Austral, y en su época fueron denunciadas por tener “numerosas regularidades” que favorecían al empresario, con obras de US $33.800 millones.
En este proceso investigativo se sigue analizando la presunta corrupción en la obra pública. Por ello, a pesar de haber solicitado la nulidad de la citación, la expresidente debe declarar el próximo 31 de octubre. A su vez, el juez Julián Ercolini señaló que precisamente allí Cristina tendrá las posibilidades de “defenderse y manifestar su desacuerdo” con esa imputación.
En los contratos denunciados por Vialidad Nacional que indagaron los Fiscales se muestra el “mismo certificado de capacidad de ejecución” que las empresas deben presentar cuando licitan una obra; ademas, se encontraron otras irregularidades. Esas obras tenían un valor de US $15.000 millones y un sobrecosto del 30 % en cada uno de los convenios.
Báez también comprometió la misma maquinaria que estaba afectada por otras obras y en simultáneo con cientos de kilómetros de distancia. En la denuncia se señala que “la capacidad de contratación anual de Austral se consumió al momento de adjudicarle la primera obra de este listado”.
Además, los fiscales indicaron que esa es una conducta que demuestra que en los años pasados existía una “matriz de corrupción que estaba destinada a favorecer al empresario, amigo de los expresidentes, en perjuicio de las arcas del Estado”.
El Clarín señala que Báez recibió, durante el período de los Kirchner, unos US $2.200 millones solamente por contratos viales. La mitad de ellos no se concluyeron, pero sí se cobraron y con un sobreprecio del 65 %.
Por si fuera poco, también se “desviaron fondos de otras áreas”, como Planificación Federal, hacia Vialidad Nacional, que según el escrito, era para cubrir otros pagos que se adjudicaron a las empresas de Lázaro Báez.
Los mismos fiscales indicaron que anteriormente ya habían denunciado este “plan sistemático de apoderamiento de fondos públicos”, y que en esta nueva investigación surgieron elementos clave, por los que solicitaron la indagatoria de Kirchner. “La existencia de un redireccionamiento de la obra pública hacia Santa Cruz, la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial y la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a nivel nacional”.
Estos puntos fueron rechazados en un largo escrito hecho por la expresidenta, quien calificó que todo se trata de “persecución política” por parte de la rama judicial.
Finalmente, además de los contratos de obras públicas que se investigaron, también incorporaron nuevos vínculos comerciales de Kirchner con Baez. Entre ellos, la construcción de un fideicomiso para la construcción de un complejo en Río Gallegos y compraventa de lotes.
Fuente: El Clarin