English Version
EnglishEl crecimiento de los índices delictivos en Venezuela ha sido sostenido a lo largo de los últimos 16 años transcurridos entre los últimos dos Gobiernos que ha tenido el país suramericano. El fracaso de las políticas públicas dirigidas a frenar la proliferación de bandas delictivas tuvo su punto cumbre con el nacimiento de las «Zonas de Paz«, que se convirtieron en territorios sitiados donde la policía no podía ingresar y donde las normas de convivencia son impuestas por los líderes de las bandas delictivas.
El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa y del Observatorio del Delito Organizado, advirtió que en Venezuela existen aproximadamente 10 «megabandas», producto de la exportación de la cultura penitenciaria desde las cárceles a las zonas populares. De momento, hay en especial dos organizaciones que se han vuelto populares, precisamente por sus enfrentamientos con las autoridades: El Picure y El Juvenal.
La diferencia en relación con otros grupos delictivos, es principalmente la cantidad de hombres que la integran y el poder de fuego con el que cuentan, pues al hablar de una «megabanda», se dice que una organización con más de 60 miembros y que entre sus arsenales cuentan con armas de guerra: fusiles AK47, AR15 y explosivos.
«El Gobierno venezolano ha sido permisivo con la delincuencia. Es una permisividad que nace desde la impunidad que genera el sistema de justicia, hasta el invento de las ‘zonas de paz’ que perseguía disminuir los índices de homicidios, supuestamente evitando los enfrentamientos entre bandas, pero que se revirtió y solo generó el crecimiento de otros delitos en esos espacios que tomaron los delincuentes», explicó Cedeño a PanAm Post.
El experto hizo referencia a lo sucedido el lunes en cuatro zonas del país, donde las Fuerzas Armadas Nacionales y los cuerpos policiales hicieron un despliegue de más de 3 mil efectivos para contrarrestar la acción delictiva de importantes bandas que operan en esos lugares. El Gobierno denominó la acción «Operación de Liberación del Pueblo«, según lo explicó el ministro de Interior y Justicia Gustavo González.
«Veremos si el Gobierno tiene la intención de realmente liberar todos los territorios que han sido tomados, no solo por bandas, sino por los colectivos armados, producto de la traslación del modelo penitenciario de un ‘pran’ o líder, que impone las normas, que tiene un número importante de seguidores y que hace del delito su manera de vivir», dijo Cedeño.
Para el abogado criminólogo Fermín Mármol García, el surgimiento de estas megabandas se remonta a 2012,cuando desde el Gobierno del fallecido Hugo Chávez se impulsó el Plan de Pacificación Nacional que consistía en tratar de que los delincuentes abandonaran la vida criminal, a cambio del ofrecimiento por parte del Estado de impulsar la actividad agrícola.
«En Venezuela ese tipo de propuestas simplemente no tienen sentido, porque el delincuente sabe que gana más con su carrera criminal que trabajando el campo. Eso hizo crecer las bandas, que se fortalecieran y se apropiaran de territorios completos, que además provienen de tres aristas importantes: en primer lugar, surgen de la tergiversación de la actividad sindical; en segundo lugar, de los grupos de ‘Gobiernos’ en las cárceles que se extendieron a la sociedad, y en algunas regiones de Venezuela, de la minería», explicó Mármol García.
En el operativo realizado el lunes por las fuerzas policiales de Venezuela, en cuatro locaciones, fueron movilizados 3000 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, aprehendidas 247 personas, recuperados 28 carros robados y ultimados 17 personas (14 en la Cota 905, en Caracas y 3 en el estado Aragua). Según las autoridades, entre los detenidos había 40 colombianos a quienes se les atribuye la supuesta vinculación con grupos paramilitares.
Mimetización frente a la delincuencia
Para ambos expertos, el fenómeno de la delincuencia en los barrios ha hecho que los ciudadanos se vean obligados a mimetizarse frente al crimen, como consecuencia del abandono del Estado en estos sectores.
«Al venezolano no le quedó otro remedio que acostumbrarse a convivir con el crimen y la violencia, porque el Estado los abandonó y abandonó su deber de protegerlos y perseguir al delincuente para suprimir el delito. La gente tiene tantos problemas, que no le queda de otra que adaptarse para sobrevivir», comentó Mármol García.
Por su parte, Cedeño advirtió que es precisamente el miedo el que hace que las comunidades sean pasivas ante la proliferación de estas megabandas delictivas, que al final, suplen al Estado en su labor de mantener el «orden» dentro de los espacios que toman.
«La gente sabe que no hay estado de Derecho y cualquiera que lo supla, es bienvenido, porque al final son un mal menor, en comparación con un estado de absoluta indefensión. Las personas prefieren acostumbrarse a vivir con una megabanda organizada, que tener muchas bandas atomizadas enfrentándose entre ellas», señaló Cedeño.
