La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, será denunciada este lunes 27 de junio por el delito de asociación ilícita, formada para delinquir con la obra pública nacional durante su gobierno.
La denuncia abarca a los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López, y los exfuncionarios José López y Julio de Vido.
La diputada nacional Margarita Stolbizer pedirá formalmente a los jueces federales Julián Ercolini y Claudio Bonadio la investigación contra la exmandataria.
“Desde el año 2003 y en el período que corresponde a las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, diferentes funcionarios públicos (inclusive los presidentes mencionados) y empresarios privados claramente identificados por sus vínculos personales con aquellos, conformaron una asociación ilícita vinculada a la obra publica”, sostiene Stolbizer en la ampliación de denuncia.
“Existía una organización interna con roles y deberes determinados cuyos jefes o cabeza de la banda eran la familia Kirchner (…) el responsable principal de esa organización (ya que no solo se unieron para cometer delito, sino que efectivamente los cometieron) fue hasta el año 2010 Néstor Kirchner y con posterioridad Cristina Fernández de Kirchner”, dice el texto de la denuncia que será presentada este lunes.
Esta ampliación se sumará a causas que ya investigan los jueces Ercolini y Bonadio por supuesto lavado de activos en las empresas de la familia Kirchner “Los Sauces” y “Hotesur”, pero que no incluían hasta el momento la figura de asociación ilícita.
El juez Ercolini es el encargado de la causa Hotesur, en la que se investiga presunto lavado de dinero por parte de la familia Kirchner y distintos empresarios, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Estos habrían alquilado por sumas millonarias las habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner sin ocuparlos.
El juez Bonadio por su parte está a cargo de la llamada causa “Los Sauces”, producto del negocio de la familia Kirchner, donde se investiga, por denuncia de Stolbizer, el alquiler de propiedades de la ex presidenta por parte de firmas relacionadas también con Báez y López.
Ambas causas relacionadas con los negocios inmobiliarios de los Kirchner tendrían un modus operandi similar.
La diputada Stolbizer pedirá incluir en esa “asociación ilícita” al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, detenido in fraganti cuando intentaba esconder en un monasterio femenino en la Provincia de Buenos Aires casi USD$9 millones, además de euros, yenes, joyas y un arma de asalto.
La petición se hará extensiva al exministro de Planificación y actual diputado nacional, Julio de Vido, quien consideraba a López su “mano derecha”.
Asimismo, se incluiría en la petición de investigación por asociación ilícita a el ex titutar de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
La denuncia de la diputada Stolbizer señala que la mayor inversión en obra pública se destinó a la provincia de Santa Cruz, al sur del país, y el 80% las ganó el empresario Lázaro Báez, hoy procesado por lavado de dinero.
Stolbizer asegura que el exsecretario de Obras Públicas José López enviaba un listado donde indicaba cuánto tenía que cobrar cada empresa y siempre figuraba Lázaro Báez en primer lugar, aunque en muchos casos las obras ni siquiera fueron realizadas.
“La relación entre el empresario (Lázaro Báez) y el funcionario (José López) , ambos presos en el mismo penal, era muy estrecha. Los adelantos de obra eran el mecanismo predilecto de Báez y López para poder justificar millonarios desembolsos a empresas cercanas al kirchnerismo”, expresa Stolbizer.
Clarín señala que la ampliación de la denuncia que hará Stolbizeren en los tribunales federales incluirá al Banco de la Nación Argentina (BNA) a raíz de los millonarios préstamos realizados a la principal empresa de Báez, Austral Construcciones.
López, Báez y De Vido ya fueron denunciados por presunto fraude al Estado por el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
Iguacel señala que De Vido, López y las ex autoridades de Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz, cartelizaron las obras públicas en las empresas de Lázaro Báez.