Chile: reducción de parlamentarios y reelección presidencial

La actual situación significa para el país costear un congreso de 155 diputados y 50 senadores que le cuestan al país 15 mil millones de pesos

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La propuesta busca reducir el número de parlamentarios de 155 diputados y 43 senadores a 120 diputados y 40 senadores. (Archivo)

La propuesta a modo de proyecto de ley que levantó la bancada oficialista, Chile Vamos,  busca reducir el número de parlamentarios de 155 diputados y 43 senadores a 120 diputados y 40 senadores, con una reelección presidencial inmediata de cuatro años.

El jefe de la bancada UDI, Javier Macaya, junto a la diputada RN, Paulina Núñez, indicaron que actualmente el gasto fiscal que ha implicado el aumento de parlamentarios en el Congreso “podrían ser mucho mejor empleado en salud, educación y en tantas necesidades que tiene nuestro país”. En ese sentido, el diputado UDI aseguró que “hoy esto se puede revertir y se puede hacer modificando nuevamente el sistema electoral chileno”, con la propuesta que ellos plantean. El tema de la reelección presidencial se tocará en otra columna.

La actual situación significa para el país costear un congreso de 155 diputados y 50 senadores que le cuestan al país 15 mil millones de pesos, tomando como base la dieta (sueldos de los honorables) y las asignaciones parlamentarias actuales, como por ejemplo gastos en asesores, oficinas, personal, entre otros.

Esto es más de lo que ganan los parlamentarios en Estados Unidos cuyos sus ingresos por esta actividad anualmente son USD $174.000 Anuales por diputados y USD $193.400 por senadores. La Cámara de Representantes de EEUU está compuesta por 435 Diputados, cuatro delegados y un comisionado residente; mientras que el Senado cuenta con 100 miembros, que se renuevan cada dos años aunque existe la posibilidad de reelección.

Con respecto al costo de un diputado, en Chile, por año cuesta USD $497.082, si se considera que se le asigna una dieta mensual de USD $15.318; monto de personal de apoyo de USD $10.160; asesorías externas por USD $3.912; gastos operacionales para los comités de USD $39,12; monto por personal de apoyo para los comités de USD $1.604 y asesorías externas para los comités por USD $489

En tanto, un senador tiene un costo anual de USD $636.523, esto porque mensualmente se le entrega por concepto de dieta USD $15.318; gastos operacionales por USD $13.937; personal de apoyo por USD $11.476; asesorías externas por $5.282; gastos operacionales para los comités de USD $39,12; monto por personal de apoyo para los comités por USD $1.609 y asesorías externas para los comités por USD $4.683.

Los costos son astronómicos considerando que a diferencia de los norteamericanos, los congresistas chilenos tienen  en estas condiciones, menos personas a las que representar por cada uno y que sus niveles de popularidad no solo son bajísimos, sino que la imagen que ha dado el nuevo Congreso.

Sobre todo en las filas de la izquierda, han desprestigiado enormemente pues nos hemos encontrado con personajes casi de caricatura como el diputado Raúl “Florcita Motuda” Alarcón quien no solo se manifestó a favor de dar mar soberano a Bolivia porque él tiene aprecio por los bolivianos, como si ese fuera un argumento jurídico racional, sino que al pedir la palabra en la sesión sobre Venezuela, en lo que sería su primera intervención como “honorable” dijo: “No tengo argumentos y es una lata darlos…pero estoy en contra”.

No sería la última vez que el diputado que representa al ultra izquierdista Frente Amplio, lanza declaraciones de ese calibre, demostrando su absoluta falta de idoneidad para el cargo que ocupa. En otra ocasión diría a los medios que tiene el derecho a no estar interesado por los temas legislativos.

Sumado a este personaje encontramos a otros izquierdistas como Pamela Jiles, que no tiene tapujo alguno para resolver sus diferencias de opinión con agresiones físicas. Con un congreso así, no sorprende que la iniciativa de la bancada UDI (Unión Demócrata Independiente) de volver a la cordura que nos quitó el sistema D’Hondt que nos dio quizá demasiados parlamentarios residuales de minorías bien organizadas pero que no necesariamente representan a la población, sea tan bien recibida por la ciudadanía.

Los pros de este cambio, serían que los costos se reducirían a un nivel menos grotesco, entendiendo la valoración que tienen los parlamentarios hoy con esa idea de justificar livianamente su posición generando una hiperinflación normativa que sofoca a los ciudadanos, entre tantas otras razones disponibles para entender su desprestigio. También sería positivo que los candidatos gestionen orientados hacia una verdadera representatividad, pues aumentaría el número de personas por las cuales trabajarían.

Esto significa que se abran mejores espacios para la información, que las campañas sean más cercanas a sus distritos y circunscripciones pues al haber menos cupos, hay más escenario para presentar con detalle el discurso a defender y por el cual los ciudadanos habrán de votar.

Esto de la representatividad es muy amplio pues no solo se refiere a cantidad sino a calidad. Cambiar la noción de que ser algo o tener una etiqueta en particular, equivale a defender las mismas, como por ejemplo, lo que pasó en Colombia, donde los derechos civiles LGBT tuvieron un avance sin precedentes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien no se consideraba liberal en estos asuntos, pero dejó que las instituciones funcionaran, mientras que en el gobierno de Santos, quien sí apoyaba abiertamente el tema, incluso para tener ministras que eran pareja, reinó el statu quo.

Lo mismo pasa cuando tenemos una diputada que por ser mujer se espera automáticamente que defienda los derechos de género, pero muchas veces son las que menos hacen al respecto. La verdadera representatividad no se genera de manera automática por pertenecer a un grupo, una minoría o un sector en particular, sino por el trabajo que es lo que habla del parlamentario en última instancia.

Un congreso más reducido, permite exponer en espacios más amplios, estas diferencias que logran hacer que la ciudadanía entienda mejor los discursos disponibles y vote de manera más educada.

Puntos en contra, es difícil encontrar a una propuesta que no solo reduce la grasa estatal y eso es un ahorro para todos los chilenos, sino que también reduce el poder del estado en la vida de las personas, les asigna una cuota justa de trabajo a los parlamentarios y reduce la burocracia.

La única razón para no aprobar este proyecto, es la mezquindad, y ya sabemos que la izquierda tiene historia con esa palabra  y sobre todo ahora que el gobierno está en manos de su odiada “derecha”. Habrá que esperar si finalmente el amor a un Chile libre y republicano pesa más que el amor al poder y las regalías que proporciona trabajar en un poder del estado.

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