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El pasado martes, el gobierno de Panamá anunció que Odebrecht, quien está acusada de ofrecer más de USD$59 millones de dólares por sobornos en el país centroamericano para obtener contratos, no podrá participar en futuras licitaciones.
Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, fue quien leyó el comunicado y señaló que el gobierno decidió «adoptar las acciones necesarias a fin de prohibir que al Grupo Odebrecht se le adjudique y refrende ningún contrato dimanante de futuros procesos de licitación pública».
Adicionalmente las autoridades panameñas harán que la empresa brasileña desista de las licitaciones actuales en las que ya participa y que conllevan la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá y la línea 3 del metro.
Esta prohibición estará vigente hasta que Odebrecht pueda demostrar «una colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público y se garantice el pago de las sumas que deberá restituir al Estado».
Con respecto a esta norma, un equipo de fiscales panameños viajó a Estados Unidos para obtener información sobre el pago de sobornos que hizo la constructora entre 2009 y 2014.
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El Ministerio Público, a través de un mensaje difundido en la red social Twitter, informó que «Equipo de fiscales viaja a EUA para obtener detalles de presuntos actos de sobornos y utilización de instituciones financieras en Panamá».
En el informe del Departamento de Justicia estadounidense no muestra el nombre de los involucrados ni los contratos, pero sí señala que Odebrecht desembolsó en Panamá USD$59 millones en sobornos mientras Ricardo Martinelli gobernaba el país.
Varios medios de comunicación señalan que los hijos de Martinelli estaban involucrados en estos pagos al señalar que el Ministerio panameño trabajaba en una asistencia judicial que había solicitado Suiza por «posibles actos de sobornos».
Luis Enrique y Ricardo Martinelli, hijos del expresidente indicaron a través de un comunicado en Twitter: «Rechazamos el inicio de las campañas mediáticas que buscan a base de publicaciones, sin fundamento, involucrarnos con una supuesta coima de USD$6 millones».
Fuente: El Comercio
