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EnglishLa Corte Suprema de Brasil autorizó la investigación de la presidenta suspendida Dilma Rousseff por supuesta obstrucción de la justicia, informaron los cuatro principales diarios brasileños este martes, a pocos días de que comience su juicio de destitución en el Senado.
La Fiscalía intenta averiguar si Rousseff buscó obstruir las investigaciones sobre el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en el marco del megafraude a la empresa estatal Petrobras al designarlo como ministro jefe de su gabinete en marzo, informaron los periódicos O Globo, Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo y Valor.
Contactadas por la agencia de noticias AFP, ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Brasil confirman la información. Lula y varios exministros de Rousseff también serán investigados por obstrucción de la justicia, informaron los medios.
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La decisión de la Corte Suprema, que responde a un pedido de la Fiscalía, convierte a Rousseff en formalmente investigada en relación con la apodada “Operación Lava Jato”, que desde el 2014 busca desentramar una red de corrupción que involucra a los principales políticos y empresarios del país y que desvió más de $2.000 millones de la petrolera.
“La apertura de la investigación es importante para dilucidar los hechos y aclarar que en ningún momento hubo obstrucción de la justicia”, dijo a la AFP un portavoz de Rousseff, que afirmó haberse enterado de la decisión judicial a través de la prensa local.
Plebiscito como solución para la crisis en Brasil
Dilma Rousseff hizo pública el martes una carta dirigida tanto a los senadores como al pueblo brasileño en la que promete, en caso de que salve el juicio político al que se enfrentará a partir del próximo día 25 de agosto, un plebiscito para que haya nuevas elecciones presidenciales.
“Entiendo que la solución para las crisis política y económica que enfrentamos pasa por el voto popular en elecciones directas”, escribe. “Resistí la cárcel y la tortura. Me gustaría no tener que resistir el fraude y la más infame injusticia”, continuó la presidenta.
#Brasil | #DilmaRousseff propone plebiscito si es reinstalada en presidencia. pic.twitter.com/k3iPyCijo1
— Prensa Libre (@prensa_libre) August 16, 2016
Muchos especialistas aseguran que este anuncio llega demasiado tarde. El juicio político –impeachment– al que se enfrenta Rousseff tiene muy pocas posibilidades de ser parado. Y el intento –algo desesperado– de la presidenta apartada de convencer a algunos senadores con el hipotético anuncio de elecciones a fin de que no voten por su destitución no la salvará, según la mayoría de los especialistas.
La presidenta explicó que no pueden apartarla por el conjunto de su obra: “No se puede apartar del poder a un presidente por lo que se denomina ‘el conjunto de su obra’, porque sólo el pueblo puede hacerlo, sólo el pueblo con elecciones”.
Más allá de la carta, el juicio político definitivo contra la presidenta ya tiene fecha: comenzará el próximo 25 de agosto. No se sabe cuándo terminará, pero no durará más allá de tres o cuatro días. Todos, eso sí, saben cómo terminará: con la presidenta destituida y con el presidente actual en ejercicio, Michel Temer, convertido en presidente con todas las letras. Muy pocos políticos o especialistas, más allá del círculo restringido de la presidenta y en público, hablan de que salvará el impeachment.
Dilma Rousseff: “Soy inocente”
La presidenta, en su comunicado, leído en su residencia oficial del Palacio de la Alvorada sin permitir preguntas posteriores, añadió otras ideas que lleva repitiendo desde que fue apartada provisionalmente del poder por el Congreso brasileño en el primer tramo del impeachment, en mayo: afirmó, por ejemplo, que es inocente del crimen de responsabilidad del que se le acusa, esto es, el haber maquillado las cuentas públicas y haber gastado más del presupuesto sin permiso de los parlamentarios.
Añadió que un juicio político sin que exista ese crimen de responsabilidad es, simplemente “un golpe de Estado”. Y añadió: “Un colegio electoral de 110 millones de electores será sustituido, sin la debida justificación constitucional, por un colegio electoral de 81 senadores. Sería un golpe seguido de una elección indirecta”.
También dijo que se siente víctima de un proceso “ilegítimo” iniciado por una persona “que ha recibido sobornos y que tiene cuentas ilegales en el exterior”. No citó su nombre, pero se refería al expresidente del Congreso, Eduardo Cunha, del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), acusado por la Fiscalía de regentar cuentas millonarias en Suiza provenientes de la trama corrupta de Petrobras.
También defendió una amplia reforma política que desenmarañe el sistema parlamentario brasileño, que cuenta con decenas de partidos minúsculos que forman alianzas y contra-alianzas más allá de la ideología, dificultando la labor gubernamental. Los críticos de Rousseff le achacan que propugne ahora una reforma política que ella fue incapaz de llevar a cabo durante sus cinco años y medio de mandato.
Fuentes: El País, La Nación, Reuters
