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Por Víctor Molina
EnglishEn octubre de 2015, Amnistía Internacional asistió por primera vez a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela.
La razón: solicitar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos de activistas venezolanos, quienes han enfrentado un creciente número de acusaciones en los medios — especialmente en la televisión estatal— por parte de altos funcionarios, incluidos el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Activistas de Derechos Humanos también han sufrido ataques físicos en Venezuela, tal como señaló Marino Alvarado a la CIDH. Recientemente, hombres armados irrumpieron en su casa, lo sometieron y golpearon a él y a su hijo.
En 2014, protestas en contra del Gobierno dejaron 44 muertos y cientos de heridos. Venezuela no podrá brindar justicia a sus víctimas si no valora y protege el trabajo de los activistas de derechos humanos.
Venezuela no podrá brindar justicia a sus víctimas si no valora y protege el trabajo de los activistas de derechos humanos.
Tanto organizaciones locales e internacionales han documentado casos de tortura. Ese es el caso de Wuaddy Moreno, un agricultor que denunció que la Guardia Nacional Bolivariana lo arrestó tras regresar de una fiesta de cumpleaños y lo acuso de construir barricadas. Le quemaron sus glúteos con un destornillador candente.
En otro caso, Gloria Tobón informó que la Policía venezolana las tomó por el cuello a ella y su hija cuando pasaban por una protesta en camino a comprar comida. Los funcionarios las golpearon, les administraron choques eléctricos en sus genitales, y las amenazaron con matarlas.
Testimonios como estos se replican a lo largo del país. A veces escenas como la siguiente son capturadas por la cámara: funcionarios pateando personas, utilizando armas de fuego indiscriminadamente, golpeando reiteradamente a personas con objetos contundentes, mientras los insultan o los amenazan de muerte. Incluso hay casos filmados de abusos sexuales. Los controles médicos llevados a cabo tras las denuncias no cumplen los estándares internacionales. La impunidad es la regla.
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La sentencia contra el líder opositor Leopoldo López, de 13 años, siete meses, 12 días y 12 horas en prisión muestra un absoluto irrespeto por la independencia judicial. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria cuestionó la imparcialidad del juicio contra López.
Amnistía Internacional declaró a López el primer preso de conciencia en Venezuela. Su caso se puede equiparar al de los activistas perseguidos como Rosmit Mantilla, un defensora de los derechos LGBT e integrante de Voluntad Popular, el partido de López. En mayo de 2014, policías venezolanos detuvieron a Mantilla en la casa de sus abuelos, y desde entonces espera que comience su juicio. Tras 18 meses, la fiscalía no presentó evidencia creíble en su contra.
El Gobierno venezolano afirma que la Constitución es el «instrumento más avanzado en materia de derechos humanos del mundo» y que respeta sus garantías. De hecho, los artículos 19, 23, 31 y 339 reconocen el derecho internacional, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos y su autoridad.
Para que Caracas respete la Constitución debe retornar a la Convención Americana, la cual el Gobierno inconstitucionalmente abandonó en 2013. Además, debe liberar a los arbitrariamente arrestados, y cumplir con las resoluciones de organizaciones internacionales como el Comité contra la Tortura de la ONU, que demanda medidas urgentes para asegurar el derecho de cada prisionero a su integridad física.
Al mismo tiempo, Venezuela debe aceptar las 52 recomendaciones recibidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su Mecanismo Universal de Revisión Periódica sobre la independencia judicial y la protección de los abogados defensores.
Víctor Molina es director de comunicaciones en Amnistía Internacional Venezuela. Síguelo: @amnistia.
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