Expertos independientes en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticaron las medidas represivas del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, tras una orden de cierre en contra de la Organización No Gubernamental Acción Ecológica, que apoya lo derechos ambientales de los indígenas.
Según el portal digital de La República, en una reunión pacífica y de asociación, los relatores transmitieron este descontento y dijeron que la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y opinión se ve afectada por las medidas que está tomando el gobierno ecuatoriano.
Adicionalmtente, mencionaron que sus iniciativas son en materia de los derechos humanos relativos al disfrute de un medio ambiente de los indígenas sostenible, seguro, limpio y sano.
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Según sus declaraciones, el pasado 18 de diciembre, Acción Ecológica le solicitó a Ecuador una Comisión de Paz y Verdad, para explorar los atentados ambientales a indígenas. Dos días después, el Ministerio del Medio Ambiente comenzó con un proceso de disolución de la ONG y les dio 24 horas para que respondieran y 10 días más para que presentaran pruebas en su defensa.
Los expertos de la ONU señalan que “La medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un conflicto con los indígenas shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras”.
Además, “El grupo de defensa, que apoyó a los manifestantes indígenas, es el último de una serie de organizaciones afectadas por el gobierno”.
A su vez, los participantes invitaron a las autoridades ecuatorianas a revocar esa decisión de reformar la ley que se está utilizando para disolver grupos similares.
Por ello, el grupo de expertos independientes exhortó a las autoridades ecuatorianas a revocar la decisión y reformar la legislación que está utilizando para disolver este tipo de organizaciones.
Según varios medios de comunicación, durante los últimos tres años el gobierno de Correa ha optado por disolver grupos como la Unión Nacional de Educadores y Pachamama, e igualmente, cerrar la ONG Fundamedios.
Los relatores añadieron que “Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización”.
A su juicio, “es irónico que el mismo gobierno de Ecuador que encabeza el esfuerzo internacional positivo para hacer que las empresas rindan cuentas a través de un tratado vinculante, esté reduciendo el espacio para que los grupos locales le pidan que rinda cuentas”.
Fuente: La República