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Culpemos del default al déficit irresponsable de nuestros Gobiernos

By: Iván Cachanosky - @ivancachanosky - Ago 7, 2014, 1:30 pm
Argentina se encuentra ante su segundo default en 13 años.
Argentina se encuentra ante su segundo default en 13 años. (Flickr)

EnglishLa novela de los holdouts que mantiene enfrentada a la República Argentina con los bonistas inició un nuevo capítulo. El juez Griesa falló a favor de unos holdouts popularmente conocidos como “fondos buitre” y sigue en espera de que Argentina haga el pago correspondiente para liberar los US$539 millones que le corresponderían a los bonistas que sí entraron al canje en 2005 y 2010. Son a estos últimos a los que Argentina venía pagando en tiempo y forma.

Sin embargo, tras la sentencia del Thomas Griesa, hasta que Argentina no pague a estos holdouts, el monto correspondiente a los bonistas del canje permanecerá trabado. Ante esta situación, Argentina decidió que no iba a pagarle a los fondos buitre. Esta situación llevó a que las diversas aseguradoras de riesgo califiquen a Argentina en la categoría de “default selectivo”.

A partir de allí, la incertidumbre empezó a crecer entre los argentinos, incertidumbre que aún continúa. Todos se preguntan lo mismo, ¿cómo afectará a la economía este “default selectivo”? ¿Tendrá una similitud con el default del 2001 o será menor?

En este artículo se intentará mostrar los pasos que se siguieron para terminar en una cesación de pagos (de nuevo); identificar las causas que llevan a un país a este tipo de situaciones límite y que el impacto de un default agravará la recesión que enfrentará Argentina en lo que queda del año y en el 2015.

¿Cómo llegó Argentina a esta situación?

La deuda externa Argentina fue en todo momento creciente a partir de la década del 70 con el Gobierno militar, alcanzando la suma de US$41.000 millones. Todos los Gobiernos posteriores continuaron endeudándose de manera galopante, y para finales del 2001 alcanzó el montó de $144.266 millones. Sin embargo, el 23 de diciembre de ese año, el entonces presidente Adolfo Rodriguez Saa anunció la cesación de pagos por el monto de $102.000 millones. Todavía cuesta decidir qué fue peor, si el monto récord de declarar en default o que el Congreso haya aplaudido fervientemente esa decisión. Lamentablemente para el país, ese tipo de decisiones no son gratis y Argentina se vio marginada del crédito internacional desde entonces.

Luego, en el año 2003 asume como presidente Néstor Kirchner, que junto al ministro de Economía de ese año, Roberto Lavagna, comienzan a idear una reestructuración de la deuda.

Fue así como en marzo del 2005 se negoció una quita del 65,4% de la deuda y la adhesión de la deuda alcanzó al 76% de los bonistas. Cinco años más tarde, Argentina logra que la adhesión fuera del 92,4% y la ya entonces actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, pensó que su batalla estaba ganada.

Nada más lejos de la realidad. Los acreedores que no entraron al canje, los denominados holdouts, iniciaron juicios contra Argentina. Los más agresivos iniciaron acciones en EE.UU. y a principios del 2012 el juez estadounidense Thomas Griesa sentencia que los acreedores que no ingresaron al canje ofrecido por Argentina deben tener un trato equivalente a aquellos que sí lo hicieron (cláusula pari passu). A finales de ese año, el juez Griesa falla a favor de los fondos buitre y ordena el pago por parte de Argentina de $1.330 millones (suma que hoy asciende a $1.600 millones).

Por su parte, Argentina no quería aceptar esta situación y en junio del 2013 el país presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de la sentencia del juez Griesa. Dos meses más tarde, dicha corte respalda la decisión de Thomas Griesa. A partir de entonces, el tiempo de Argentina para pagar lo adeudado a los holdouts tenía fecha de vencimiento en 30 de junio, con 30 días de gracia que lo extendían hasta el final del mes de julio.

Argentina se escuda en la cláusula RUFO

La estrategia de los dirigentes argentinos fue en todo momento infantil, lejos del diálogo y cerca de los insultos.

Desde la perspectiva oficialista sostenían, en primer lugar, que si Argentina accedía a este pago, entonces se vendrían el resto de los holdouts que estaban en instancias jurídicas anteriores a una definición, pero que representan pagos por $15.000 millones.

El ministro de Economía Axel Kicillof se quejaba de la situación, ya que ese monto representaba la mitad de las reservas del país. Sería bueno que el ministro recuerde que desde inicios del 2011 a mediados de julio de este año, el país perdió reservas por $22.500 millones, monto superior a los $15.000 millones que reclaman los holdouts.

En segundo lugar, el Gobierno kirchnerista además sostiene que no puede negociar con los holdouts debido a que si lo hace, podría gatillarse la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Esto implicaría que los bonistas que sí entraron al canje, los holdins, podrían reclamar la totalidad del pago de sus bonos y de esta manera caerían unos $120.000 millones sobre Argentina, cuando sus reservas son de $29.000 millones. En otras palabras, una deuda impagable.

Con la entrada de la RUFO en el escenario, las opiniones comenzaron a multiplicarse a favor y en contra de si se activaría dicha cláusula o no. La cláusula RUFO dice lo siguiente:

[Si] Argentina voluntariamente ofrece comprar o canjear o solicita el acuerdo para enmendar cualquier Bono Eligible no ofrecido o aceptado en virtud de la Oferta, Argentina se ha comprometido que llevará a cabo todos los pasos necesarios para que cada uno de los titulares […] tengan el derecho […] de canjear […] por compensación en efectivo u otro tipo vinculado a dicha compra u oferta de canje o bonos, que tengan los mismos plazos en sustancia que los que son resultados del proceso del dicho proceso de enmendación.

Destacamos de la cláusula la palabra voluntaria ya que es clave en este asunto. En otras palabras, los bonistas que entraron al canje podrán reclamar la totalidad de la deuda sólo si Argentina hace una oferta voluntaria.

Sin embargo, en este caso el país estaría acatando la orden de un juez y el pago no sería voluntario. Sin embargo, si el pago se realizara en bonos, podría interpretarse una negociación por parte del Gobierno argentino y complicar la situación si los bonistas encuentran algún abogado creativo.

De todos modos, lo que el Gobierno se olvida de decir, es que esta cláusula no invalida el pago en efectivo. Bajo este último medio de pago, el Gobierno podría haber abonado a los holdouts sin el riesgo de que se gatille la RUFO. Esto lleva a pensar que en verdad el Gobierno de Cristina Kirchner no desea ni tiene intenciones de saldar su deuda.

Más aún, había otras opciones para esquivar la RUFO, como por ejemplo abrir una cuenta en un banco de Nueva York en dólares estadounidenses y dejar que el juez Griesa embargue la cuenta para pagarle a los holdouts. Esta acción claramente no puede interpretarse como negociación, debido a que hay un embargo de por medio. Es probable (o no sorprendería), que el Gobierno ni siquiera esté interesado en pagar en el 2015, fecha en la cual la cláusula RUFO ya no regiría.

Por otro lado, estuvieron cerca de acordar sobre la hora bancos privados y empresarios de Argentina la compra de los bonos a los holdouts, pero el tono poco amigable del ministro de Economía complicó las aguas y esa vía se vio frustrada. Hoy todo queda en mano de los bancos internacionales, que probablemente con una burocracia un poco más lenta intentarán comprar la deuda para evitar el default de Argentina.

La respuesta oficialista y el verdadero problema

La presidente Cristina Fernández de Kirchner comenzó a comunicar en sus discursos que Argentina no entró en default porque el país pagó, sólo que los fondos se encuentran retenidos en Nueva York por orden de Griesa y por esa razón los bonistas no pueden cobrarlos. La presidente Kirchner, tomando un tecnicismo polémico, repite y repite que un país entra en default cuando el país no paga, y nuevamente,recalca: Argentina pagó.

Una vez más, el argumento es pueril. Cristina podrá evitar decir la palabra default, pero no podrá evitar las consecuencias del default. Cristina podrá repetirlo su discurso las veces que quiera, pero la realidad es que los inversores extranjeros alejarán sus capitales del país y los argentinos probablemente busquen refugiarse en el dólar estadounidense.

Incluso, las aseguradoras que emitieron los Credit Default Swaps (CDS), que son títulos que se cobran si el país entra en default, admitieron que Argentina se encuentra en esa situación y avisaron que pagaran los CDS a quienes lo posean. En otras palabras, incluso hasta a quienes no les conviene que el país entre en default, admiten que el país lo está.

Como se mencionó anteriormente, este default no es similar al del 2001. Es mucho menos grave porque los bancos están líquidos. Aunque desde otro punto de vista, este default es mucho más grave a nivel ético porque era fácil de evitar y decidieron ingresar en la cesación de pagos de todas formas. Más aún cuando los bancos estaban líquidos y ofrecieron una solución, que terminó siendo desechada por los dichos y agravios del ministro Kicillof.

Consecuencias económicas del default selectivo

El impacto en la economía no será de golpe. Aún los mercados no reaccionaron del todo porque existe la apuesta de que: a) los bancos internacionales lleguen a un acuerdo y b) el Gobierno argentino cambie en 2015.

Sin embargo, de persistir la situación de default, la presión del tipo de cambio será a la alza, al igual que la inflación. Esto implica un menor consumo que terminará impactando en un incremento del desempleo.

La actividad económica también caerá más de lo que ya caería en una situación sin default, y el riesgo país volvería a incrementarse. En pocas palabras, si el default continúa, la recesión de Argentina se agravará. Por otro lado, si se sale del default, la recesión se atenuará. Lamentablemente, es muy improbable que Argentina escape de la recesión.

Por último, como país no podemos excusarnos en la moralidad de los fondos buitre. Dejando de lado la discusión ética, lo cierto es que los fondos de inversión de alto riesgo existen por la presencia de deuda. A su vez, la deuda entra en juego debido a que existe el déficit fiscal. Éste a su vez, tiene como origen el excesivo gasto público. En pocas palabras, el problema es la irresponsabilidad fiscal de los Gobiernos de Argentina de las últimas décadas.

En última instancia, los fondos buitre son como la gravedad, siempre existieron. La pregunta para reflexionar que debemos hacernos los argentinos es ¿por qué nos pasa a nosotros? La respuesta está en la irresponsabilidad del gasto público de nuestros Gobiernos.

Iván Cachanosky Iván Cachanosky

Iván Cachanosky es licenciado en Administración de Empresas y magister en Economía Aplicada. Se desempeña como profesor de CMT-Group. Síguelo en Twitter en @IvanCachanosky.

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Human Rights Watch: Violación de Derechos Humanos es práctica común en Venezuela

By: Staff de PanAm Post - Ago 7, 2014, 12:51 pm
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EnglishAyer por la noche en el programa "Conclusiones" de CNN, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), declaró que la violación de Derechos Humanos en Venezuela es una práctica común, y que cada vez que se le cuestiona a las autoridades sobre estos abusos responden con excusas para justificar su inacción. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, declaró que el informe presentado en mayo por Human Rights Watch es irresponsable. Vivanco respondió que ella “tiene un rol de vocera del Gobierno, quien encabeza la persecución penal contra aquellos que comenten la osadía, o cuentan con el coraje o valentía de intentar ejercer sus derechos fundamentales”. Explicó que las denuncias presentadas en el informe de HRW son testimonios serios de víctimas, familiares de ellos y abogados sobre torturas sufridas en detención “con la complicidad de los jueces y fiscales que dirige la señora Ortega”. Sobre el manejo caso de Leopoldo López, Vivianco señaló que es una “muestra del totalitarismo propio de un régimen autoritario”. Calificó su juicio como una farsa, ya que la fiscalía de Venezuela no ha presentado evidencias que prueben los delitos de los que se le acusa. https://twitter.com/CNNEE/status/497213880230498304 Jóvenes enjuiciados y detenidos La diputada venezolana del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Delsa Solórzano, informó ayer el balance actualizado de la situación de jóvenes detenidos en toda Venezuela por las protestas antigubernamentales que arrancaron en febrero de este año. "Hay 2.452 jóvenes en libertad condicional sometidos a juicios, 15 con arresto domiciliario, 23 estudiantes permanecen privados de libertad y alrededor de 100 detenidos, simplemente por ejercer su derecho constitucional de manifestarse, y la Fiscal General de la República y la Defensoría del Pueblo hacen caso omiso sobre esta situación", denunció Solórzano. "Tenemos un sistema judicial que no es imparcial, que lamentablemente cuenta con jueces que están dedicados exclusivamente a cumplir las órdenes políticas que usted, señora Ortega Díaz, emite", señaló Solórzano al desmentir a la fiscal general, quien por su parte asegura que solo quedan tres estudiantes encarcelados. Fuentes: CNN en Español, El Universal.

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