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EnglishLos jóvenes venezolanos Lorent Saleh (26 años) y Gerardo Carrero (26 años), detenidos en la prisión conocida como «La Tumba”, en Caracas, serán protegidos por medidas cautelares que dictó este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un comunicado, el organismo interamericano destacó la necesidad de preservar «sus derechos a la vida, salud e integridad personal».
La abogada Tamara Suju, de la ONG Foro Penal Venezolano —que defiende los derechos humanos en el país suramericano—, había pedido a la CIDH el 8 de julio de 2013 que tomara las medidas pertinentes para proteger la integridad física y psíquica de Saleh, primero, y luego la de su compañero Carrero.
La CIDH expresó a través de la resolución 6/2015 que Saleh y Carrero «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia», y establece que el Gobierno venezolano debe pronunciarse al respecto dentro de los 15 días de comunicadas las medidas cautelares.
“La Comisión solicita a Venezuela que: a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Lorent Saleh y Gerardo Carrero. En particular, proporcionar la atención médica adecuada, de acuerdo a las condiciones de sus patologías; b) asegure que las condiciones de detención de Lorent Saleh y Gerardo Carrero se adecuen a estándares internacionales, tomando en consideración su estado de salud actual; y c) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes”, cita el comunicado.
Saleh, imputado en 2010, es un opositor al régimen de Nicolás Maduro y fue acusado por el Gobierno de mantener una conexión con el expresidente de Colombia, Alvaro Uribe. Está imputado por la presunta comisión de los delitos de intimidación e instigación al desorden público, y divulgación de información falsa.
El 19 de febrero de 2014, en el marco de las protestas ocurridas entre febrero y julio de 2014, y que dejaron al menos 40 muertos y cientos de heridos, Saleh se fue a Colombia con una visa de actividades académicas no formales. Tras el vencimiento del permiso de estancia, y su supuesta incursión en actividades proselitistas, el 4 de septiembre Colombia lo deporta a Venezuela, junto con su compañero, Gabriel Valles, y lo entrega al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Ese mismo mes se le acusó en su país de conspiración, por instigar a las protestas de ese año.
En Colombia, detractores del Gobierno actual señalaron como negativa la decisión. Álvaro Uribe incluso responsabilizó al gobierno de lo que le sucediera a Saleh en manos del gobierno chavista. Pero Néstor Humberto Martínez, ministro de Presidencia de Colombia, aseguró en septiembre que Saleh y Valles, no eran “unos angelitos”.
“Hay quienes los visten con túnicas blancas y no con uniformes camuflados, tienen alitas pero aparecen con fusiles”, precisó Martínez, en declaraciones en la ciudad de Baranquilla. Además, expresó: “es evidente que estos venezolanos no estaban en actividades pacifistas sino contrarias a las leyes de inmigración”.
El otro estudiante para quien la CIDH pide protección, Gerardo Carrero, permanece desde agosto en la prisión subterránea de «La Tumba» por protestar a favor de la liberación de los entonces estudiantes detenidos. Lo detuvieron, junto a otros 242 venezolanos el 8 de mayo de 2014, mientras se encontraba en un campamento de protesta frente a la sede de la Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas.
Por haber comenzado una huelga de hambre lo esposaron a una reja por 12 horas y, con las muñecas protegidas por papel periódico para evitar las marcas, le pegaron con una tabla. Después de eso, fue llevado a «La Tumba», en donde, según ha trascendido, la tortura es la regla.
Tras otra huelga de hambre de 15 días, en la cual perdió entre 10 y 12 kilos de peso, el pasado 22 de febrero Carrero fue trasladado a otros calabozos del Sebin, donde se le prometió un mejor trato a cambio de que suspendiera el método de protesta.
Las medicas cautelares son de «obligación constitucional»
Inti Amaru Rodríguez, coodinador de Investigación de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) comentó a PanAm Post que le parece relevante el pronunciamiento de la CIDH. “Refleja el nivel de preocupación de los organismos internacionales en la protección de derechos humanos sobre el deterioro de estos derechos en el país”.
Además indicó que el comunicado muestra “algo que nosotros venimos denunciando: que el Gobierno esta actuando de espaldas a los estándares de protección de las personas privadas de libertad. Estas dos personas han estado detenidas en recintos policiales no adecuados y han sido incomunicadas de sus abogados y familiares”.
Comentó asimismo que “lamentablemente” hasta ahora la práctica gubernamental ha sido desoír y desconocer las recomendaciones de organismos internacionales. “Pero el Gobierno está obligado constitucionalmente por los tratados a los cuales ha suscrito a cumplir con esas recomendaciones”.
Rodriguez indicó que “la lista general de detenidos por los cinco meses de protesta en 2014 fue de 3.500 personas” y que “la inmensa mayoría (más de 2.000) está sujeta a procesos penales”.
«La Tumba», una pesadilla de prisión
«La Tumba» es un grupo de siete celdas incomunicadas, ubicadas cinco pisos bajo tierra. La luz natural no llega, ni existe ventilación natural. El único sonido es de los trenes del Metro, que pasan de manera continua al lado de las instalaciones, ubicadas en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en el centro de la capital venezolana.
Las angostas celdas, de 2×3 metros, tienen pared y piso de color blanco con rejas grises. Los detenidos no salen al exterior en ningún momento del día y son monitoreados por cámaras y micrófonos. Tampoco tienen noción del tiempo, porque no hay relojes.
Los familiares denuncian que los estudiantes han sufrido de diarrea, fiebre, vómitos y deshidratación, así como de déficit de vitamina D por no recibir luz natural.
Editado por Elisa Vásquez.
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