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La Fiscalía General de El Salvador capturó esta semana a cuatro personas, entre ellas un presentador de radio y televisión, Alejandro Maximiliano González, conocido popularmente como el «Gordo Max» y Ernesto Regalado, un prominente empresario.
El miércoles 4 de enero la Policía Nacional Civil (PNC) presentó los cargos en contra de los capturados: remuneración de actos sexuales con menores de edad. Los otros capturados son Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador García Arévalo.
Las menores de edad eran contactadas prometiéndoles trabajos de edecán o modelaje, y al momento de la supuesta reunión para la contratación, las víctimas eran entregadas a los “clientes”, quienes abusaban sexualmente de ellas.
Las jóvenes eran contactadas por medio de las redes sociales y por llamadas telefónicas. El punto de encuentro eran centros comerciales de San Salvador. Los montos que los “clientes” pagaban por mantener relaciones sexuales con las menores, según la fiscalía, oscilaban entre US$100 y $300 si eran vírgenes.
Posteriormente, las jóvenes prostituidas debían pagar una cuota a los proxenetas por el cliente conseguido.
«No se ha acusado de estupro y violación porque cuando pagaron, las menores iban con consentimiento» argumentó Ana Herrera, oficial de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC, haciendo referencia al delito que penaliza tener relaciones sexuales con adolescentes entre los 15 y 17 años.
Las declaraciones de la funcionaria generaron controversia en las redes sociales salvadoreñas, ya que la ley salvadoreña sí penaliza que mayores de edad tengan relaciones sexuales con menores.
Es irrelevante si fue con consentimiento o no, SON MENORES @FGR_SV https://t.co/bX9W47wMUo
— Erika Saldaña (@erikasaldana) January 4, 2017
Investigarán actuación de anterior fiscal
En 2014, el «Gordo Max» había sido relacionado con una red de prostitución de menores, pero en ese momento se le trató como un testigo. «Eso no fue judicializado y no tiene ningún nivel de relevancia con la investigación actual», manifestó Allan Hernández, director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República.
Las primeras capturas de los condenados fueron realizadas en noviembre de 2013 cuando seis de los procesados se encontraban en sus casas de habitación en Apopa, San Marcos y San Salvador. Mientras que los demás fueron capturados en agosto de 2014. Durante las investigaciones de ese año se conoció que el «Gordo Max» estaba listado como cliente de la red.
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“Tenemos que recalcar que las personas que están vinculadas a la red de trata de personas ya han sido procesadas. Hay algunas condenadas y a una en calidad de rebeldía que aún está en el proceso de investigación. Luego, quedaba la etapa de los clientes que era una deuda que tenía la fiscalía y que ahora se está saldando con estas capturas”, explicó Hernández,
A petición del fiscal durante esos años, el caso fue declarado reservado, ya que aplicaban normativas de protección al menor.
Por este caso en octubre de 2015 se condenó a ocho personas a entre siete y diez años de prisión. Otras tres personas fueron absueltas.
El actual fiscal general, Douglas Meléndez, ha ordenado una investigación interna del caso, debido a las acciones del anterior fiscal.
Fuentes: Factum, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica.
