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Este martes 11 de octubre el Consejo de Estado colombiano tumbó la sanción disciplinaria que pesaba sobre la exsenadora del partido Liberal Piedad Córdoba Ruíz emitida por el exprocurador Alejandro Ordóñez el 27 de septiembre de 2010.
La sanción que se le había impuesto a la entonces senadora consistía en inhabilitarla por 14 años para ejercer cualquier oficio gubernamental por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña política del representante a la cámara Ricardo Montenegro.
El Consejo de Estado inhabilitó la sanción impuesta a Córdoba porque, según esta corte, la procuraduría general no tuvo en cuenta el material probatorio presentado por la defensa de la exsenadora.
El fallo emitido en mayo de 2012 por la procuraduría general indicaba que Córdoba cometió una falta disciplinaria grave, puesto que ella sabía que en Colombia existen normas para financiar campañas políticas que limitan la cantidad de dinero aportado y ella, pese a eso, la financió a Montenegro con COP$25 millones (US$8.500).
Otras acusaciones contra Piedad Córdoba
En 2010 Alejandro Ordóñez, exprocurador general, argumentó que la entonces senadora tenía vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), esto a partir de conocer la información almacenada en el computador del guerrillero abatido en la frontera con Ecuador, alias «Raúl Reyes», y de varias interceptaciones telefónicas realizadas a este guerrillero.
En las interceptaciones telefónicas y en los correos encontrados de «Raúl Reyes» se nombraba confusa y constantemente a «Teodora Bolivar» y a Piedad Córdoba.
Según informes presentados por la Interpol, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijin, los correos eran verdaderos, pese a la interrupción en la cadena de custodia del computador.
Estos hechos fueron negados por la exsenadora, quien afirmó que dichos correos eran una maniobra de la derecha para sacarla de la contienda electoral a la que ella tenía intención de participar como candidata presidencial.
Las interceptaciones telefónicas, los correos electrónicos, las mediaciones entre el Gobierno de Uribe y las FARC para liberar a los secuestrados y su cercanía al fallecido presidente Hugo Chávez fueron el combustible para vincularla con la guerrilla de las FARC.
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Sin embargo, el pasado martes 9 de agosto la Sala Plena del Consejo de Estado inhabilitó la sanción disciplinaria de 18 años emitida por la procuraduría general en contra de Córdoba por supuestos nexos con la guerrilla de las FARC.
Con las dos inhabilidades que el Consejo de Estado tumbó este año, Piedad Córdoba tiene la posibilidad de ocupar cualquier cargo público, bien sea por elección popular o por libre nombramiento.
Fuente: El Espectador, El País.
