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La información veraz y oportuna sobre las variables económicas es de vital importancia para que los inversionistas, analistas, y ciudadanía en general puedan tomar decisiones informadas sobre su desempeño y bienestar. En el mundo globalizado en que vivimos esa información se difunde casi de manera instantánea, y aquellos países que facilitan acceso a la misma gozan de ventajas comparativas a la hora de competir por el favor de los inversionistas y ahorristas. No pasa así en Venezuela.
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Pareciera una perogrullada decir que lo último que debe hacer un gobierno es salirse de su paso para ocultar información relativa a su economía, pero eso es precisamente lo que hace el Ejecutivo Venezolano, quien parece empeñado en lograr la opacidad total como una política deliberada de Estado. Política que se inició hace ya más de siete años. Cuando en noviembre de 2010 se cerró la página web de la Oficina de Planificación del Sistemas Interconectado OPSIS que, como su nombre lo indica, reportaba diariamente toda la información de cargas, incidencias etc. de lo que una vez fue uno de los sistemas eléctricos más avanzados de América.
Pero quizás los pasos más determinantes hacia la opacidad total han sido los dados por el Banco Central de Venezuela. Desde su fundación el 8 de septiembre de 1939 hasta perder su independencia en contravención de lo estipulado en la Constitución de Venezuela y su Ley Orgánica, las estadísticas del BCV eran consideradas el patrón oro de la información financiera del país, y su departamento técnico un dechado de profesionalismo. A partir de 2013 eso cambió. En junio de ese año se dejaron de publicar las estadísticas de crecimiento económico, y a partir de 2015 a retrasar las de inflación mensual que religiosamente y por Ley, se publicaban en los primeros 5 días del mes subsiguiente
A regañadientes y retrasadas se publicó una cifra de 185% como inflación de 2015, cifra que a mayoría de los analistas incluyendo el FMI, consideraban “masajeadas” como en un 20%. De entonces a la fecha, silencio total, no ha vuelto a haber una sola cifra publicada por el BCV, si bien la Asamblea Nacional ha recogido el testigo y hace un esfuerzo por dar cifras mensuales desde enero de 2017. La única cifra que aún publicaba el BCV con regularidad, la liquidez monetaria semanal, sufrió un retraso de 4 semanas, y se pregunta uno si también esa pequeña ventana a la desbocada impresión de dinero sin respaldo también será cerrada.
Pero el caso más flagrante de distorsión es lo sucedido con la Unidad Tributaria, un valor que fue diseñado para corregirse en un monto similar a la inflación del año, evitando así distorsiones en la escala impositiva. En los 4 años 2013 hasta 2016, la Unidad Tributaria ha acumulado un 70% de aumento mientras que la inflación, si asumimos que la de 2016 fue de 500%, una cifra en el rango más bajo de los estimados, ha aumentado un 3,645%. ¿Qué valor o sentido puede tener una U.T. cuyo ajuste en 4 años es 52 veces menor que la inflación acumulada?
Lo que no entienden los jinetes de la opacidad es que las consignas y cifras sacadas del aire que no guardan relación con la realidad son un mal negocio para el país. Ante la ausencia de cifras los agentes económicos presumen lo peor, de ahí los altos niveles de riesgo país que hacen imposible que ni particulares no gobierno puedan optar por financiamiento de dinero fresco.
Por otra parte, la economía es terca y la gente busca cualquier migaja de información para entender lo que pasa. No es solo Dolartoday, la revista Economist tiene el Dólar BigMac, recientemente Bloomberg ha lanzado un “índice café con leche”, un compendio de precios tomados de expendios en el Área Metropolitana, y el CENDAS que dirige Oscar Mesa lleva 20 años dando cifras mensuales de canasta alimentaria que para efectos prácticos ha sustituido las desaparecidas cifras del BCV.
Pero mientras El Ejecutivo no revierta su política de opacidad deliberada, difícilmente habrá inversión significativa en la economía venezolana.
