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EnglishMientras los congresistas estadounidenses se preparan para el receso navideño al final de esta semana, una delegación de puertorriqueños viajó el pasado 9 de diciembre al Capitolio para pedirles que antes de irse a cualquier lado aprueben el procedimiento de bancarrota para la isla.
El 1 de diciembre, el Gobierno de la isla desembolsó unos US$250 millones para pagar servicios de la deuda, pero el gobernador, Alejandro García Padilla, compareció ante el Comité Judicial del Senado y explicó que había agotado las reservas en efectivo y ya no podía atraer a nuevos prestamistas. La administración fiscal del territorio estadounidense, con una deuda estimada de $110.000 millones, es la peor de todos los estados. Logra que las otras administraciones sean envidiables, según detalla el Mercatus Center de la Universidad George Mason.
Ahora, el mensaje del gobernador, flanqueado de varios líderes políticos, es que Puerto Rico debe poder declarar su bancarrota, y debe hacerlo antes de que termine el año.Para resaltar esta necesidad y presionar al Congreso, brindó este miércoles por la mañana una conferencia de prensa e hizo un «llamado de socorro» a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.
Nadie puede decir que estamos exagerando la crisis fiscal – @agarciapadilla pic.twitter.com/v38isrVEcm
— La Fortaleza (@lafortalezadepr) December 9, 2015
La isla debe «reestructurar» su pasivo, afirma García, o la cesación de pagos será inevitable y la crisis humanitaria tendrá «consecuencias significativas para la economía estadounidense y los mercados financieros mundiales». Dice que Puerto Rico ya recurrió a los ajustes fiscales, pero que ahora necesita no un salvataje sino las “herramientas para trabajar».
El Departamento del Tesoro y la Casa Blanca prepararon un plan de crisis para Puerto Rico, y existe legislación sobre bancarrota pendiente de ser aprobada en el Congreso. Sin embargo, la propuesta del Tesoro incrementa la financiación federal para la isla, un freno para su aprobación, lo que hará poco probable que sea sancionada esta semana.
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El grado de responsabilidad de Puerto Rico sobre sus problemas son materia de una encendida disputa. El tesorero de la Mancomunidad incluso admitió en julio que el dinero lo tenían, pero que debía ser utilizado «para otras cosas».
El abogado y comentarista puertorriqueño Luis Dávila Colón le dedicó algunas palabras al gobernador. Ante la consulta del PanAm Post, dijo que la cesación de pagos «es una decisión política discrecional, realizada para beneficiar el derroche y el clientelismo… El Gobierno puertorriqueño tiene los fondos suficientes, pero han decidido no recortar los excesos por conveniencia política».
En lugar de asistencia financiera o la declaración de la bancarrota, Dávila aboga por audiencias públicas y «acusación criminal por fraude, violación a la legislación financiera y tomar propiedad sin el debido proceso… el fraude financiero más grande perpetrado bajo nuestra bandera estadounidense». Él propone que el Congreso «separe una porción de los fondos generales corrientes que no sean subsidios para ayudar a la colonia a cumplir sus obligaciones constitucionales».
Congressman @RepGutierrez now offers his remarks on today's press conference – watch live: https://t.co/FXJQ61Cgpe pic.twitter.com/mHtgpTqBpy
— PRFAA (@PRFAA) December 9, 2015
«El congresista @RepGutierrez brinda ahora sus apreciaciones en la conferencia de prensa de hoy.»
Aquellos en la conferencia de prensa, sin embargo, se deslindaron de cualquier responsabilidad y dijeron que la crisis se ha construido a lo largo de décadas. El congresista Demócrata por el estado de Illinois Luis Gutiérrez estuvo presente en la conferencia y prometió no «votar a favor de un proyecto» presupuestario «que no responda a las necesidades de la gente de Puerto Rico».
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