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Hace unos meses, en septiembre de 2018 , en mi artículo “Un experimento fracasado”, informé a los lectores que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, había decidido no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -la llamada CICIG- que fuera creada a fines de 2016 por medio de un acuerdo entre ese país y la ONU. Para completar la acción, el gobierno también resolvió impedir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, el abogado colombiano cercano a las FARC, que estaba al frente de la CICIG y que ya había sido declarado como “persona no grata” por el presidente hacía más de un año.
Los motivos eran claros: la Comisión había politizado la justicia, persiguiendo a unos y dejando a otros en la impunidad, enfocando su acción contra ciertas figuras políticas y empresariales con acusaciones que tenían poco fundamento, mientras pasaba por alto los posibles delitos de otros dirigentes políticos. Pero hay más: la CICIG había presionado para que cientos de estas personas permanezcan en las cárceles sin otorgarles beneficio alguno; han utilizado testigos comprados y han construido casos penales muy débiles y poco justificados, como el que se sigue contra el exministro Carlos Vielmann, ya declarado inocente por la justicia española que lo juzgó por las mismas acciones. Además, el comisionado Velásquez ha intervenido directamente en la política local, presionando al Congreso para que se adopten cambios en la propia Constitución de la república. Su última acción, que despertó justificada preocupación en buena parte de la ciudadanía, fue firmar un convenio con el organismo que tutela el proceso electoral en el país, para tratar de ese modo de influir en las elecciones generales de junio próximo.
Por todo esto, y por varios otros motivos que el presidente expuso detalladamente hace pocos días, el ejecutivo tomó la decisión de interrumpir de inmediato la labor de dicha comisión internacional, sin esperar a septiembre, cuando vencía el convenio firmado. La decisión, a mi juicio muy bien fundamentada, se basa en que las Naciones Unidas, a través de su Secretario General Antonio Guterres, no ha respondido a los reclamos que Guatemala ha presentado formalmente en los últimos 16 meses, pidiendo el relevo del comisionado Velásquez y que cambie la orientación y el estilo de trabajo de la CICIG.
La decisión ha suscitado una amplia polémica en Guatemala, así como una verdadera batalla jurídica entre la Corte de Constitucionalidad –que la rechaza-, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, mientras la prensa y la opinión pública se agitan con opiniones encontradas. Eso es natural, y hasta cierto punto normal en un país democrático; aunque llama la atención la forma exagerada en que la Fiscalía ha procedido, de hecho, contra las acciones del presidente, violando todas las normas de seguridad en el aeropuerto internacional de La Aurora.
Pero más allá de este debate, todavía en curso, escribo este artículo para señalar la verdadera prepotencia con que el Secretario General de la ONU, Guterres, ha respondido a la situación. No ha escuchado los reclamos de Guatemala durante más de un año, ha insistido en que el comisionado Velásquez siga al frente de la CICIG, ha desconocido todas las acciones del gobierno guatemalteco e insiste ahora que la Comisión debe seguir funcionando. La CICIG, que por supuesto no es un estado soberano sino una simple comisión, no responde ni es supervisada por nadie, no entrega cuentas y, en fin, el propio Guterres ha llegado a afirmar que no es “un órgano de las Naciones Unidas”. Él, y las Naciones Unidas a las que representa, han actuado como si Guatemala no fuese un estado soberano, desconociendo a sus instituciones y sus decisiones.
Las Naciones Unidas no son un superpoder o un estado soberano, son simplemente una organización que reúne a estados soberanos. Puede actuar, cuando estos así lo desean, y debe intervenir en casos de conflictos armados para tratar de garantizar la paz. Pero parece que tiene una agenda propia y que está dispuesta a imponer esa agenda a los estados más pequeños, ya que resulta imposible que Guterres actuase así contra países más grandes o poderosos.
Creo que es hora de repensar sobre las funciones que tienen y las acciones que llevan adelante las Naciones Unidas y sus agencias. Ya el gobierno de Brasil ha manifestado su oposición a la agenda que esa organización promueve y existe mucho malestar contra ella en los Estados Unidos, Israel y otros países. Si la ONU mantiene su ideología actual y su modo prepotente de actuar se enfrentará pronto al riesgo de que algunos miembros comiencen a abandonar la organización, porque resultarán intolerables sus intromisiones en la vida política y social de estados que de ningún modo han renunciado a su soberanía.
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