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El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva presentará un informe con «nuevos hechos» al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, que indican una supuesta «persecución judicial» que ha sufrido con respecto a antiguas acusaciones de corrupción.
Sus abogados explican que el expresidente y su familia habrían sufrido consecuencias desde que él mismo había denunciado ante la ONU supuestos abusos que se cometieron en las investigaciones del polémico caso de Petrobras.
También mencionaron que convocar a la esposa de Lula, Marisa Letícia, para que diera declaraciones ante la ley, al igual que a su hijo Fabio, es represalia en contra de ellos y que no existe ninguna justificación razonable. Igualmente, se hizo énfasis en cuanto a los investigadores del caso de la petrolera, que también hicieron, según, una «campaña opresiva» en contra de Da Silva en los medios de comunicación.
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En una entrevista para la revista época, se indicó que los fiscales que investigaron los casos de corrupción en Petrobras, según estarían molestos por lo que se considera «intentos de intimidación».
En el mismo comunicado de defensa se señala que “la reacción autoritaria de los operadores de la operación Lava Jato”, como se conoce al caso Petrobras, “confirman que Lula es víctima de una verdadera caza judicial, que se vale de la complicidad de los medios de comunicación para esconder los abusos y promover un juicio por parte de los medios”.
Las autoridades se encuentran investigando si realmente Lula recibió dinero de las constructoras. En su defensa responde de manera formal ante el tribunal que existe una «obstrucción de la justicia», ya que alega que existió un intento de soborno con uno de los implicados de la petrolera.
