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Demanda popular por referendo revocatorio acentúa la represión en Venezuela

By: Pedro García Otero - Jun 7, 2016, 2:47 pm

Nuevamente, a la oposición venezolana se le impidió manifestar en las calles de todo el país a favor del referendo revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. Centenares de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) obturaron todos los accesos a centenares de personas que, en Caracas, intentaron marchar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir a las rectoras de este organismo que adelanten el proceso del referendo, que se inició hace más de un mes.

El despliegue represivo contra los manifestantes pacíficos de oposición contrasta con la indiferencia con la que estos mismos cuerpos, el día anterior, obviaron un “paro armado” de los llamados “colectivos” paramilitares en el oeste de la capital venezolana. Este “paro armado” se produjo porque la Policía Nacional Bolivariana detuvo a cinco miembros de estos “colectivos” presuntamente implicados en delitos como el secuestro de un diplomático italiano y un homicidio.

Sin embargo, según versiones de prensa, estos cuerpos paramilitares fueron atendidos por el vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, y los presuntos secuestradores y homicidas fueron dejados en libertad.

Gritando consignas como “No cabe duda, no cabe duda que esta vaina (sic) es dictadura” y “revocatorio ya”, dos grupos de manifestantes fueron separados por piquetes de la GNB y la PNB en el centro-este de Caracas, mientras a lo largo de todas las posibles rutas de los manifestantes hacia la sede del CNE, en el centro de la ciudad, se apostaban decenas de funcionarios policiales, que solo se ven cuando hay manifestaciones opositoras, nunca cuando se cometen delitos. Además, había camiones que despliegan murallas de metal y las llamadas “ballenas”, camiones que lanzan chorros de agua a presión contra los manifestantes.

El CNE se ha tardado cinco semanas en revisar las aproximadamente 2 millones de firmas que le entregó la oposición, y de las cuales solo se necesitan unas 200 mil para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Juan Carlos Caldera, coordinador del equipo de recolección, señaló al PanAm Post que, de estas rúbricas, han sido eliminadas unas 800 mil, algunas por detalles como que la planilla diga “precidente” (no “presidente”) en el cargo de la persona que se va a revocar.

“Lo que necesitamos es que nos den un papel en el que digan que se recogieron el 1% de las firmas y que ahora se validarán”, señaló Caldera. “Toda esta pelea es porque el CNE no quiere dar un bendito papel”, indicó. El lunes, 6 de junio, las directivas del Consejo Nacional Electoral se reunieron para discutir este tema, pero, según la versión oficial, no llegaron a un consenso.

Dispersados con bombas por exigir referendo revocatorio

La marcha fue disuelta a mediodía, cuando los funcionarios de la GNB y la PNB impedían el acceso a la vía que conduce hacia el Consejo Nacional Electoral. Es la tercera vez que a la oposición se le impide manifestar pacíficamente frente a las sedes del organismo comicial.

Un amparo concedido por la Corte de Apelaciones de Caracas el mes pasado impide las manifestaciones a favor del referendo revocatorio cerca de la sede del Consejo Nacional Electoral, argumentando que las protestas “ponen en peligro” al personal del organismo. La decisión se basa, supuestamente, en una denuncia que presentaron los trabajadores del CNE.

Curiosamente, la prohibición se basa en supuestas agresiones producidas el pasado 18 de abril contra una funcionaria policial durante la primera manifestación que se realizó con intención de ir hasta el CNE. Sin embargo, la supuesta agresión se produjo en la propia salida de la marcha, a muchos kilómetros del sitio de llegada de la misma.

Posteriormente a esta manifestación, fueron detenidos los supuestos agresores, ocho jóvenes que, según el Foro Penal, organismo que lleva la defensa de los detenidos y presos políticos, fueron torturados para que acusaran al jefe de Seguridad de la Asamblea Nacional, Ángel Coromoto Rodríguez, de promover los disturbios.

El propio Rodríguez, de 63 años y con graves problemas de salud causados por la hipertensión arterial, permanece “secuestrado” en la sede del Sebin, la policía política, tras ser detenido el pasado 19 de mayo. No han podido verlo aún sus familiares ni sus abogados, denunció Omar Estacio, jefe del equipo que lleva su defensa.

Los casos mencionados agravan el expediente de violaciones de Derechos Humanos contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que se está discutiendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y paralelamente en Venezuela. Ya se dio una visita de Amnistía Internacional para evaluar las condiciones del país en medio de la discusión acerca del referendo revocatorio.

La prohibición de las manifestaciones también agravan la endeble defensa de Maduro ante la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos invoque la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela en una reunión de su Consejo Permanente el próximo 20 de junio.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.

2 millones de razones para privatizar Aerolíneas Argentinas

By: Iván Carrino - @ivancarrino - Jun 7, 2016, 2:40 pm
(NQ Norte)

Luego de seis meses en el poder, el nuevo Gobierno de Mauricio Macri decidió publicar un detallado informe sobre la situación económica, política y social dejada por la gestión anterior. El informe, titulado “El estado del Estado” aborda desde la delicada situación económica, caracterizada por una alta inflación, déficit fiscal y controles de precios, hasta el desorden existente en todos los niveles de la administración pública. Uno de los puntos del análisis es lo que sucede en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, dedicada al transporte aéreo de pasajeros. Lea más: Argentina en cifras: cómo el kirchnerismo fundió un país Según el estudio: “En 2015, Aerolíneas requirió 532 millones de dólares de aportes del Estado Nacional para funcionar. Entre 2008 y 2015, recibió aportes del Tesoro por 29.676 millones de pesos, un promedio de 2 millones de dólares por día”. Las pérdidas de la empresa contribuyeron a incrementar el déficit fiscal, que es uno de los principales problemas de la economía argentina actual. El desequilibrio de las cuentas públicas, si se financia con emisión monetaria, genera inflación. Pero si se financia con deuda, eleva las tasas de interés, deprimiendo la actividad económica, por lo que siempre es preferible mantener presupuestos públicos equilibrados y, mejor aún, con un reducido nivel de gasto público. Claramente, mantener una empresa con semejantes pérdidas conspira contra este objetivo. Tal vez a raíz de esto es que se anunció recientemente que los subsidios estatales a la compañía se reducirían en un 40%. La medida debe ser calurosamente bienvenida. Sin embargo, todavía se podría hacer algo mejor: privatizar la empresa y emprender una política de “cielos abiertos” para el mercado de transporte aéreo. Es evidente que si esto sucediera, el Estado dejaría de dilapidar recursos en mantener la aerolínea estatal. Sin embargo, frente a propuestas del estilo, son muchos los reparos y los pedidos de mantener el statu quo. Es que en el imaginario colectivo, las aerolíneas estatales sirven para proveer servicios de transporte más baratos a destinos donde, de otra forma, los aviones no llegarían. En definitiva, se piensa que un mercado aerocomercial totalmente privado sería un mercado “para pocos”, en donde las grandes masas consumidoras quedarían marginadas. El problema con este planteo es que no puede estar más alejado de la realidad. // A finales de los años 70, el mercado de transporte aéreo en los Estados Unidos estaba altamente regulado. Si bien carecía de “aerolíneas de bandera”, el Gobierno era quien determinaba qué aerolíneas podían operar en el país, a qué ciudades podían dirigirse las que ya estaban operando, y qué precios debían cobrar por sus servicios. Este tipo de regulaciones restringieron la competencia en el mercado y elevaron los costos de viajar. Fue la regulación estatal la que creó el mercado “para pocos”. Sin embargo, durante la presidencia de Jimmy Carter, el mercado se desreguló casi por completo. El Estado salió del negocio y permitió que los precios, los destinos, y la calidad del servicio quedara determinada por el libre juego de la oferta y la demanda. Los resultados fueron más que positivos. Según un artículo de la Fundación para la Educación Económica de Nueva York, luego de la desregulación: Los precios de los pasajes cayeron un 50%. En 1965, menos del 20% de los estadounidenses había tomado alguna vez un avión, mientras que en el año 2000, la mitad de la población tomaba al menos un viaje de ida y vuelta al año. El número de pasajeros se triplicó entre 1970 y el año 2011. En 1974, era ilegal que una compañía cobrara menos de US$ 1.442 (ajustados por inflación) por un vuelo entre Nueva York y Los Ángeles. Hoy esos vuelos pueden llegar a costar menos de US$ 300. Desde su estatización en 2008, la aerolínea de bandera en Argentina sólo ha representado un costo para todos los argentinos. Privatizarla representaría un ahorro sustancial para todos, en tiempos en que el déficit fiscal amenaza la estabilidad de la economía. Por último, una política de cielos abiertos, que incentive la competencia, contribuiría a una mejor calidad del servicio, y ampliaría considerablemente las posibilidades de viajar de todos los argentinos. Esperemos que el Gobierno tome en serio esta propuesta, en lugar de desecharla con prejuicios ideológicos.

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