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EnglishEn el marco de una nueva ofensiva del Gobierno argentino frente a los empresarios, el oficialismo presentó el pasado 5 de agosto en la mesa de entradas del Senado el proyecto de ley Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (léala al final de esta nota).
Esta legislación busca reemplazar a la vigente Ley de Abastecimiento estableciendo precios máximos, niveles de producción y márgenes de utilidad, y ya despertó duras críticas en el sector industrial.
El objetivo de este proyecto de ley presentado por el oficialismo es “evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.
La principal diferencia con la antigua ley promulgada en 1974 que establece penas de prisión a aquellos empresarios acusados de desabastecimiento, es que el proyecto actual promueve una mayor estatización del mercado: fija precios máximos, e incorpora bajo el mandato de la ley el actual acuerdo que tiene el Gobierno con los proveedores y distribuidores de productos en la campaña de Precios Cuidados.
“Resulta esencial observar el comportamiento del sistema de precios y el grado de concentración económica que promueve un marcado abuso de una posición dominante por parte de grupos económicos concentrados”, indica la propuesta en su consideraciones preliminares.
Además define al rol del Estado como aquel que consiste “en defender el interés del usuario para que el precio y la calidad de las prestaciones sean compatibles con la oferta efectuada por las empresas”.
Una ley para controlarlo todo
El artículo 2 del proyecto establece que en caso de ser “estrictamente necesario” la Secretaría de Comercio podrá: «establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios» y dictar normas que rijan la comercialización y distribución de la producción, como también podrá disponer la continuidad de la fabricación de determinados productos.
El mismo artículo permitiría al ente gubernamental asignar «volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios».
En la letra E de dicho artículo se establece la posibilidad de que el organismo que preside hoy día Augusto Costa pueda requerir «toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico» y le permite «disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales» y «a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo».
La Secretaría de Comercio podrá […] dictar normas que rijan la comercialización y distribución de la producción, como también podrá disponer la continuidad de la fabricación de determinados productos.
Por su parte, el artículo 3 señala que los gobernadores de las provincias argentinas podrán fijar dentro de sus jurisdicciones precios máximos.
El proyecto también establece modificaciones en las sanciones, que serían solamente de índole económica. Serán sujeto de multas, entre otros, aquellos comerciantes que eleven artificial o «injustificadamente» los precios de sus bienes o servicios, quienes destruyan (sus) mercaderías o bienes o negaren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios.
Las multas pueden llegar a los AR$10 millones (US$797 mil) con la posibilidad de clausura del comercio o la compañía por 90 días.
Proyecto respaldado por funcionarios kirchneristas
El director de la Secretaría de Comercio, Augusto Costa, se reunió con directivos de la Unión Industrial Argentina y defendió la propuesta.
«Con estas modificaciones vamos a tener herramientas legales para circunscribir al ámbito de las relaciones de consumo la administración del comercio, al mismo tiempo que se actualizarán los montos de las multas que se aplican y se legitima el funcionamiento de la Comisión de Defensa de la Competencia».
En la misma medida, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich declaró que no puede decirse que el proyecto es inconstitucional porque lo que hace es buscar hacer cumplir el articulo 42 de la Constitución Nacional. Dicho artículo indica que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos.
Además, pidió sostener un “debate abierto” en el Senado. Indicó que este conjunto de medidas busca «generar un marco regulatorio para el proceso de formación de precios tendiente a generar mayor equidad en la cadena de valor» y evitar «la concentración, que desnaturaliza el proceso de formación de precios».
Avalancha de críticas del sector privado
José Patiño, dirigente del partido político opositor Unión por Todos, expresó que el debate debe tener en cuenta si el proyecto garantiza o no aquellos derechos contemplados en la Constitución.
Lo esencial es que esa discusión se dé basada en la libertad de comercio que establece el artículo 14 de la carta magna, afirma Patiño. «El sentido de las leyes es regular con el objetivo de que se garanticen los derechos establecidos en la Constitución y esta ley justamente hace lo contrario».
Iván Cachanosky, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que los cambios que quiere llevar a cabo el oficialismo son sumamente peligrosos.
“Representan un avance del Estado muy fuerte sobre el sector privado, que no le corresponde realizar. Si los precios son altos es porque el Gobierno estuvo a pura emisión los últimos años y porque la gente confía cada vez menos en el peso, debido a que pierde poder adquisitivo. Nada tiene que ver con que los empresarios son ambiciosos. Si fuera cierto el argumento de que hay inflación por la especulación ambiciosa de los empresarios, deberíamos preocuparnos, ya que implicaría que todos los países de la región —a excepción de Venezuela— tendrían empresarios menos ambiciosos, porque la inflación promedio de la región es de alrededor de 4% anual”, explicó.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) envió ayer una carta al presidente del Senado en la cual manifiestan una severa preocupación por el avance de este proyecto.
Gustavo Lazzari: «Esta ley otorga a los Gobiernos un instrumental casi estalinista».
“Es evidente que el proyecto en cuestión no solo hace desaparecer en la práctica la capacidad de iniciativa y decisión de la empresa como tal, con la cual se afecta no solo la producción e inversión, sino también el empleo y el desarrollo de unidades productivas cualquiera sea su dimensión, sumado a que se verán afectados los tratados bilaterales vigentes para la promoción de las inversiones extranjeras suscritos por la Nación, creando en forma innecesaria e inconstitucional, nuevas fuentes de conflictos internacionales”, cita el documento al que tuvo acceso PanAm Post.
Por su parte, el economista y empresario argentino Gustavo Lazzari expresó que «esta ley otorga a los Gobiernos un instrumental casi estalinista que genera todo menos precios bajos y artículos de calidad».
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, fue aún más duro e indicó que no van a acompañar el proyecto. «Es inconsistente con la iniciativa privada», señaló a La Nación.
Carlos Raúl De la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, se mostró preocupado por la posibilidad de que la autoridad competente clausure negocios e informó que desde su organización están evaluando cómo el proyecto afectaría los derechos individuales para tomar acciones.
Vea aquí el proyecto de ley:
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