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Argentina: Piden arresto de empresarios que estarían vinculados a los “fondos buitre”

Por: Belén Marty - @belenmarty - Ago 26, 2014, 3:04 pm
Los trabajadores retomaron las actividades en la imprenta, ya que se niegan a perder sus puestos de trabajo.
Los trabajadores retomaron las actividades en la imprenta, ya que se niegan a perder sus puestos de trabajo. (@LosAndesDiario)

EnglishEl juez federal argentino Daniel Rafecas podría ordenar detener y meter en prisión a los directivos de la filial argentina de la imprenta multinacional Donnelley, acusados de “alteración del orden económico y financiero”, tras un pedido de quiebra solicitado por la empresa el pasado 9 de agosto.

El 14 de agosto la presidente Cristina Kirchner informó en televisión nacional sobre la existencia de un vínculo entre los fondos de inversión estadounidenses accionistas de la imprenta y los “fondos buitre“, como se llama a los fondos de inversión que no aceptaron la reestructuración de la deuda argentina en 2005. Kirchner manifestó que la quiebra de Donnelley era una maniobra para poner al país “de rodillas”.

Ricardo Echegaray, titular de la Administración Feneral de Ingresos Públicos (AFIP), expresó ayer en rueda de prensa que el pedido de quiebra de la empresa gráfica era “fraudulento”, ya que no existe “ninguna razón económica financiera” que la justifique. Por esto, manifestó el funcionario, la AFIP presentó el 14 de agosto la denuncia correspondiente ante la Justicia comercial.

Donnelley tiene sus puertas cerradas desde el 11 de agosto y se encuentra actualmente ocupada por los 400 empleados que solían trabajar allí.

“Hemos solicitado a la justicia federal la detención de los directivos por hacer trampa”, expresó el funcionario argentino quien también aseguró no saber el paradero de los directivos de la empresa.

La AFIP basa sus denuncias en documentos que aseguran que la empresa no estaba en quiebra, puesto que tenía un patrimonio neto positivo que ascendía a AR$38,5 millones (incluidos activos por AR$183,8 millones —US$14 millones— y pasivos por AR$145,2 millones —US$11 millones).

Además, afirmó Echegaray, la gráfica tenía una reserva de AR$20 millones (US$1,53 millones) para el pago de dividendos y sus índices de solvencia eran positivos.

Más aún, Echegaray indicó que inclusive el organismo fiscal le está abonando a la empresa US$1,1 millones a cuenta de reintegros pendientes.

El titular del ente estatal confía que la Justicia levante la quiebra para que luego el síndico que asigne el juez ponga en marcha a la empresa nuevamente.

Echegaray calificó como sospechosa la rapidez con que el magistrado Gerardo Santicchia aprobó el pedido de quiebra. Sobre el tema, precisó: “En la misma jornada declara la quiebra. Analizamos todo 2014 y sobre las 1.189 quiebras solicitadas ninguna se otorgó en el mismo día”, advirtió.

Con respecto a la vinculación de los fondos de inversión de Donnelley (BlackRock, Capital World Investors y The Vanguard Group) con los denominados fondos buitre, el funcionario se abstuvo de opinar sobre si la acción impulsada por la imprenta fue parte de un manejo estratégico para afectar a la Argentina.

“Esos fondos están. No puedo decir nada más. Después cada uno hará su balance”, indicó el funcionario.

A pesar de esto, Echegaray aseguró que no van a estatizar la gráfica, ya que ésta no es un proveedor esencial del Estado.

“Está descartado que el Estado se haga cargo de la empresa, ni tampoco que se genere un esquema de fábrica recuperada”, remarcó.

El recaudador fiscal ratificó que ya envió todos los documentos del caso a la Comisión de Valores de Argentina (encargada de regular los mercados). Esta comisión presentará los escritos frente a la Comisión de Valores de Estados Unidos (donde se encuentra la casa matriz de la imprenta) para le apliquen “una de las máximas sanciones”.

La palabra de los trabajadores

Los trabajadores apoyaron el pedido de la AFIP para pedir la detención de los titulares de la imprenta y expresaron en un comunicado que “la quiebra es fraudulenta, como denuncia el Estado. Exigimos que se revoque, y el pago de nuestros salarios”.

Los trabajadores, a pensar del cierre de la empresa, se encuentran desde el 12 de agosto produciendo material.

“Somos más de 400 familias las que esta empresa quiso dejar en la calle, pero los trabajadores la pusimos a producir y a gestionarla por nuestra propia cuenta, porque de ninguna manera vamos a admitir que estos buitres norteamericanos nos dejen sin trabajo”, expresó Rene Córdoba, miembro de la comisión interna, a la agencia Télam.

Una jugada que puede salir cara

El abogado argentino Ezequiel Caffarini explicó a PanAm Post que hay dos maneras en las cuales una empresa puede desvincularse y cerrar sus puertas en la Argentina.

“Para cerrar una empresa deberías o ir a la quiebra o echar a todos los empleados, indemnizarlos y luego pedir la disolución de la sociedad en la IGJ (Inspección General del justicia). Lo que sucede es que esta última opción es muy costosa”.

Sobre esto mismo añadió: “Hay casos de empresas medianas radicadas en este país que deciden vaciarla para estar preparados por si les llega a ir mal. Es decir, venden los inmuebles a amigos, o familiares”.

Finalmente concluyó que el problema con las quiebras es que suelen pasar entre cinco y seis años como mínimo para que la empresa en quiebra pueda dividir el saldo restante entre todos los acreedores.

En Argentina la quiebra fraudulenta está penalizada con prisión de dos a seis años según el artículo 176 del Código Penal.

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.