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Tras un proceso de tres años liderado por el Consejo de Estado, organismo judicial encargado de temas administrativos, fue declarada nula la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, por lo que a partir de ayer 7 de septiembre, no está más en su cargo y a pesar de que no comparte la decisión, dijo que la respeta.
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La reelección de Ordoñez había sido objeto de estudio por parte del Consejo de Estado gracias a una demanda en la que se señalaban dos argumentos para decir que este hecho había sido irregular. El primero de ellos es que quienes lo eligieron como candidato, tres magistrados de la Corte Suprema, se habían declarado impedidos para realizar esta elección porque tenían parientes trabajando en Procuraduría, sin embargo, esta solicitud les fue negada.
El segundo argumento decía que la votación para elegir al Procurador no se debía llevar a cabo en el Congreso el día que se hizo, ya que una de las candidatas renunció y era la única mujer y en Colombia existe la ley de cuotas que obliga a que haya diversidad de género en los candidatos de las diferentes elecciones.
La votación final fue de 14 votos a favor y 5 en contra de la reelección, motivo por el cual Alejandro Ordóñez no es más el procurador General de la Nación. La decisión se tomó después de tres años en los cuales se fue dilatando la votación debido a que la defensa presentó solicitudes de nulidad y otras figuras jurídicas que llevaron a que el caso tomara más tiempo de lo necesario. Incluso, el presidente Juan Manuel Santos hace algunas semanas pidió más celeridad en ese proceso.
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La respuesta de Alejandro Ordóñez
Después de haber sido declarada nula su reelección, Ordóñez pronunció un discurso en la Procuraduría en el cual dijo respetar la decisión, sin embargo afirmó que no la compartía. Además anunció que no interpondrá ningún recurso de apelación ante la decisión tomada por el Consejo de Estado.
Lo más llamativo del discurso de Ordóñez es que acusó a las FARC de estar detrás de su salida. Según él, su continuidad en el cargo había sido negociada en La Habana y ahora el Consejo de Estado estaba cumpliendo con otra exigencia de la guerrilla para dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.
Fuente: El Tiempo, Revista Semana
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