Varias fundaciones y caridades, entre ellas el Hogar de Cristo, María ayuda y ADRA Chile entre muchos otros, ya no contarán con recursos para minimizar la tragedia de los niños que deben ser institucionalizados por el Estado bajo la estructura del SENAME (Servicio Nacional del Menor).
La razón de esta verdadera tragedia que viven dichos niños, es la mezquindad política de la izquierda, nada más. Algunos querrán darle complejidad al tema y decir que había que estudiar mejor los presupuestos, proyectos, etc, pero todo se reduce a una estrategia de bloqueo diseñada para hacer la tarea del gobierno lo más difícil y tormentosa posible, muy al estilo de los ideales de la izquierda (hoy progres) comportándose como el novio psicópata que establece en su mente que si la chica es una propiedad y si no es de él no es de nadie así que prefiere matarla.
El gobierno anunció esta jornada que le brindará discusión inmediata al proyecto que aumenta los recursos que recibe el Sename. Esto luego de que la iniciativa fuera rechazada en la comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel dijo: “El gobierno ha tomado la decisión de darle discusión inmediata al proyecto conocido como ley corta del Sename, que es el proyecto que permite aumentar los recursos, para los niños y niñas que están en residencias del Sename”.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, en tanto, informó que lo argumentado por los diputados Leónidas Romero y René Saffirio para rechazar los recursos “son pretextos para justificar cuestiones de carácter más bien político que de fondo”.
Sostuvo, además, que “los organismos colaboradores se financian más de un 50% con recursos propios. Y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es asegurar una mejor calidad de servicio. Oponerse a eso es castigar no al gobierno, sino que a la niñez vulnerada y vulnerable”.
Dentro del drama que vive el SENAME, los centros dirigidos por el Estado son los que presentan mayores irregularidades que incluyen abuso físico y psicológico, mientras que los centros colaboradores dirigidos por privados, apenas necesitaban reestructurar algunas formas de administración de recursos o Gestión y en ciertos casos modificar ciertas distribuciones de espacio.
En algunos de los centros colaboradores no es necesario hacer modificación alguna porque funcionan de manera excelente resguardando a más de 6.000 menores. Esto significa que los recursos son necesarios, que el trabajo se está haciendo bien. Los problemas serios se encuentran en manos del Estado y es ahí donde corresponden sanciones, cierres y procesos de auditoría y judiciales pertinentes.
Los diputados que rechazaron el proyecto esgrimieron argumentos generalizadores, esos que ellos tanto odian, sobre todo cuando vemos vandalismo y destrozos en los colegios, son los parlamentarios de izquierda quienes corren a defender a los vándalos aduciendo que no son estudiantes, que están en su derecho y por supuesto que no se debe generalizar.
Con esto último estamos de acuerdo, no se debe generalizar, el hecho de que algunos estudiantes hayan decidido convertirse en violentistas no significa que todos los estudiantes lo sean. Sin embargo cuando se trata del SENAME, por el hecho de que se hayan encontrado serias irregularidades en los centros manejados por el Estado, incluidos los gobiernos izquierdistas de Bachelet 1 y 2, esto significaría que todos los centros presentan problemas.
Nada más lejos de la realidad. Los organismos colaboradores bajo buena fiscalización y motivados en su gran mayoría por el altruismo que vienen de la sociedad civil, ha creado entornos adecuados para contener a muchos menores en condiciones más que apropiadas para su desarrollo óptimo o tan integral como sea posible.
Estos centros comenzaron a punta de convencimiento de que los menores debían ser bien atendidos y juntaron los recursos necesarios para hacer tangible la ayuda. La asistencia económica del Estado hizo posible atender de buena manera a muchos más. Dicho esto y en honor a la verdad, es cierto que dentro de todo el universo de colaboradores, puede que haya habido más de uno que no cumplió con los estándares requeridos y propició abusos, pero lo correcto en esos casos es que la fiscalización estatal genere el informe y se ejecuten sanciones no colectivas sino particulares a la institución en cuestión.
Lo que hicieron los parlamentarios fue utilizar la excusa de que como en algunos (cifra ínfima entre el total) de los centros colaboradores no cumplían con los requisitos mínimos, entonces a todos los demás se les debía suspender la asistencia económica. Esto equivale a decir que porque en el salón hay alumnos que no quieren aprender, que abusan de sus compañeros, son groseros con el personal docente y destruyen el mobiliario entonces todo el curso, incluyendo los alumnos de excelencia no solo serán reprobados en todas las asignaturas sino que serán expulsados del establecimiento.
Este absurdo no tiene otra explicación sino política. Reconozcamos que a la izquierda siempre le molestó y le sigue irritando aquello que no viene del Estado sino de la sociedad civil, porque no lo puede controlar a gusto y porque demuestra una y otra vez que funciona mejor que lo Estatal salvo excepciones.
Perdieron el poder y eso fue más amargo de lo que imaginaron pues tuvieron que desprenderse de los puestos públicos a costa de los cuales vivían y ya son típicamente personajes que no sobrevivirían profesionalmente en el mundo privado, dependen del Estado para subsistir.
La venganza infantil que idearon y que implementan como un ejército unido y decidido a retomar el poder que consideran suyo de forma vitalicia es imponer un saboteo total a todo lo que venga del gobierno que consideran de derecha sin importar lo que le cueste al país.
Lo único bueno de esto es que la izquierda unida (Frente Amplio y comunistas, socialistas y otros izquierdistas) se quita la careta de defensores sociales y demostraron que para ellos lo único que va primero en la fila es el poder y los niños, ni si quiera están en la fila.