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Por Andrés J. Jiménez G.
Como contradictoria, paradójica e hiperbólica podría catalogarse la aproximación al problema de la donación de órganos por parte del gobierno colombiano. Hace un par de días, el presidente Juan Manuel Santos dio sanción presidencial a la ley 1805 de 2016, mediante la cual decretó que la donación de órganos pasaría a ser obligatoria. Una donación obligatoria; este grado de contradicción parece ficticio, pero no lo es.
Mucha gente ha propuesto la implementación de lo que se conoce como ‘presunción de consentimiento’ en lo que a donación de órganos se refiere. El argumento detrás de dicha propuesta es que mucha gente muere aguardando por un órgano, y que el Estado debería asumir que cualquier persona que fallece debe donar sus órganos salvo que haya expresado un deseo contrario. En papel parece fantástico, en la realidad es algo más complicado.
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Varios países dentro de la Unión Europea incorporaron la ‘presunción de consentimiento’ a sus respectivas legislaciones y los resultados son extremadamente variados. No fue la panacea: gente continuó muriendo esperando órganos, y llevó a ciudadanos mal informados a expresar su objeción a donar órganos sin una explicación médica de por medio. La solución en Colombia para este problema deja muchísimo que desear. El gobierno, como siempre hace, decidió imponer trabas algo excesivas para expresar el deseo de no donar órganos.
De acuerdo al texto aprobado de la ley, “Toda persona puede oponerse a la presunción legal de donación expresando su voluntad de no ser donante de órganos y tejidos, mediante un documento escrito que deberá autenticarse ante Notario Público y radicarse ante el Instituto Nacional de Salud (INS). También podrá oponerse al momento de la afiliación a la Empresa Promotora de Salud (EPS), la cual estará obligada a informar al Instituto Nacional de Salud (INS)”. El gobierno nunca decepciona en lo que hacerle la vida imposible a los ciudadanos se refiere.
Según un informe de 2014 del Ministerio de Salud de Colombia, aproximadamente 29 millones de personas están afiliadas a Empresas Promotoras de Salud, lo que implica que para la mayoría de colombianos la única forma de expresar sus objeciones a donar órganos es radicando un documento notariado ante el INS. En un país donde el 50% de los usuarios del sistema de salud se encuentran afiliados bajo el ‘régimen subsidiado’, ¿no parece algo extremo exigirles a esas mismas personas que paguen una autenticación notarial para hacer efectivo su deseo de no donar órganos, cuando el Estado cubre casi en su totalidad sus gastos médicos?
Sin embargo el problema no termina ahí, cómo afirma Donate Life, el registro de donantes de órganos más grande en el mundo: “[la presunción de consentimiento] en un concepto atractivo con resultados poco atractivos” fundamentalmente por la disparidad de números efectivos de donantes en la países donde este sistema fue implementado. En Europa los números de donantes por millón normalizados (nDPM) son considerablemente variados, España lidera con 33,5 y Grecia tiene 5,7 nDPM. Así que la implementación de políticas públicas encaminadas a la presunción de consentimiento no es tan efectiva como se espera.
En general lo que sucede es que cuando se les pregunta a las personas si desean objetar la donación obligatoria de sus órganos, al momento de la afiliación a la EPS, las personas responden de forma impulsiva y sin la totalidad de la información o el conocimiento médico y simplemente se niegan a dar el consentimiento que aseguraría un órgano para otra persona. El gobierno no puede esperar que por decretar como obligatoria la donación de órganos, automáticamente el 98% de personas que no reciben un órgano a tiempo lo van a conseguir.
Lo que en realidad se debería estar haciendo es generar redes y registros voluntarios de donantes de órganos y apoyando estos procesos con más información respecto a los beneficios de donar órganos. No simplemente quitarle la capacidad de decidir respecto a su cuerpo a una persona. Parece terriblemente hipócrita, nos llenamos la boca exigiendo que una mujer tenga capacidad de decidir qué hacer con su cuerpo respecto al aborto pero obligamos a toda la población a donar órganos haciendo casi imposible objetar a la ‘presunción de consentimiento’.
¿Cómo hacer para incrementar el número de donantes y trasplantes efectivos? Generando incentivos a la donación. Existen varios estudios económicos al respecto, mi recomendación para los miembros del gobierno colombiano es que revisen las ideas sobre donación de Richard Epstein, Lawrence Reed o Alexander Tabarrok. El deseo patológico de los gobiernos de tratar de resolver cualquier problema de asimetría entre oferta y demanda genera consecuencias imprevistas, y de paso le quita quizá la decisión más importante para un ser humano: qué hacer con su cuerpo al morir.
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