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La Comisión especial del Congreso peruano sobre el caso Lava Jato, citó a Pablo Sánchez, fiscal del Perú, para el próximo miércoles 18 de enero, ya que este no asistió a la convocatoria anterior. De no asistir a este llamado, integrantes del parlamento aseguran que será citado de grado o fuerza.
Varios medios de comunicación señalan que Sánchez tuvo que viajar a Brasil para poder reunirse con su homólogo, en donde también se investigan los polémicos casos de sobornos o coimas de Odebrecht en América Latina.
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Según el portal digital de El Comercio, Karina Beteta, congresista fujimorista, indicó que «Hemos acordado que hay que hacer los apremios necesarios y así lo establece el reglamento: si no vienen a la segunda [llamada], hay que citarlos de grado o fuerza». También recordó que la Comisión cuenta con 180 días para investigar y las inasistencias retrasan las pesquisas.
A la sesión del pasado jueves de la Comisión Lava Jato no asistió Sergio Espinosa, el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el mismo que solicitó reprogramar la cita, debido a la cantidad de información que le pidieron.
El abogado y excongresista Mauricio Mulder opinó que «Ya todos empiezan a decir que no pueden venir. Se les escapan todos los casos de corrupción, pero para otras cosas sí tienen mucho que hacer. A la segunda, hay que solicitar apremio».
Por otro lado, Carlos Herrera Perret, director ejecutivo de Pro Inversión, sí asistió al grupo de trabajo de la comisión, aunque en una sesión reservada.
A pesar de que no reveló detalles específicos, Jorge Castro, el vicepresidente de la comisión, declaró que quedó «satisfecho» con la exposición de Herrera Perret.
El parlamentario del Frente Amplio expresó que «Lo que se puede resaltar es la falta de información de Pro Inversión. Esto es parte de la debilidad de las instituciones públicas. Lo mismo el miércoles con la señora Ana Teresa Revilla, jefa del OSCE».
Adicionalmente, la congresista Beteta, aseguró que ya fueron enviados al Ministerio Público los pedidos del acuerdo al que llegaron con Odebrecht, a cambio de información sobre los funcionarios que recibieron sobornos.
Fuente: El Comercio
