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EnglishLas autoridades argentinas están poniendo la lupa en la gestión de los funcionarios que prestaron servicio durante el Gobierno de Cristina Kirchner. En todos los niveles hay acusaciones sobre corrupción que ponen en entredicho la labor de quienes tuvieron en sus manos el manejo de los fondos públicos.
Estas últimas semanas la justicia emitió dictámenes en contra de los extitulares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), del exministro de Planificación e Infraestructura, del exjefe de Gabinete y el Secretario General de la Presidencia, entre otros.
El extitular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, está complicado con tres causas.
Echegaray fue citado en el marco de una querella por falso testimonio llevada adelante por el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, a quien había acusado de tener una cuenta bancaria secreta en Suiza. También fue citado en la causa de la “ruta del dinero K” por permitir el sistema de facturas falsas que le posibilitó evadir impuestos a Lázaro Báez; además, un juez pidió que lo investiguen por permitir que el otro prominente «empresario K», Cristóbal López, no liquidara de inmediato US$ 561.440.000 ($ 8.000 millones) en impuestos a los combustibles.
Los tres exjefes del gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, deberán declarar el 10, 11 y 17 de mayo, respectivamente, por presuntas irregularidades en los fondos de Fútbol Para Todos. Este programa es el dueño — por convenio con la Asociación del Fútbol Argentino— de los derechos televisivos para la transmisión en vivo de los torneos de Primera División y de las semifinales y finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.
Aníbal Fernández suma otra causa en su contra, pues la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó esta semana su procesamiento y del exmininistro de Salud, Daniel Gollán, por las irregularidades en la licitación del plan Qunita de provisión de kits para recién nacidos.
Los jueces señalan que hubo una diferencia entre los valores presupuestados inicialmente y los finalmente pagados: se previó gastar US$ 47.371 ($ 675.000) por 140.000 kits y se terminó autorizando el pago de US$ 77.005,64 ($ 1.097.259) por 150.000.
El extitular del PAMI, Luciano di Cesare, fue imputado por la liquidación y cobro de US$ 91.234,00 ($ 1.300.000) por vacaciones no gozadas.
Por su parte, el exsecretario General de la Presidencia en el último tramo del Gobierno de Cristina Kirchner, Eduardo de Pedro, fue imputado este miércoles a raíz de una denuncia por supuesta sobrefacturación de viajes. El perjuicio al Estado sería superior a los 300.000 dólares, señala La Nación. El juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso, investigará la rendición de gastos de viajes presidenciales a Paraguay y a Estados Unidos en el último semestre de 2015.
De Pedro será investigado por «incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y defraudación contra la administración pública».
Asimismo, el exministro de Planificación e Infraestructura Julio de Vido fue imputado por su presunta responsabilidad penal en la llamada «tragedia de Once», accidente ferroviario que causó 51 muertos y 789 heridos en 2012.
Por la misma tragedia fue condenado el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime a cumplir seis años de prisión. Jaime pagó sobreprecios y cuantiosas comisiones a una empresa argentina por su asistencia en la compra de trenes que nunca fueron utilizados.
De Vido también está imputado en la causa de la «ruta del dinero K» luego que el testigo protegido Leonardo Fariña dijo que formó parte de las operaciones de lavado. Fariña acusó a De Vido de maniobrar en la adjudicación de la obra pública para favorecer a Lázaro Báez.
La lista la completa la expresidenta Cristina Kirchner, quien es señalada en varias causas desde hace tiempo. Está imputada en la causa de la venta de dólar a futuro y también en la causa de “la ruta del dinero K”, a raíz de las declaraciones de Fariña, quien la acusa de encubrimiento en la operación de lavado.
También está siendo investigada por el caso “Hotesur”, que busca determinar si la cadena hotelera de su familia fue usada para blanquear fondos de origen ilegal, y además está imputada en una causa por sospechas de ocultamiento de plazos fijos que tenía su esposo Néstor Kirchner, pero que ella no habría declarado.
Los kirchneristas señalan que se trata de una caza de brujas, mientras que el el presidente Mauricio Macri lo niega y evita pronunciarse sobre las investigaciones, al asegurar que la justicia está haciendo su trabajo y que existe división de poderes.
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