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Vicepresidente argentino enfrentará a la Justicia por corrupción
EnglishAl caso de la presidente de Argentina Cristina Kirchner, imputada por encubrimiento en la causa AMIA, se le suma el procesamiento del vicepresidente argentino Amado Boudou por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en la causa de la imprenta “Ciccone”, anunciado este jueves.
La Cámara Federal confirmó las acusaciones de la Fiscalía en contra del vicepresidente, y con su proceder deja en manos del juez Ariel Lijo la celebración de un juicio oral, el cual podría darse este año.
Los camaristas aceptaron también los procesamientos de otras cinco personas, entre ellas el socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; un supuesto testaferro del vicepresidente, Alejandro Vandenbroele; y el dueño de la empresa envuelta en el caso, Nicolás Ciccone.
Boudou, actualmente en funciones, habría estado involucrado en la compra de la imprenta Ciccone mientras ejercía como ministro de Economía y era candidato para su cargo actual.
El vicepresidente había apelado el proceso judicial actual ante la Cámara Federal, pero los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron el procesamiento del funcionario Ejecutivo en la causa precedida por el juez Ariel Lijo.
Lo que el juez Lijo presume es que Boudou habría intercedido a través de su poder político para que la empresa The Old Fund perteneciente a un conocido de Boudou y de su socio José María Nuñez Carmona comprase la imprenta Ciccone, en quiebra.
Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, entonces dueños de la imprenta, se habrían juntado el 29 de julio y el 1 de septiembre de 2010 con Boudou y con Carmona para pactar el salvataje de la quiebra a través de la mencionada empresa, que en ese momento tenía un solo empleado.
Con dicha promesa, el nuevo dueño de la imprenta le cedería al vicepresidente y a su socio el 70% de la imprenta. Boudou habría entonces intercedido ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para conseguir un beneficioso e inusual plan de pagos.
De esta manera, el 6 de abril de 2012 la imprenta Ciccone consigue imprimir AR$410 millones (más de US$32 millones) a través de un contrato con la Casa de la Moneda.
Prevén que Boudou seguirá en el cargo
A pesar de los alegatos, según dicta la ley 25.320 del año 2000, el vicepresidente en funciones tiene fueros (privilegios) que le garantizan el ejercicio de su función pública más allá de lo que sancione un juez. La única forma en la que dejaría ser vicepresidente sería a través de un juicio político llevado a cabo por el Congreso, en el cual el oficialismo tiene mayoría.
Por esto, el fiscal de la causa Ciccone, Jorge Di Lello expresó a la radio Vorterix el viernes 20 que creen que el juicio se celebrará después de las elecciones de su cargo, el 25 de octubre de este año.
“Si es el vicepresidente y cometió delito, lo más sano es que no sea más vicepresidente. Si es el vicepresidente y no cometió delito, ayudaría a terminar con el manoseo”, añadió.
Di Lello manifestó asimismo que la Casa de Moneda, que tiene el monopolio de imprimir billetes, está en el ojo de la Justicia porque habría dejado de comprar una máquina para imprimir billetes y eso habría dado lugar a que el Estado contratara a Ciccone.
La defensa oficialista
En rutinaria conferencia de prensa matinal, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicó que la ratificación del procesamiento del vicepresidente correspondía con una nueva “embestida mediática y judicial” contra los funcionarios del poder Ejecutivo.
“La Justicia no es independiente de las corporaciones. Existe un pacto de impunidad entre las corporaciones mediáticas y judiciales que da protección a fiscales y jueces, a cambio de que las causas no avancen y se estanquen”, fustigó Capitanich.
La corrupción en Argentina
En el índice publicado en diciembre de 2014 de percepción de actos de corrupción de la organización Transparencia Internacional Argentina salió en el grupo de los peores ranqueados a nivel mundial.
El país gobernado por Kirchner ocupa el puesto 107 sobre un total de 175 países enlistados, y el puesto 21 entre los 32 países de América evaluados por la organización. Además, Argentina cayó un lugar en el mismo índice con respecto al 2013.
“Esta caída en el índice refleja la total ausencia de esfuerzos en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción. Los organismos de control fueron reducidos a su mínima expresión durante los últimos años, convirtiéndolos en actores intrascendentes”, dijo al diario La Nación Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.
El director regional para las Américas de Transparencia Internacional, Alejandro Salas, comparó a Argentina con Brasil: “A diferencia de Brasil, donde hubo cambios de fondo importantes, en Argentina hace mucho que no veo algo positivo en materia de cambios para mejorar estructuralmente la corrupción”, comentó. “En Brasil hay avances y escándalos. En la Argentina, sólo escándalos”.
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