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El ministro de Planificación Federal e Infraestructura del Gobierno de Cristina Kirchner, Julio de Vido, fue imputado este martes por presunto sobreprecio en la construcción de obras públicas en la provincia de Santiago del Estero, noroeste de Argentina.
El fiscal federal, Patricio Evers, inició la acción penal contra el actual diputado del Frente para la Victoria (FPV), por la construcción de las sedes de los ministerios de Economía y Educación en Santiago del Estero, que fueron adjudicados a la empresa Panedile.
La prensa local señala que desde 2005 el Ministerio a cargo de De Vido comenzó a adjudicar a la constructora Panedile millonarias obras públicas en Santiago del Estero. Para ese momento la provincia era gobernada por Gerardo Zamora, quien era considerado un «radical K».
El fiscal Evers pidió a la juez federal, María Servini de Cubría, que investigue penalmente al diputado también por obras de un dique en en Río Salado, la ampliación del aeródromo de la localidad de Termas, y la repavimentación de la ruta provincial entre Loreto y Frías, todas, en Santiago del Estero.
La causa se inició por una denuncia de Roberto Ángel Azzareto, exministro de gobierno provincial. Según Azzareto, De Vido determinaba qué precios se debían pagar y qué empresas obtenían las obras.
Esta no es la única causa en la que está involucrado el exministro, considerado uno de los más influyentes de los gobiernos kirchneristas.
Este mismo mes fue procesado por la tragedia ferroviaria de Once que ocurrió en febrero de 2012, en la que murieron 51 personas, incluyendo una embarazada, y por las lesiones que sufrieron más de 700 pasajeros. El actual diputado nacional enfrenta cargos por «descarrilamiento de tren agravado » y «administración fraudulenta contra el Estado»; se le embargó por AR$ 600 millones (US$ 42.714.000).
También está imputado por el juez federal Julián Ercolini, por la compra de material ferroviario en mal estado a España y Portugal.
El fiscal Guillermo Marijuán lo imputó en la causa de la «ruta del dinero K», luego que el testigo protegido Leonardo Fariña lo involucrara en su declaración, al igual que a la expresidenta Cristina Kirchner.
Por otra parte, el juez Luis Rodríguez lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Además, el Gobierno de la provincia de Jujuy lo denunció por el presunto envío de fondos millonarios sin control a la organización que manejaba la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida por estar acusada de asociación ilícita, fraude y extorsión.
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