Virales

Newsletter

Ola migratoria venezolana vista desde Cúcuta: 7 puntos cruciales

Por: Daniel Raisbeck - @DanielRaisbeck - Ago 21, 2017, 11:50 am
Imagen 1
Refugiados venezolanos duermen en las calles de la ciudad fronteriza de Cúcuta y reciben donaciones de comida de la sociedad civil. (Foto por Gonzalo Martín)

1. El socialismo-chavismo es el equivalente de un desastre natural

Alguien que se no se hubiera enterado de la debacle económica que causó el socialismo-chavismo en Venezuela y que viera las conglomeraciones de refugiados venezolanos en plazas, parques y rotondas de Cúcuta pensaría que los venezolanos huyen de un país devastado por un terremoto, un huracán o algún otro desastre natural de gran escala.

Especialmente en el centro de la rotonda al frente del terminal de transporte, decorada con letras plásticas de tamaño ciclópeo que forman el lema “Yo ♡ Cúcuta”, el ambiente es el de un pequeño campo de refugiados informal que me trajo a la mente imágenes de Haití o Ecuador post-terremoto: la mayoría de personas duerme bajo la intemperie sobre cobijas en el piso, algunos mejor preparados descansan sobre sillas portátiles y un pequeño grupo goza del privilegio que brinda una carpa de acampar.

Imagen 3
Foto por Gonzalo Martín.

Cinco mujeres agrupadas en el suelo me dicen que, poco antes, un cucuteño les dio acceso a una ducha, por lo cual se sienten refrescadas, y que piensan ganar dinero al día siguiente en un mercado lavando cebollas. Es su cuarta noche en la rotonda y no tienen un plan concreto para su futuro; claramente están aliviadas —y hasta felices,— de haber salido de Venezuela. Dicen también que se sienten más seguras durmiendo en la rotonda que en algún otro sector de Cúcuta (quienes ocupan la Plaza Santander o una carpa junto al puente fronterizo me dicen exactamente lo mismo acerca del lugar donde duermen).

A su lado hay un grupo de cuatro artesanos recién llegados de Venezuela; uno de ellos explica que decidieron abandonar su país después de que la Guardia Nacional Bolivariana les robara su mercancía. Al igual que sus vecinas, no tienen planes definidos acerca de su porvenir en Colombia o en otro país. Su desesperación a raíz de la cleptocracia instalada en Venezuela es palpable, y sin duda es el ímpetu que los llevó de Barquisimeto a pocos metros de la terminal de transporte de Cúcuta, donde su odisea en Colombia hasta ahora comienza.

2. La sociedad civil se ha movilizado para apoyar a los venezolanos refugiados en Cúcuta

Un joven de camiseta roja atraviesa la rotonda cargando un computador portátil. Nos explica que es venezolano y que lidera una ONG cuyo propósito es ayudar a sus compatriotas que llegan a Cúcuta a encontrar comida y, si es posible, albergue en la ciudad. Usa su computador para registrar los datos de los refugiados en la rotonda como parte de un censo; posiblemente su información es más precisa que la de las autoridades colombianas.

Cuando de repente se aproxima una camioneta con comida para los refugiados —tales donaciones han sido frecuentes en las calles de Cúcuta durante las últimas semanas,— el joven de la ONG es quien organiza la entrega entre los venezolanos. Su intervención es necesaria porque la ausencia de una autoridad puede desatar desorden y hasta violencia; la aparición repentina de comida suele causar un tumulto entre la población hambrienta de las plazas cucuteñas. Según varios relatos, una riña reciente entre refugiados que se peleaban por comida donada en la Plaza Santander dejó varios heridos y una puñalada mortal.

Mientras individuos, familias y organizaciones de la sociedad civil de Cúcuta intentan ayudar a alimentar a los venezolanos necesitados, las autoridades municipales y departamentales han decidido tomar medidas porque, irónicamente, tales actos altruistas están desencadenando actos de violencia.

3. Crimen sin castigo

De hecho, el miércoles 18 de agosto la alcaldía de Cúcuta anunció que centralizaría las donaciones y que prohibía la entrega directa de comida a refugiados en las calles, tal como la que presencié la noche anterior en la Plaza Santander. En esa ocasión no hubo violencia, pero sí una pequeña estampida de refugiados hacia el vehículo de una familia colombo-venezolana y dueña de un restaurante que traía los restos de sus productos del día a la plaza como donación.

La prohibición de la alcaldía afectará, entre otros, a los jóvenes venezolanos, muchos de ellos profesionales y estudiantes, que llegan a la Plaza Santander en las noches para esperar donaciones de comida y ahorrar dinero de esa manera. Una agrónoma de 23 años me explica que ella, su esposo y los demás miembros de su grupo, compuesto por unos siete jóvenes, prefieren retirarse de la plaza antes de las 10:30/11:00 p. m., cuando perciben que incrementa el riesgo de riñas y violencia entre los mismos venezolanos.

Pero los riesgos de seguridad que ha traído la reciente ola de inmigración venezolana a Colombia no se limitan a los incidentes que surgen donde se concentran los refugiados.

Durante una mañana soleada los problemas migratorios parecen lejanos al entrar al edificio de la gobernación de Norte de Santander, donde hileras de columnas dóricas forman un patio que, a la vez, dominan majestuosamente dos hileras de palmas.

Imagen 6
Foto por Gonzalo Martín.

Cuando hablo con Juan Carlos Cortés, Secretario de Fronteras de la gobernación, bajo un gran mapa del departamento y una versión local de Le déjeuner des canotiers de Renoir me asegura que cerca del 30 % de los crímenes reportados en Cúcuta están siendo cometidos por venezolanos.

Imagen 2
Foto por Gonzalo Martín.

Aunque las autoridades colombianas capturan con frecuencia a criminales venezolanos, deben entregarlos a las autoridades migratorias, las cuales se ocupan de expulsarlos de Colombia y dejarlos del otro lado de la frontera. Sin embargo, una vez en Venezuela un criminal puede cruzar la frontera de nuevo sin mayor dificultad y seguir delinquiendo en Colombia. Los crímenes sin castigo solo incrementan a raíz de una impunidad casi absoluta para los delincuentes comunes, pero transnacionales.

 

4. Los venezolanos sin pasaportes: una pesadilla burocrática

Numerosos venezolanos que están en el lado colombiano de la frontera hace semanas, ya sea quienes duermen en la cercanía del Puente Internacional Simón Bolívar o en la Plaza Santander de Cúcuta, me dijeron que su intención es atravesar Colombia para llegar a otro país (Perú es el destino más mencionado), pero que no pueden partir de inmediato porque no tienen un pasaporte válido y las autoridades venezolanas no se los emiten debidamente. Algunos de ellos dicen tener un empleo esperándolos en otra ciudad, como Lima, y disponer de los fondos necesarios para llegar a su destino. No obstante, los venezolanos con fondos y sin pasaporte están prácticamente atrapados en la zona fronteriza colombiana por causa de la ineptitud —o la mala fe,— del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela.

El destino de estas personas, quienes pueden resultar siendo inmigrantes ilegales, depende literalmente de un simple trámite que el gobierno “bolivariano” se rehúsa a expedir. Es una de las muchas formas en que el régimen comunista ejerce un control completo sobre los ciudadanos, en este caso incluso cuando han logrado escapar del país.

Aún sin pasaporte, los venezolanos tienen permiso para permanecer en el área metropolitana de Cúcuta si obtienen una “tarjeta de movilidad”. Sin embargo, no pueden avanzar legalmente hacia el interior o hacia la costa de Colombia ni viajar a otro país. Las autoridades del departamento de Norte de Santander están conscientes del problema, pero la solución se sale por completo de sus manos.

Según el Secretario de Fronteras, el Gobierno venezolano no ha mostrado interés en participar en un esfuerzo binacional que impulsó la gobernación de Norte de Santander y el gobierno colombiano con el fin de establecer mesas conjuntas de trabajo para al menos siete áreas específicas. Cortés percibe que el gobierno de Maduro ve la frontera desde Caracas sólo desde un punto de vista político y en términos de sus luchas internas.

Pese a los esfuerzos de las autoridades colombianas, es claro que un número significativo de venezolanos sin pasaporte está trasladándose a otras ciudades de Colombia sin tener pasaporte ni el Permiso Especial de Permanencia que emite el gobierno colombiano, el cual es válido por dos años y cuya obtención depende de haber ingresado legalmente al país (pero únicamente antes del pasado 28 de julio).

Cuando viajo de Cúcuta a Bucaramanga por tierra vía Pamplona, no hay ningún punto de control donde las autoridades revisen los documentos de los transeúntes. Simplemente avanzamos por la curva carretera, siguiendo el transcurso del Río Pamplonita sin obstáculo alguno a la vista salvo una que otra grieta sobre el concreto.

5. La ola migratoria se estrella con el desempleo de las ciudades colombianas

A Cúcuta están llegando también venezolanos con pasaporte en mano, pero sin los fondos necesarios para llegar a un destino como Lima o Bogotá. En muchos casos son jóvenes profesionales o técnicos; el esposo de la agrónoma que conocí en la Plaza Santander es ingeniero en informática y una de sus compañeras es admistradora de empresas. Ningún miembro del grupo es mayor de 25 años, y su intención compartida es llegar a Perú. Por el momento, aclaran, deben quedarse a trabajar en Cúcuta mientras consiguen el dinero suficiente para emprender su viaje.

El gran problema es que, como resalta el mismo gobierno departamental, Cúcuta es una ciudad de poca industria y cuyas tasas de desempleo (entre el 16 y 18 %) e informalidad (cerca del 75 %) están regularmente entre las más altas de Colombia. Como me dijo un taxista cucuteño: “en esta ciudad se vive del comercio con la frontera y del rebusque”. Cuando el colapso económico de Venezuela frena el comercio fronterizo, para muchos la única opción restante es ingeniárselas para sobrevivir, así sea de manera picaresca.

Por eso el grupo de al menos siete jóvenes profesionales que conocí en la Plaza Santander pasan sus días vendiendo dulces en las calles de Cúcuta. Reúnen sus ganancias en un fondo común que usan para comprar comida y pagar el alquiler (COP $400.000) de una pequeña casa de una habitación. Se consideran afortunados de haberla obtenido, pues los dueños suelen exigir documentos colombianos y fiadores, pero en este caso la arrendadora hizo una excepción porque siente simpatía hacia los venezolanos.

Pero los venezolanos en Colombia no siempre se encuentran con tales gestos de hospitalidad. Varios cuentan que sus posibilidades de conseguir un empleo en Cúcuta son mínimas por el hecho de ser venezolanos, mientras que a las autoridades del departamento les preocupa que la contratación informal de venezolanos por salarios muy inferiores al mínimo según la ley colombiana está causando animosidad y xenofobia entre un sector creciente de la comunidad local.

Los medios colombianos condenaron de manera unánime la elección de Donald Trump en Estados Unidos, especialmente por su posición de mano dura frente a la inmigración ilegal mexicana y latina, posición que le ganó el apoyo de estadounidenses frustrados por el efecto de la mano de obra extranjera sobre sus salarios. Mientras tanto, en Colombia están surgiendo frustraciones muy similares a raíz de la inmigración masiva y muchas veces ilegal al país, lo cual ocurre por primera vez en la historia nacional.

6. El gobierno colombiano desconoce las cifras reales de la inmigración masiva y no dimensiona su impacto a nivel local

Según las estadísticas oficiales que compartió conmigo Edgar Pallares, secretario de gobierno de Norte de Santander, el número de venezolanos que ingresó a Colombia entre el pasado 31 de julio y el 8 de agosto fue aproximadamente igual al que regresó desde Cúcuta al país vecino durante el mismo período.

Imagen 4
Foto por Gonzalo Martín.

El Secretario de Fronteras, sin embargo, aclara que, entre el 10 y el 15 de agosto, entre 3.000 y 4.000 personas cruzaron la frontera diariamente desde Venezuela para quedarse en Colombia, un incremento drástico y repentino. De mantenerse este ritmo de inmigración, Colombia estaría recibiendo aproximadamente 1.277.500 personas desde Venezuela en el próximo año solo a través de los puntos donde es posible cruzar la frontera legalmente en Norte de Santander. Dicha cifra hipotética, que por sí sola significaría un aumento poblacional cercano al 3 % en el país en 12 meses, no incluye un cálculo del significante número de personas que ingresan a Colombia legalmente en ciudades de otros departamentos como Maicao, Arauca o Puerto Carreño.

Y las cifras oficiales, obtenidas de la información que brindan los controles de frontera en los tres puntos autorizados de tránsito, tampoco toman en cuenta otro factor esencial: el gran flujo de personas que cruzan la frontera desde Venezuela a Colombia en puntos no autorizados.

Según el Secretario Cortés, el departamento ha identificado 52 rutas donde es posible cruzar la frontera entre Venezuela y Norte de Santander sin que las autoridades colombianas obtengan registro alguno del ingreso al país. La mayoría de dichas rutas son trochas, pero incluso es posible entrar a Colombia ilegalmente por debajo del Puente Internacional Simón Bolívar.

Ciertas personas entran a Colombia a través de los cruces ilegales por la mera incomodidad que para ellas significa recorrer largas distancias para llegar, por ejemplo, a San Antonio y desde ahí entrar legalmente a Cúcuta. Otros, sin embargo, pueden ser perseguidos del régimen chavista que buscan salir sin toparse con las autoridades fronterizas. Después de todo, Venezuela es el país del que huyó la misma fiscal Luisa Ortega en una lancha.

Pero muchas otras personas escogen las trochas porque tales senderos son ideales para el contrabando, ya sea de armas, ganado, gasolina, etc. Las trochas fronterizas también facilitan la trata de personas que dominan esclavistas contemporáneos, un fenómeno sin duda conectado al reciente auge de la prostitución venezolana en Colombia.

Aunque tal inmigración ilegal no se refleja en los registros de las autoridades colombianas, su impacto es inmenso y afecta gravemente la operación de los servicios básicos. Hasta ahora el sector más conmocionado es el de la salud, pues el gobierno colombiano decretó que ciertos hospitales públicos deben atender a cualquier venezolano que ingrese a una unidad de urgencias.

Según Cortés, el Hospital Universitario Erasmo Meoz que administra el departamento de Norte de Santander tenía una deuda de COP $3 mil millones en 2016, la cual se duplicó el mes pasado. Aunque el Gobierno nacional se comprometió a asumir la deuda original, aún no ha transferido los fondos según su información. La dificultad, explica el Secretario de Fronteras, es que los recursos del hospital supuestamente están destinados a los colombianos “en alto riesgo” y, pese a su precariedad, ahora deben utilizarse para atender a una población extranjera a la vez.

Este es solo un ejemplo de cómo las medidas humanitarias que anuncia el gobierno colombiano, posiblemente con vista a obtener réditos internacionales y mediáticos, están chocando con la realidad que enfrentan los gobiernos municipales y departamentales que, sobrecargados, deben implementar políticas determinadas en Bogotá que, según Cortés, son frecuentemente cortoplacistas y no ofrecen soluciones reales a problemas específicos.

Por ejemplo, el gobierno nacional permitió que los hijos de colombianos se puedan registrar en el país sin necesidad de apostillar sus documentos venezolanos —lo cual implica una hazaña kafkiana,— pero únicamente es posible en las Registradurías de Cúcuta, Villa del Rosario y Chapinero en Bogotá. Sin embargo, los padres colombianos de hijos venezolanos que se encuentran, por ejemplo, en los municipios del Catatumbo deben viajar unas ocho horas para llegar a la capital del departamento. Como suele ocurrir, una iniciativa del Gobierno diseñada para agilizar trámites resulta en trabas burocráticas difícilmente superables.

Por otro lado, aunque el Ministerio de Educación decidió que los niños venezolanos deben ser admitidos al sistema educativo como estudiantes extranjeros, los requisitos que determinó para su ingreso resultan inalcanzables para un buen número de sus padres. Aun así, Cortés asegura que ya hay 2.000 niños venezolanos inscritos en los colegios públicos de los diez municipios fronterizos de Norte de Santander, con el departamento asumiendo los costos.

En términos migratorios, otro factor crucial es el gran número de colombianos y colombo-venezolanos que, tras años de vivir en Venezuela, están regresando a Colombia para escapar del desgobierno chavista.

Para dar solo un ejemplo, el taxista que me llevó desde el aeropuerto de Cúcuta a la ciudad, quien no es menor de 50 años de edad, vivió en San Cristobal desde que tenía 14 años y regresó a Cúcuta en el 2016 a raíz del colapso de la economía venezolana. Declara que se siente a gusto en su ciudad natal pese a tener que acostumbrarse a pagar más por la gasolina, los servicios domésticos y, sorprendentemente, hasta los impuestos.

Cortés cita un estudio oficial del 2016 según el cual el 66 % de las personas que llegaron ese año al país de Venezuela son colombianos o de familias colombo-venezolanas. Viéndose obligadas a regresar a Colombia, tales personas entran al país con un pasaporte o una cédula colombiana. Oficialmente, su ingreso no es parte de la marea de inmigración extranjera que enfrenta el país.

Dependiendo del caso, sin embargo, los colombo-venezolanos pueden representar una carga adicional e imprevista para el Estado de bienestar colombiano que, con fines electorales, han expandido sucesivos gobiernos. Si la intención del actual presidente o de su sucesor es cubrir los costos imprevistos que causa la inmigración desde Venezuela por medio de aún más impuestos en Colombia, deben considerar que el sector productivo del país ya está muy cerca del punto de quiebre por causa de la opresión tributaria.

Una discusión seria acerca de cómo disminuir los inmensos gastos innecesarios del Estado colombiano nunca ha sido más urgente.

7. El factor Venezuela y la violencia en Colombia

Aproximadamente dos horas después de que visitamos el Puente Internacional Simón Bolívar, se desata una balacera en su inmediata cercanía. Según Noticias Caracol, se trata de “supuestos miembros” de la Guardia Nacional Bolivariana que “dispararon contra migrantes ilegales” que “intentaban entrar a Colombia por un camino no autorizado”. Pero según la versión del taxista que nos informa del tiroteo, los disparos los intercambiaron guerrilleros colombianos refugiados del lado venezolano de la frontera y paramilitares del lado colombiano.

Sea cual sea la verdad, al día siguiente sí hay un ataque guerrillero en el norte del departamento que deja un soldado muerto. El secretario de Gobierno Pallares debe posponer la entrevista agendada con el PanAm Post por varias horas mientras visita a los heridos por el ataque en un hospital.

Cuando nos reunimos, Pallares explica que en Norte de Santander siguen operando el ELN, reductos del EPL y “grupos armados organizados”, actores violentos que compiten “por el control de los accesos fronterizos” ilegales, su meta siendo dominar las rutas del contrabando y los fondos que obtienen de los negocios clandestinos. El ELN y sus rivales, aclara el secretario de Gobierno, también se disputan las zonas que las FARC han evacuado.

Imagen 5
Foto por Gonzalo Martín.

Como la crisis en Venezuela incrementa el tráfico ilegal de productos y la informalidad, los grupos armados “aprovechan también para intentar controlar esas entradas” ilegales, cobrar por el acceso a ellas y de esa manera “financiar sus aparatos criminales”. Según Pallares, la situación fronteriza incide en y acrecenta la violencia que afligía al departamento mucho antes del desplome de la economía venezolana.

Por causa de unas fronteras tan porosas como las del Imperio Romano en el Siglo V, Venezuela está demostrando ser una fuente adicional de inestabilidad en Colombia en la era del supuesto “posconflicto”. Y el gobierno nacional, el cual legitimó al destructivo régimen de Maduro durante años a raíz de su participación en las negociaciones de La Habana, no tiene el más mínimo control sobre el desenlace de los eventos que han dejado al país vecino en la ruina.

Gonzalo Martín colaboró en producir este reportaje.

Daniel Raisbeck Daniel Raisbeck

Daniel Raisbeck es el editor del PanAm Post. Fue candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá en el 2015. Síguelo en Twitter: @DanielRaisbeck.